AUSPICIANTES

Introducción

Este artículo traza, desde una perspectiva interseccional, los principales puntos de prioridad en torno a la necesidad de incorporar una perspectiva ambiental y de derechos humanos en las decisiones de las aseguradoras y del mercado financiero. Parte de reconocer la urgencia climática y ecológica y, por tanto, la obligación de abandonar progresivamente el paradigma de los combustibles fósiles.

Las distintas instituciones financieras, aseguradoras, agencias de crédito a la exportación y bancos ocupan un lugar clave en este proceso: se encuentran ante la disyuntiva de continuar financiando proyectos que agravan la crisis climática —que conlleva la asunción de crecientes costos reputacionales, regulatorios y financieros— o reorientar sus carteras hacia paradigmas más sostenibles y equitativos.

El punto central es claro: la integración de la dimensión ambiental y de derechos humanos no puede ser considerada un aspecto sectorial o periférico en las decisiones. Es necesario avanzar en pos de transversalizar este enfoque y permear el conjunto de políticas, regulaciones y decisiones económicas.

Este enfoque cobra particular relevancia en contextos donde las decisiones financieras globales habilitan proyectos extractivos de gran impacto, como los de combustibles fósiles en América Latina y Argentina, en particular los que articulan escalas locales, nacionales e internacionales de poder y gobernanza. La experiencia demuestra que, sin considerar a las personas y al ambiente, los proyectos de megainfraestructura fósil pueden generar daños irreversibles, perpetuar vulnerabilidades y ampliar los riesgos financieros y reputacionales de las instituciones involucradas.

Límites. La urgencia clímatica y ecologica

La urgencia climática y ecológica que enfrenta hoy la humanidad se manifiesta en una crisis socioecológica sin precedentes. Esto necesariamente exige repensar los actuales patrones de producción, consumo y desarollo.. El cambio climático —una de las manifestaciones más visibles de la crisis actual— es, sin duda, uno de los desafíos de nuestro tiempo. A ello se suman los problemas interrelacionados que enfrenta la humanidad actualmente: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, cuestiones que plantean retos de magnitud inédita (UNFCC, 2022).

La evidencia científica demuestra que los sistemas naturales que sostienen la vida humana están alcanzando sus límites planetarios y que la capacidad de la Tierra para absorber impactos antropogénicos no es infinita. La crisis planetaria es hoy incuestionable, podríamos mencionar una pila de evidencia científica que alertan y ponen sobre la mesa el alto grado de probabilidad de los efectos que anuncian. En 2024 tanto las emisiones globales como las temperaturas promedio alcanzaron niveles récord, lo cual confirma la urgencia de transformar el modelo económico y energético vigente (WMO, 2024).

En esta línea, el marco de los límites planetarios —modelo desarrollado por el Stockholm Resilience Centre (Rockström et al., 2009)— identifica nueve procesos biofísicos críticos (entre ellos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la alteración de los ciclos del nitrógeno y fósforo) que delimitan un “espacio operativo seguro” para la humanidad. Hoy, seis de esos nueve límites ya han sido sobrepasados, lo que pone en riesgo la estabilidad del sistema terrestre. Aquí nos interesa plantear que este marco no constituye únicamente una advertencia ecológica, sino también un llamado a repensar las bases del desarrollo y de la economía global, porque dependen de ecosistemas funcionales y resilientes para sostener la vida humana.

En este contexto, transicionar hacia una economía baja en emisiones es un imperativo. Pero ello exige, necesariamente, una transformación de los sistemas energéticos basados en combustibles fósiles hacia modelos de bajas emisiones de carbono. Aquí se abre una dimensión ética y política. Como sostiene la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “las transformaciones de los sistemas energéticos no pueden desvincularse de los desafíos ecológicos y sociales más amplios que las contextualizan y, por tanto, estos procesos necesitan incluir garantías en materia de derechos humanos e integrar objetivos ambientales, sociales, económicos y culturales” (FARN, 2024). Asimismo, reconocer los diversos contextos, experiencias y realidades de las comunidades que deben enfrentar los desafíos de la transición energética implica hablar de “transiciones” (plural). Esto permite contemplar no solo la pluralidad de realidades entre distintos territorios, sino también el abanico de caminos, enfoques y procesos que pueden ocurrir en ellos. En concreto, no existe un modelo único de “transición” hacia sistemas energéticos que sean sostenibles en términos ecológicos y equitativos en términos sociales; las alternativas al sistema deben construirse sobre los cimientos del diálogo social, la participación democrática y la justicia ambiental (FARN, 2024).

En este escenario los actores financieros juegan un papel estratégico: aseguradoras, agencias de crédito a la exportación y los múltiples actores que integran el sistema global. El sector financiero tiene un papel clave en este cambio. Las decisiones de inversión, aseguramiento y financiamiento pueden acelerar la transición o perpetuar modelos extractivos de alto impacto socioambiental. Incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se torna esencial para mitigar riesgos físicos y de transición, así como para alinear los flujos financieros con los objetivos del Acuerdo de París, en particular con el Ártículo 2.1.C y los estándares de derechos humanos. La agenda ambiental no es un lujo ni una cuestión accesoria: es una condición estructural de la justicia, la soberanía y la vida (Nápoli, Marchegiani, 2025).

Un artículo de Nature publicado por investigadores de Stanford y Berkeley sugirió que se espera que el calentamiento global sin mitigación reduzca los ingresos mundiales en, aproximadamente, un 23 % para 2100, en comparación con escenarios sin cambio climático (Burke, Hsiang, Miguel,  Además, es importante señalar el “costo de la inacción”. Desde una perspectiva económica, Nicholas Stern advirtió ya en 2006 que el costo de no actuar frente al cambio climático supera ampliamente las inversiones necesarias para mitigar sus efectos (Carrington, 2007). La evidencia acumulada desde entonces solo ha reforzado esta conclusión. La pata ambiental, por tanto, no es solo un imperativo ético sino también económico y de “supervivencia” colectiva.

Para el sistema financiero, este enfoque puede ofrecer una guía clara: las inversiones, créditos y seguros deben evaluarse no solo por su rentabilidad, sino también por su contribución al equilibrio social y ecológico. Los límites planetarios no son solo un concepto ambiental: son una advertencia sobre la interdependencia entre la salud del planeta y la sostenibilidad de nuestras economías y sociedades. Ignorar estos límites implica riesgos significativos para los derechos humanos, ya que los impactos ambientales se traducen directamente en afectaciones a la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación y los medios de subsistencia de las personas. Por ello, la integración de la dimensión de derechos humanos en la transición hacia sistemas sostenibles no es opcional: es central para garantizar que las políticas y decisiones económicas no perpetúen desigualdades ni vulneren los derechos de las poblaciones más expuestas a los efectos del extractivismo y la degradación ambiental.

Alejarse de todo lo fósil

La evidencia científica no deja lugar a dudas: los combustibles fósiles —petróleo, gas natural y carbón— se encuentran en el centro de la crisis ambiental global, ya que constituyen una carga cada vez más insostenible para la salud del planeta, el bienestar humano y la estabilidad económica. Su extracción, procesamiento, transporte y consumo generan emisiones masivas de GEI, profundizan la contaminación del aire, el agua y el suelo, y están vinculados con graves impactos sociales y ecológicos.

El consenso científico internacional es claro al respecto: los combustibles fósiles son la causa principal del cambio climático, perjudican la salud pública, agravan la injusticia ambiental, aceleran la pérdida de biodiversidad y alimentan la crisis de contaminación petroquímica. Según un reciente artículo publicado en Oxford Open Climate Change (Romanello et al., 2024), la quema de combustibles fósiles es responsable de millones de muertes prematuras cada año, pero también de daños económicos valorados en billones de dólares y de la creciente alteración de los ecosistemas. Todas estas cuestiones amenazan la vida y un futuro habitable.

En respuesta a esta realidad, los países firmaron el Acuerdo de París (2015), considerado la piedra angular de los compromisos internacionales en materia climática. Este acuerdo busca mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C respecto de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C (UNFCCC, 2015). En la misma línea, la Clean Energy Transition Partnership (CETP), lanzada durante la COP26 en Glasgow, reúne a más de 30 países e instituciones financieras comprometidos en poner fin al apoyo público internacional a los proyectos de combustibles fósiles para fines de 2022 y redirigir esos fondos hacia energías limpias.

El último Informe del IPCC advierte que las infraestructuras fósiles actualmente existentes —si operaran durante su vida útil prevista— ya situarían al mundo por encima del umbral de 1,5 °C de calentamiento (IPCC, 2022). Esto implica que una parte sustancial de los yacimientos de petróleo, gas y carbón, así como centrales eléctricas basadas en combustibles fósiles, deberán ser desmanteladas o retiradas antes de tiempo para mantener los objetivos del Acuerdo de París al alcance. En el mismo sentido, la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2021) concluye que no se necesita nueva inversión en exploración o desarrollo de petróleo, gas ni carbón si el mundo pretende alcanzar emisiones netas cero para 2050.

Incluso el gas natural, frecuentemente promovido como un “combustible de transición”, no constituye una alternativa sostenible. Desde una perspectiva climática, su producción y transporte liberan metano (CH₄), un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento más de 80 veces superior al del dióxido de carbono en un horizonte de 20 años. Las fugas y pérdidas a lo largo de la cadena de suministro hacen que el gas sea mucho menos benigno de lo que se suele afirmar. En Argentina, el sector energético es una fuente significativa de emisiones de metano, lo que refuerza la necesidad de acelerar políticas de mitigación y abandono del gas (Munno Dithurbide, 2025).

En el ámbito local, los impactos socioambientales de la expansión fósil en Argentina son particularmente severos. En la cuenca de Vaca Muerta, la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica ha generado un cúmulo de consecuencias ambientales y sociales que se agravan año tras año. Según un relevamiento de OPSUR (2022), en 2021 se registraron, al menos, 2.049 incidentes ambientales, equivalentes a un promedio de 5,6 por día, incluyendo derrames de hidrocarburos, fugas, emisiones y residuos peligrosos, sin que, en muchos casos, se conozca la magnitud completa del daño. Estos eventos afectan suelos, cursos de agua y acuíferos, comprometen la calidad del agua y la salud de las comunidades.

Además, la fractura hidráulica contribuye a la sísmicidad inducida, la degradación de ecosistemas y la generación de residuos tóxicos que son frecuentemente dispuestos sin tratamiento adecuado. En la cuenca de Vaca Muerta se ha observado una nueva dinámica sísmica inexistente antes de 2015, con más de 80 sismos registrados en los últimos años que coinciden espacial y temporalmente con actividades de fracturación hidráulica, lo que refuerza la hipótesis de sismicidad inducida por la industria hidrocarburífera  ). FARN ha documentado que las operaciones fósiles en la región no sólo intensifican la contaminación del aire y el agua, sino que también profundizan los conflictos territoriales y vulneran los derechos de las comunidades indígenas y locales, en un contexto de escasa fiscalización y participación ciudadana.

En el Golfo San Matías, en la costa patagónica, enclave único de biodiversidad, se están planeando tres proyectos hidrocarburíferos —Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Southern Energy y Argentina LNG—. Desde una perspectiva de biodiversidad, diversos análisis del Foro para la Conservación del Mar Patagónico advierten que la instalación de infraestructura petrolera y gasífera en la zona incrementa de manera significativa la vulnerabilidad del ecosistema. El modelado de trayectorias de derrames realizado por Páez Campos (2025) muestra que, ante un eventual incidente, los hidrocarburos podrían desplazarse rápidamente hacia áreas de alto valor ecológico y podrían afectar hábitats críticos para aves, mamíferos marinos y pesquerías artesanales. La persistencia de este tipo de proyectos amenaza no solo la integridad ambiental del golfo, sino también la sostenibilidad económica y social de las comunidades costeras que dependen de actividades como la pesca y el turismo.

Podríamos decir que la transición energética es ahora, porque los marcos internacionales generan un nuevo entorno donde las inversiones en combustibles fósiles se vuelven cada vez más cuestionadas por asumir un riesgo reputacional alto. Además, la presión de movimientos sociales y ambientales, la litigación climática y el activismo colaboran en la misma dirección.

En este sentido, alejarse de todo lo fósil no es solo una buena política ambiental: es una estrategia de viabilidad económica y de futuro. Supone que los stakeholders se pregunten cuáles son las bases de su desarrollo: ¿mantener la dependencia de combustibles fósiles cuyo uso y expansión está en conflicto con metas climáticas y la justicia ambiental, o abrirse a una transición hacia energías limpias?

El rol de las aseguradoras: ¿una ventana de oportunidad?

Para quienes no están familiarizados con el sector financiero, las aseguradoras representan uno de los actores más influyentes —y, simultáneamente, menos visibles— en la arquitectura que sostiene la expansión de distintos proyectos de infraestructura a gran escala, incluidos los del sector energético. Su función es estructural: sin seguros ni reaseguros, ningún proyecto petrolero, gasífero o carbonífero podría acceder a financiamiento, atraer inversionistas u operar comercialmente. En este sentido, las aseguradoras actúan como un mecanismo de de-risking que facilita la entrada de bancos, fondos de inversión y agencias de crédito en la exportación, y consolidan un círculo financiero que sostiene la expansión global de los combustibles fósiles (UNEP FI, 2012).

En los últimos años, el sector ha comenzado a reconocer de manera más explícita los impactos del cambio climático sobre su propia exposición al riesgo. La mayor frecuencia y severidad de eventos extremos, las pérdidas aseguradas sin precedentes y la presión regulatoria creciente han llevado a muchas compañías a involucrarse en iniciativas globales orientadas a integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su gestión. Sin embargo, estos esfuerzos presentan limitaciones, superposiciones y grados de compromiso muy variables, lo que plantea dudas sobre su efectividad real frente a la expansión de los combustibles fósiles.

Entre las iniciativas más influyentes se encuentra The Principles for Sustainable Insurance (PSI), lanzado en 2012 por UNEP Finance Initiative, que establece un marco global para que la industria aseguradora gestione riesgos y oportunidades ASG e incorpore la sostenibilidad en su estrategia corporativa (UNEP FI, 2012). En una línea similar, la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) —y su sucesora, el Forum for Insurance Transition to Net Zero (FIT)— agrupan a aseguradoras comprometidas con reducir a cero las emisiones asociadas a sus carteras de inversión y seguros, y que procuran impulsar modelos de aseguramiento compatibles con el Acuerdo de París (UNEP FI, 2024).

Asimismo, iniciativas más amplias impulsadas desde el sector financiero buscan articular la transición hacia la neutralidad de carbono. La Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) y la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) -cesó sus operaciones en octubre 2025-^[1], convocadas por Naciones Unidas, reúnen respectivamente a propietarios de activos y bancos que se comprometen a alinear sus carteras con trayectorias de emisiones netas cero, de las que buscan promover transparencia y rendición de cuentas (UNFCCC, s. f. & UNEP FI, s. f)  . La Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) amplía esta dinámica a nivel global, busca articular la cooperación entre bancos, aseguradoras, administradores de activos y otras instituciones financieras para acelerar la descarbonización (GFANZ, s. f.). Por su parte, organismos reguladores, como la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), promueven la integración de riesgos climáticos y de sostenibilidad en la supervisión del sector asegurador europeo, con lo que buscan fortalecer su resiliencia (EIOPA, s. f.). Finalmente, iniciativas del sector privado, como el Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), buscan medir y divulgar las emisiones asociadas a las actividades financieras con el objetivo de sentar las bases para la transparencia y la futura alineación de carteras con los objetivos climáticos (PCAF, s. f.).

Pese a la proliferación de estos compromisos, su impacto sobre la expansión de los combustibles fósiles sigue siendo limitado. En la práctica, los compromisos climáticos del sector son fragmentarios, llenos de excepciones y rara vez se aplican de manera transversal a todas las líneas de negocio (Insure Our Future, 2022; 2023). En 2024, aunque más de 45 aseguradoras han restringido su exposición al carbón, solo una minoría ha establecido límites significativos al petróleo y al gas. Y son aún menos las que contemplan poner fin al aseguramiento de nuevas infraestructuras de GNL, perforación offshore o gasoductos (Insure Our Future, 2024).

En muchos casos, las aseguradoras restringen ciertos proyectos emblemáticos pero mantienen abiertas otras áreas que habilitan los financiamientos indirectos —especialmente reaseguros, inversión en las empresas de desarrollo del sector, compra de bonos o servicios a empresas integradas— que continúan habilitando una expansión fósil a gran escala (Reclaim Finance, 2024).

La ausencia de estándares obligatorios y la falta de mecanismos internacionales de convergencia normativa permiten que cada aseguradora avance a su propio ritmo, pese a que los compromisos globales —incluido el Acuerdo de París— requieren cambios sistémicos. En particular, el artículo 2.1.c del Acuerdo de París exige alinear los flujos financieros con trayectorias de bajas emisiones y resiliencia climática. La continuidad de la cobertura aseguradora a nuevos proyectos fósiles contradice este mandato y abre una ventana de oportunidad para la presión social, regulatoria y política. Como “guardianes de acceso” (gatekeepers) del financiamiento, las aseguradoras podrían convertirse en actores decisivos para frenar la expansión de infraestructura fósil; sin embargo, mientras persistan la falta de obligatoriedad y la débil convergencia regulatoria, ese potencial seguirá sin materializarse.

El documento 2024 Scorecard on Insurance, Climate Change, and the Energy Transition de la organización Insure Our Future profundiza estas tensiones. De acuerdo con el informe, el progreso voluntario de la industria en restringir su exposición a los combustibles fósiles se ha desacelerado significativamente. Un avance notable es el caso de la aseguradora italiana Generali, la primera en excluir en gran medida la expansión de petróleo y gas a lo largo de toda la cadena de valor, incluidos nuevos terminales de GNL.

Estos comportamientos resultan aún más problemáticos cuando se observan los crecientes costos climáticos. Aunque las pérdidas climáticas superan cada vez más las ganancias provenientes de la suscripción de combustibles fósiles, la industria sigue priorizando este sector. Las primas comerciales fósiles representan, en promedio, menos del 2 % del negocio total para 28 de las principales aseguradoras de propiedad y daños. Sin embargo, para 15 de esas 28 compañías, las pérdidas climáticas estimadas en 2023 superaron las primas cobradas al sector fósil. A la vez, existe un marcado desequilibrio en el mercado energético: el mercado de seguros para energías renovables —aproximadamente USD 6.500 millones en 2023— es menos de la tercera parte del mercado fósil (USD 22.000 millones). Este déficit amenaza con estrangular hasta USD 10 billones en inversión en transición energética hacia 2030  ).

El mismo informe subraya que la crisis de acceso a seguros que enfrentan actualmente comunidades vulnerables es una consecuencia directa de la inacción climática acumulada. A pesar de que los impactos climáticos llevan al mundo hacia puntos de no retorno, muchas aseguradoras protegen sus márgenes retirando cobertura en regiones de alto riesgo, mientras continúan asegurando la expansión de combustibles fósiles responsables de estos mismos riesgos.

Reflexiones finales

El rol de las aseguradoras en la transición energética es central y estratégico. Su capacidad de habilitar o bloquear proyectos fósiles convierte a estas instituciones en actores clave de la descarbonización global.

Adoptar políticas de aseguramiento alineadas con la transición energética y con criterios de equidad global no es solo una responsabilidad ambiental: representa también una estrategia de mitigación de riesgos financieros, reputacionales y operativos, además de una oportunidad económica para reposicionar al sector en la construcción de un futuro posfósil. La evidencia presentada muestra que el impacto del cambio climático —a través del aumento de desastres, pérdidas sin precedentes y volatilidad en los mercados— afecta directamente la estabilidad de las aseguradoras, al erosionar sus carteras y obligarlas a reconsiderar los modelos de suscripción tradicionales.

Sin embargo, mientras el sector privado en el norte global anuncia compromisos net-zero, estos avances rara vez se traducen en prácticas equitativas para los países del sur global. La mayoría de las políticas restrictivas se aplican solo a proyectos domésticos o incluyen amplias excepciones cuando se trata de petróleo y gas en países del Sur, bajo el argumento de la “seguridad energética” o la “estabilidad de los mercados internacionales”. Este doble estándar traslada los riesgos —ambientales, financieros y sociales— hacia territorios históricamente más vulnerables, lo que profundiza la brecha estructural entre Norte y Sur y reproduce una geografía de sacrificio donde las comunidades locales sufren los impactos y los desastres socioambientales.

En este escenario, el riesgo reputacional del sector asegurador se combina con un costo creciente de inacción climática: no solo compromete su legitimidad frente a inversores, reguladores y la sociedad civil, sino que perpetúa un modelo de desarrollo incompatible con los límites planetarios y con los principios de justicia ambiental que deberían guiar una transición energética verdaderamente justa.

Referencias

Burke, M., Hsiang, S., Miguel, E. (2015). Global non-linear effect of temperature on economic production. Nature 527, 235–239. https://doi.org/10.1038/nature15725

Carrington, D. (2007, November 29). Sir Nicholas Stern: inaction on climate change will cost far more than action. The Guardian. https://www.theguardian.com/environment/2007/nov/29/climatechange.carbonemissions

Clean Energy Transition Partnership. (2021). Joint Statement. COP26, Glasgow [Declaración conjunta].

Clean Energy Transition Partnership. (s. f.). Who we are. Clean Energy Transition Partnership. https://cleanenergytransitionpartnership.org/who-we-are/

European Insurance and Occupational Pensions Authority. (s. f.). EIOPA website. https://www.eiopa.europa.eu/

FARN. (2024). Documento de posición sobre transición energética. Fundación Ambiente y Recursos Naturales. https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2024/03/Documento-de-posicion-sobre-transicion-energetica.pdf

FARN. (2025). Mitigación del metano en el sector energético argentino. Fundación Ambiente y Recursos Naturales. https://farn.org.ar/documentos/mitigacion-metano-sector-energetico-argentina

Glasgow Financial Alliance for Net Zero. (s.f.). GFANZ. https://www.gfanzero.com/

Insure Our Future. (2024). Within Our Power. Cut Emissions Today To Insure Tomorrow 2024 Scorecard on insurance, climate change, and the energy transition.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Summary for Policymakers. Cambridge University Press.

International Energy Agency (IEA). (2021). Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector. IEA Publications.

Munno, V., Dithurbide, C. (2025). Mitigación del metano en el sector energético argentino. FARN.

Nápoli, A. M., Marchegiani, P. (Comps.). (2025). Informe ambiental 2025: La disputa por el futuro. Horizontes posibles para un mundo en crisis. Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Observatorio Petrolero Sur. (2022, 26 mayo). Vaca Muerta: 5,6 incidentes ambientales por día [Artículo web]. OPSur. https://opsur.org.ar/2022/05/26/el-otro-record-de-vaca-muerta-56-incidentes-ambientales-por-dia/#investigaci%C3%B3n-reducido

Páez Campos, R. (2025). Modelado de trayectoria de derrames de hidrocarburos en el Golfo San Matías, Argentina. Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.

Partnership for Carbon Accounting Financials. (s. f.). PCAF: Partnership for Carbon Accounting Financials. https://carbonaccountingfinancials.com

Reclaim Finance. (2024, March 14). The inconsistency of insurance groups in the face of fossil-expansion. https://reclaimfinance.org/site/en/2024/03/14/the-inconsistency-of-insurance-groups-in-the-face-of-fossil-expansion

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S. III, Lambin, E. F., … Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461(7263), 472–475.

Romanello, M., McGushin, A., Di Napoli, C., et al. (2024). The 2024 report of the Lancet Countdown on health and climate change: Fossil fuels, energy, and health. Oxford Open Climate Change, 5(1), kgaf011. https://doi.org/10.1093/oocc/kgaf011

Grosso Heredia, J., Tamburini Beliveau, G. (2023). Sismicidad a simple Vista: el fracking en Bajada del Palo Oeste y otras zonas de operación de Vista Oil & Gas (Vaca Muerta). FARN. https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2023/09/DOC_Bajada_Palo_Oeste.v3.pdf

United Nations Framework Convention on Climate Change. (s. f.). Net-Zero Banking Alliance. Climate Action. https://climateaction.unfccc.int/Initiatives?id=Net_Zero_Banking_Alliance

United Nations Environment Programme Finance Initiative. (2012). Principles for Sustainable Insurance. https://www.unepfi.org/psi/

United Nations Environment Programme Finance Initiative. (s. f.-a). Net-Zero Banking Alliance.

United Nations Environment Programme Finance Initiative. (2024). Forum for Insurance Transition to Net Zero (FIT). https://www.unepfi.org/

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). The Paris Agreement. UNFCCC.

UNFCCC. (2022, April 13). What is the triple planetary crisis?

WMO. (2024). State of the Global Climate 2024. World Meteorological Organization.