AUSPICIANTES

Mercado financiero sostenible en América Latina: avances y perspectivas

Durante los últimos años, las finanzas sostenibles en América Latina abandonaron paulatinamente su condición primigenia de exotismo y de autoregulación para ganar volumen y sofisticación, tanto en términos normativo-institucionales como de mercado. A semejanza de lo ocurrido a escala global, esta ponderación creciente de las problemáticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)[1] dentro de las dinámicas y estructuras de los sistemas financieros de la región se reconoció motorizada por la concienciación cada vez más extendida de las externalidades negativas derivadas de los problemas ambientales globales —cambio climático, pérdida de biodiversidad, acidificación de los océanos, entre otros— y el reposicionamiento consiguiente de la agenda ambiental y de desarrollo sostenible, en general, en la arena internacional[2]. Del mismo modo, el afianzamiento de las finanzas sostenibles puede interpretarse como una resultante más de la policrisis que viene signando a la arena internacional —y regional, por lógica extensión— y del afán consiguiente de los agentes económicos por instrumentos con algún viso de seguridad —impactos positivos pasibles de ser certificados, por caso— en un contexto de alta incertidumbre y volatilidad.[3]

Al compás de este proceso tendiente a canalizar los flujos financieros hacia actividades económicas capaces de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras y fomentar, concurrentemente, sistemas socioproductivos eficientes en el uso de los recursos, con bajas emisiones de carbono, inclusivos y resilientes (Aracil y Sancak, 2023), fueron agregándose una compleja trama de regulaciones y una amplia gama de instrumentos financieros etiquetados bajo la rúbrica de “sostenibles”: préstamos, bonos —soberanos y subsoberanos—, obligaciones negociables, fondos de inversión, índices, entre otros.[4] En forma paralela, fue configurándose un ecosistema cada vez más expansivo de emisores, inversores, bancos de inversión, agencias calificadoras de riesgo especializadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), firmas proveedoras de segunda opinión, entre otros (Mariz, 2022).  

Ahora bien, estos avances de las finanzas sostenibles en Latinoamérica distaron de ser homogéneos y rectilíneos. Si bien algunos países reportaron un dinamismo significativo e incesante en la materia, otros marcaron un avance nimio o recursivo. Este desempeño desigual de las finanzas sostenibles se reconoció atravesado por las asimetrías en el desarrollo de los mercados financieros y la deriva de los ciclos político-económicos en cada realidad nacional. De la misma manera, es importante subrayar que las finanzas sostenibles tuvieron un desarrollo dispar en cuanto a las dimensiones o áreas. En este sentido, los últimos años registraron un despliegue más ambicioso de normativas e instrumentos centrados en las problemáticas ambientales, muy especialmente de aquellas asociadas a la lucha contra el cambio climático. En este sentido, se reconocen desarrollos significativos en algunos Estados en materia de emisiones de instrumentos etiquetados —bonos verdes, en particular— y de configuración de mercados de carbono. En función de lo antedicho, el capítulo parte de la premisa de que no pueden concebirse a las finanzas sostenibles en América Latina como un universo uniforme, sino más bien como un mosaico de realidades o estadios disímiles.

El presente capítulo se propone analizar el devenir de las finanzas sostenibles en América Latina durante los últimos años. En términos específicos, se dispone a identificar los principales avances y desafíos en los corpus normativos e instrumentos de finanzas sostenibles desarrollados en los diferentes países de la región para proyectar las perspectivas de las mismas en lo venidero. En este respecto, se entiende que el reconocimiento de los casos más exitosos y la detección de los factores que habilitaron y constriñeron el desarrollo de las finanzas sostenibles en América Latina permiten echar luz sobre las políticas públicas a auspiciar para robustecer las estructuras y dinámicas de mercados atentos a los impactos sociales, ambientales y de gobernanza.

La preocupación por los mercados de las finanzas sostenibles en América Latina resulta tan necesaria como urgente, si se consideran las condiciones de desigualdad social y de vulnerabilidad ambiental —en materia climática y de biodiversidad, en lo fundamental— que acechan sobre la región. En este contexto crítico, los mercados financieros asumen un papel fundamental en la vehiculización de recursos para acortar la brecha de financiamiento de iniciativas orientadas a la transición de sociedades y economías sostenibles. De acuerdo con las estimaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), América Latina requiere cerca de 100.000 millones de dólares anuales para cubrir la brecha de financiamiento sostenible, todo lo cual exige un mayor involucramiento de todos los actores —tanto públicos como privados— para potenciar el direccionamiento de recursos al cumplimiento de los ODS (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2024).

Tras esta introducción, el capítulo se desarrolla en dos secciones y unas reflexiones finales formuladas a modo de conclusión. En la primera parte, se propone un recorrido sobre los complejos normativos-institucionales configurados en diversos países de la región. En la segunda sección, en tanto, se consideran los mercados e instrumentos que configuran el ecosistema de las finanzas sostenibles en América Latina.

Recorrido por los complejos normativo-institucionales en torno a las finanzas sostenibles en América Latina

Durante los últimos años, los países de la región han entablado numerosos esfuerzos para impulsar las finanzas sostenibles desde un marco normativo-institucional cada vez más complejo. Ahora bien, en continuidad con lo apuntado líneas arriba, tales iniciativas fueron disímiles entre los países. Lo propio puede señalarse también respecto a las dimensiones o áreas temáticas que configuran la agenda de sostenibilidad. Según se advirtió, tal despliegue asimétrico de las finanzas sostenibles en América Latina puede explicarse por los desarrollos previos de los mercados financieros y del devenir de los ciclos político-económicos en cada realidad nacional. En este sentido, se advierte que los países con mercados de capitales con mayor volumen, trayectoria y sofisticación registraron una mayor propensión al diseño e incorporación de instrumentos financieros innovadores. Esta relación, empero, no puede ser interpretada bajo una lógica mecánica e inmediata. Los desarrollos en cada uno de los mercados estuvieron también atravesados por el devenir político-económico en particular. En breve, los desarrollos de las finanzas sostenibles en la región no pueden ser descontextualizados del entramado de ideas, discursos y desempeños que rigieron —rigen— sobre las realidades políticas y económicas de un país en un momento específico. En forma concomitante, se repara que los impulsos innovadores estuvieron permeados por el complejo de intereses y demandas de los actores participantes en los respectivos mercados, todo lo cual redundó en despliegues desparejos en términos de dimensiones o tópicos constitutivos del desarrollo. Dicho en otros términos, los avances marcados en determinados sectores derivan de las percepciones en torno a los riesgos —y negocios— derivados en cada dimensión o área temática para cada país —y mercado, por extensión— en particular. Se propone a continuación un breve recorrido por los desarrollos normativo-institucionales en finanzas sostenibles de la región. Habida cuenta de los límites espaciales, del presente trabajo, el ejercicio exploratorio propuesto prioriza los casos con avances más sustantivos.[5]

Recurrentemente presentado como el caso pionero de la región, Brasil ha construido en el transcurso de los últimos decenios un andamiaje normativo-institucional robusto en torno a las finanzas sostenibles, todo lo cual habilitó el desarrollo de un universo expansivo de actores e instrumentos intervinientes.[6] La piedra fundamental de este entramado data de 1995, momento en el cual se consustanció el denominado Protocolo Verde, un acuerdo voluntario entre diferentes actores del sector bancario y financiero en general, fue un medio por el cual se buscó instaurar buenas prácticas orientadas a revertir el deterioro ambiental del país. Impulsado, en buena medida, por las entidades bancarias de carácter público —aunque abierto a otros participantes del sector—, este primer paso se correspondió con aquel carácter preeminentemente autoregulatorio que ostentaban las finanzas sostenibles en sus etapas iniciales. Tal como apunta López García (2021), dicho protocolo —actualizado en 2009— avanzó sobre tres aspectos principales, a saber: 1) análisis de riesgos ambientales y sociales (ARAS), que incluía la identificación, evaluación y gestión de estos riesgos de parte de los bancos; 2) ecoeficiencia corporativa en la institución financiera (ECIF); y 3) financiación de productos y servicios sostenibles. En 2014, este andamiaje normativo-institucional fue robustecido con la resolución 4327 del Banco Central de Brasil (BCB), por la cual comenzó a exigirse la implementación de políticas de responsabilidad social y ambiental (SERP) en instituciones financieras reguladas por esta misma institución (de Miranda y de Miranda, 2018). Un par de años más tarde, y como producto de trabajo colaborativo entre las autoridades supervisoras y entidades más gravitantes del sistema financiero y del ecosistema de la economía sostenible —la Federación Brasilera de Bancos (FEBRABAN) y el Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS)—, se adoptaron las Directrices para la emisión de bonos verdes. Con los auspicios también de FEBRABAN, en 2019, se “desarrolló una hoja de ruta para los bancos brasileños con el objetivo de implementar las recomendaciones del Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), además de una guía de implementación para evaluar la sensibilidad al riesgo climático” (López García, 2021:228).

Siguiendo con el mapeo de la autora recién referida, se indica que durante los últimos años, los actores del ecosistema de las finanzas sostenibles del país lanzaron el Laboratorio de Innovación Financiera (LAB) para promover estas operaciones, lo cual marcó una nueva iniciativa de encuentro entre representantes del Gobierno y del sector privado. Por último, y en aras de subrayar el carácter transversal de los diferentes actores del sistema financiero brasilero, se menciona que a instancias del patrocinio de la Confederación Nacional de Compañías de Seguros (CNseg), se comprometió a promover los Principios para la sostenibilidad de seguros (PSI). Tal como apuntan Frisari et al. (2020:51), en mayo de 2018, estos impulsos por parte de actores del sector de seguros llevaron a que Brasil se convirtiera en “el primer mercado de seguros del mundo en comprometerse con la transparencia del riesgo climático a través de la Declaración de Río sobre la transparencia del riesgo climático”.

México es también concebido como un referente obligado de la región en todos los mapeos relativos al diseño e implementación de normativa sobre finanzas sostenibles. En continuidad con Frisari et al. (2020:55), se advierte que “el marco regulatorio financiero mexicano no tiene una mención explícita de los riesgos relacionados con el clima o los riesgos socioambientales. Sin embargo, el Gobierno mexicano y las instituciones del sector financiero son muy activos y se encuentran involucrados en diálogos internacionales sobre cambio climático”. A tales efectos, puede mencionarse que el Banco Central del país se desempeñó como un participante activo del Grupo de Estudio de Finanzas Sostenibles del G20, y que en 2017 se convirtió en miembro fundador de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés) junto con otras siete instituciones de Asia y Europa.[7] De la misma manera, se indica que la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Ministerio del Medio Ambiente se integraron como miembros de la Red de Banca Sostenible (SBN, por sus siglas en ingles). La Bolsa de Valores de México hizo lo propio con la Iniciativa de la Bolsa de Valores Sostenible. En sintonía de lo aludido en el caso brasileño, es de advertir que la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS) y Agroasemex (la compañía de seguros del Gobierno para actividades rurales) suscribieron a los ya mencionados Principios para la sostenibilidad de seguros. Todo entramado de compromisos públicos y privados sirvió de plataforma para el diseño e implementación de dispositivos institucionales orientados a fortalecer el mercado sostenible en el país. En este contexto, se inscriben el Protocolo de sostenibilidad impulsado por la ABM en 2016, los Principios de bonos verdes y de emisiones de bonos ODS, y la taxonomía de préstamos verdes, también liderada por la mentada asociación de entidades bancarias.

De acuerdo con Frisari et al. (2020:8), en el caso de Colombia el primer hito en la configuración de las finanzas sostenibles se dio en 2012 con la suscripción del Protocolo Verde, “una iniciativa conjunta del Gobierno colombiano y el sector bancario colombiano, enfocada en promover las finanzas verdes y un uso más eficiente de los recursos naturales”. Auspiciada por Iniciativa Financiera de ONU Medio Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés), tal iniciativa emulaba, en buena medida, lo realizado por Brasil años antes. El segundo gran impulso se dio en 2018, cuando la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) decidió incluir en su planeación estratégica un proyecto específico orientado a la promoción de las finanzas verdes. En el marco de esta estrategia, la SFC se incorporó a las ya mencionadas SBN y NGFS. A instancias de tal estrategia, la SFC impulsó una encuesta entre todos los actores bajo su supervisión. A partir de los resultados obtenidos, “la Superintendencia desarrolló el plan de trabajo que le permita alcanzar los objetivos planteados en el proyecto estratégico, el cual está compuesto por cuatro frentes: i) lineamientos sobre una taxonomía verde; ii) guía sobre la integración de asuntos ASG en la toma de decisiones de inversión; iii) fomento de transparencia frente a los riesgos” (SFC, 2020:9); iv) finalmente, se resalta dentro los pasos normativo-institucionales cursados en el contexto de este país, la circular externa N.º 28 de 2020 emitida por la SFC, la cual dispuso las instrucciones relativas a la información mínima que debe contener el prospecto de información de las emisiones de bonos verdes.

En lo que respecta a la República Argentina, se advierte que el impulso de las finanzas sostenibles cobró institucionalidad algo tardía e intempestiva si se la compara con los casos precedentes. A semejanza de lo ocurrido en otras realidades nacionales de la región, se advierte que los primeros pasos en materia de finanzas sostenibles fueron motorizados desde el sector privado. En este marco, se repara que bajo los auspicios de BID Invest y de la Fundación Silvestre, las entidades bancarias con mayor gravitación en el país adoptaron en 2019 un Protocolo de finanzas sostenibles, el cual se propuso sistematizar los lineamientos y prácticas que debían observar los participantes de la industria bancaria conforme los criterios ASG (Vida Silvestre, 2019).

Las primeras normativas para fomentar las finanzas sostenibles giraron alrededor de los instrumentos etiquetados. Concretamente, se hace referencia a las resoluciones N.º 788/2019 y 896/2021 de la Comisión Nacional de Valores (CVN), organismo encargado por antonomasia de la promoción, supervisión y control del mercado financiero argentino. Datada en marzo de 2019, la primera disposición propició una serie de modificaciones en la normativa general sobre el mercado de valores nacional para habilitar este tipo de activos. En este marco, se institucionalizaron los Lineamientos para la emisión de bonos sociales, verdes y sustentables en Argentina (CNV, 2018. RG.788). Tras mencionar los compromisos del país luego de la suscripción del Acuerdo de París y las diversas iniciativas en la materia impulsadas en la preparación y despliegue de la agenda de la presidencia pro tempore del Grupo de los Veinte (G20), estos lineamientos replican los desarrollos normativos generados en el plano global preeminentemente por actores privados, tales como los Principios de bonos verdes de International Capital Markets Association (ICMA) y los estándares de la Climate Bond Initiative (CBI). De acuerdo al texto de la resolución, los lineamientos se disponen a “proporcionar claridad para los inversores que buscan el segmento temático y evitar el greenwashing”, al ayudar a construir “transparencia, consistencia, uniformidad, responsabilidad y confianza en los mercados”.

Posteriormente, la resolución general N.º 896 de la CNV adoptada en julio de 2021 procuró robustecer y precisar la normativa precedente mediante la adopción de tres guías para alentar las emisiones de los valores etiquetados: la Guía para la inversión socialmente responsable en el mercado de capitales argentino; la Guía para la emisión de bonos sociales, verdes y sustentables y la Guía para evaluadores externos de bonos sociales, verdes, y sustentables. Tal como se subraya en los considerandos de la norma, estas guías resultaron de un proceso de participación abierto con los diversos actores interesados en el desarrollo del mercado de instrumentos etiquetados —de los bonos verdes, en particular— en la República Argentina. Del mismo modo, la reglamentación aquí expuesta se presenta en clave no conclusiva e iterativa, y aclara que se trata de regulaciones sujetas a un ajuste constante habida cuenta del carácter novel del mercado.

Tales esfuerzos por incorporar los criterios ASG en el mercado de capitales local procuraron ser extendidos y ampliados tras la instauración de la denominada Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles (MTFS). Constituida primariamente por diferentes dependencias del sector público nacional, esta instancia se propuso como objetivo rector “identificar alternativas para movilizar de forma escalable los recursos necesarios para catalizar inversiones públicas y privadas que contribuyan a alcanzar objetivos económicos y sociales en el marco de los ODS, incluidas las metas de mitigación y adaptación al cambio climático del país” (BCRA, 2023:6). Las labores llevadas adelante bajo este paraguas institucional redundaron, finalmente, en la Estrategia nacional de finanzas sostenibles (ENFS), aprobada en julio de 2023.

Si bien pueden identificarse ciertas acciones del sector bancario y financiero de Chile a inicios del siglo,[8] lo cierto es que los dispositivos normativo-institucionales no se consustanciaron sino hasta tiempos recientes. En este marco, se destaca que, en 2018, la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) lanzó un panel de bonos verdes, sociales y sostenibles.  

En Perú, por su parte, la Asociación de Bancos (Asbanc) y el Ministerio del Ambiente (MINAM) instauraron un Protocolo Verde en 2015, el cual fue revisado en 2020. Los esfuerzos en torno a las finanzas sostenibles en este país prosiguieron con la publicación de la resolución N.º 1928-2015 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, mediante la cual se instaura el Reglamento para la gestión del riesgo social y ambiental”. Un par de años más tarde, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) adoptó los principios para la emisión de bonos verdes (López García, 2021).  

El ecosistema financiero paraguayo también reportó iniciativas orientadas a la sostenibilidad. En este marco, se destaca la creación de la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS) en 2012, la cual contó con la participación de casi la totalidad de las entidades bancarias con operatoria en el país. Las labores en esta instancia se tradujeron en guías específicas para el financiamiento sostenible para la ganadería, agricultura y agroindustria. En 2018, el Banco Central de Paraguay (BCP) publicó la Guía para la gestión de riesgos sociales ambientales para entidades reguladas y supervisadas”, la cual procuró sistematizar el trabajo precedente de la MFS. Al igual que lo ensayado en otras latitudes en los años anteriores, en 2020 la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Paraguay lanzó un marco regulatorio y pautas relacionadas con los bonos sostenibles (Bedoya, 2025).

Desempeño y panorama de los mercados de instrumentos sostenibles

Habida cuenta de los exiguos o nulos datos consolidados sobre los créditos con criterio ASG y demás servicios financieros provistos por parte de las entidades bancarias de la región, la presente sección se enfoca, principalmente, en el devenir de los mercados de instrumentos etiquetados como sostenibles.

Nuevamente, se indica que en correspondencia de lo reportado en el mundo, América Latina registró un incremento significativo en el número de emisiones de instrumentos con criterios ASG. Lo propio puede consignarse en relación con los montos involucrados en estas operaciones.

En términos acumulados, Brasil se posiciona como uno de los mercados más importantes de la región, junto con México y Chile. A modo ilustrativo, se subraya que desde mediados de 2015 a mediados de 2024, las emisiones de instrumentos sostenibles en Brasil totalizaron USD 67.000 (CBI, 2025). La mayor parte de los instrumentos emitidos se orientaron al financiamiento de iniciativas de acción climática, muy particularmente para la mitigación. En continuidad con el reporte recién referenciado de CBI, se nota que el 67% del volumen de las emisiones de títulos con criterio ASG correspondieron a colocaciones de corporaciones no financieras, muchas de las cuales operan en el sector energético. Así pues, la mayor parte de tales emisiones se justificaron en estrategias de transición. Bien vale agregar que durante 2024 el Gobierno brasileño instauró una serie de reformas impositivas, las cuales redundaron en beneficios concretos para la capitalización de proyectos de triple impacto.

En lo que respecta al mercado sostenible de México, debe comenzar por subrayarse que se trata de uno de los más importantes de la región, ya que representa casi el 19% de los montos acumulados. El mercado de instrumentos etiquetados tiene al Estado nacional como el protagonista central. En el lapso 2015-2025, el Gobierno central emitió bonos sostenibles por aproximadamente USD 36.700 millones, cifras que se destinaron en su mayor medida a financiar políticas públicas de alineadas con los “ODS 2 (Hambre Cero), 3 (Salud y Bienestar) y 4 (Educación de Calidad)” (Rivera de Jesús, 2025). En búsqueda de dinamizar el mercado e impulsar el ingreso de nuevos emisores e inversores —institucionales, principalmente—, el Ministerio de Finanzas publicó en marzo de 2023 la Taxonomía de Finanzas Sostenibles. Además de ello, el Gobierno federal decidió impulsar y diversificar el mercado de las finanzas sostenibles mediante una serie de resoluciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que obliga a las administradoras de fondos para el retiro (Afores) a ponderar los criterios ASG en sus inversiones. Términos semejantes pueden indicarse en relación con la circular N.º 2/24 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la cual exige a las compañías de seguros y fianzas identificar los criterios ESG aplicados en sus políticas de inversión, análisis de riesgos y gobernanza (Hayaux-du-Tilly L et al, 2025).

El mercado de instrumentos sostenibles de Chile se identifica también como uno de los más dinámicos de la región. Tal desempeño tributa principalmente a las estrategias de financiamiento del propio Estado nacional. Según los datos del Ministerio de Hacienda (2025), durante el período discurrido entre junio de 2019 y julio de 2025, Chile emitió aproximadamente USD 54.000 millones de dólares en bonos ASG, cifra que posiciona al país entre los principales emisores del mundo en términos de instrumentos etiquetados. De hecho, Chile fue el primer estado latinoamericano en emitir un bono verde.[9] Sin perjuicio de lo antedicho, es de notar que mayor parte de los recursos agenciados mediante estas emisiones se dieron bajo la rúbrica de bonos sociales, que representan aproximadamente las tres cuartas partes del total. La participación de las firmas privadas en estas emisiones resulta aún marginal. En este marco, se destacan las colocaciones de bonos verdes realizadas por AES Andes, Colbún, Arauco, Engie Energy. Brevemente, firmas con operatorias dentro del sector de energías renovables.  

En lo que respecta a la República Argentina, se observa que la configuración del cuadro normativo-institucional habilitó una miríada de emisiones de instrumentos de renta fija deuda por parte de entidades corporativas y subsoberanas a nivel nacional. Desde una perspectiva operativa, la estructuración y colocación de estos instrumentos se han articulado a través del Panel Especial para Bonos Sociales, Verdes y Sostenibles (SVS) de Bolsas y Mercados Argentinos S. A. (ByMA). Desde la primera emisión de un bono verde registrada en diciembre de 2017 a noviembre de 2025, se registraron 87 colocaciones de instrumentos en el panel. La mayor parte de ellos —55, concretamente— correspondió a emisiones de bonos verdes, seguidos por bonos sociales y de sustentabilidad. Estos últimos con la misma cifra de colocaciones. En términos agregados, fueron empresas identificadas dentro del sector de renovables las que se colocaron a la delantera. A tales efectos, se advierte que la mayor de estas emisiones tuvo el propósito de capitalizar proyectos orientados a la construcción o ampliación de parques eólicos y solares. Tal cual lo advertido en Fernandez Alonso (2024:17),

La participación de las empresas privadas ajenas al sector energético en las colocaciones de bonos verdes fue, cuanto menos, anecdótica. En este contexto, se inscriben emisiones realizadas por firmas del sector citrícola, farmacéutico y de logística. En este respecto, se advierte que el exiguo número de firmas no pertenecientes y/o vinculadas al sector energético pone nota sobre la exigua difusión/aceptación de este tipo de instrumentos en todo el entretejido empresarial.

Por último, debe repararse en el marco del caso argentino, la participación incipiente —aunque creciente— de gobiernos subnacionales —municipios, en lo principal— en este tipo de operaciones. 

Las trayectorias de los mercados en otras latitudes de la región replican las tendencias vistas hasta aquí. En este sentido, es posible observar un incremento sostenido en el número y monto de las emisiones de activos con criterios ASG. Tales desarrollos se correspondieron con la complejización y sofisticación de los marcos normativos en particular.

Reflexiones finales

A pesar —o en razón— de un escenario global policrítico, signado por la incertidumbre y volatilidad, los países latinoamericanos impulsaron durante los últimos años el diseño e implementación de complejos normativo-institucionales e instrumentos financieros atentos a la noción de sostenibilidad. 

Tal como se observó en el desarrollo del capítulo, tales impulsos de entrelazar los sistemas financieros con los criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza no se dieron en forma simétrica entre todos los países de la región. Del mismo modo, tales avances tampoco fueron semejantes en las diferentes dimensiones o tópicos que constituyen la agenda de desarrollo sostenible.

La región cuenta con grandes potencialidades para continuar avanzando en el despliegue de las finanzas sostenibles. Cierto es que las desigualdades y vulnerabilidades que ciernen sobre la región son grandes. Empero, igual de grandes son sus riquezas en términos de recursos humanos, energéticos, minerales y de biodiversidad. Apreciaciones semejantes pueden darse respecto a las capacidades de innovación y los compromisos históricos de la región en áreas problemáticas centrales para el desarrollo sostenible, tal cual ocurre con las energías renovables. A modo ilustrativo, valga rememorar que “la electricidad de la región es ya una de las más limpias del mundo, con las renovables, encabezadas por la hidroeléctrica, generando el 60% de la electricidad regional, el doble de la media mundial” (Comunicarse, 2024:31).

La brecha de financiamiento para el cumplimiento de la agenda de desarrollo sostenible invita a todos los actores político-económicos —los que operan en los mercados financieros, en particular— a seguir apostando por la integración de los criterios de ESG en las finanzas. El repaso por los dispositivos normativo-institucionales y los instrumentos emitidos dan cuenta de la determinación y compromiso de determinados actores privados por ser parte de estas tendencias de corte sistémico. No obstante, se observa la necesidad de ajustar los marcos ortodoxos que condicionan el proceso de toma de decisión empresaria, las relativas a la inversión, en especial. En palabras de Urdaneta y Chirinos (2024:69),

la responsabilidad social como modelo de gestión abre espacios a nivel empresarial para orientar las decisiones de inversión y financiamiento con enfoque sostenible. Al integrar criterios ASG, las empresas pueden generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, a la vez que reciben beneficios de posicionamiento estratégico, mejora de reputación, reduce los riesgos legales y ético, entre otros beneficios.

Más allá de los avances y potencialidades reportados durante el desarrollo del capítulo, se impone advertir que el derrotero de las finanzas sostenibles en la región se encuentra desafiado por el avance de referentes, movimientos y partidos políticos que minimizan o niegan las externalidades negativas de las problemáticas ambientales y rehúsan de la participación estatal en la generación de respuestas tendientes al desarrollo. Tales impulsos, bien vale resaltar, no constituyen una particularidad de la región, sino que se inscribe en una tendencia sistémica la cual ha tenido expresiones en diversas latitudes alrededor del planeta. Al margen de ello, se agrega que los avances de tales referentes, movimientos y partidos políticos acaban por compaginarse con las posiciones abigarradas de actores detractores de la agenda de sostenibilidad, al pertenecer u operar, precisamente, en sectores conminados a realizar ajustes en el marco de la mentada transición.

Del mismo modo, se subraya que el devenir de las finanzas sostenibles en América Latina se reconoce tensionado por la difusión de discursos y narrativas contrarios a la agenda de desarrollo y de cambio climático, en particular, al concebirlas como manifestaciones de una cultura woke a la que impugnan. So pretexto de que las agendas de cambio climático y de desarrollo, en general, se erigen sobre una posición sesgada, estos actores cuestionan todo ensayo de imbricación entre las finanzas con problemáticas referentes a la sostenibilidad. Nuevamente, no se trata de un excepcionalísimo de la región, sino de un fenómeno de alcance internacional con réplicas significativas al encumbrarse, algunas de ellas, en las máximas esferas político-decisionales.

Si bien los mercados alrededor de las finanzas sostenibles crecieron incesantemente en términos de abordaje normativo-institucional y de volumen de operaciones y actores involucrados, lo cierto es que siguen presentándose como una fracción reducida del sistema financiero de la región. Para la superación de tal circunstancia, se requiere extender y profundizar la educación financiera desde una mirada superadora de las cosmovisiones ortodoxas y atenta a las urgencias y necesidades acarreadas por la convergencia de crisis en el contexto de hogaño. En este marco, se entiende que el desarrollo de los mercados de finanzas sostenibles no se produce solamente con la edificación de un corpus normativo-institucional que auspicie la emisión de un mayor número de instrumentos innovadores, sino en el crecimiento de la cifra de actores involucrados o comprometidos en el entrecruce de las finanzas y la agenda de sostenibilidad. Por otra parte, se repara en la necesidad de subvertir el escaso seguimiento de indicadores en torno a las operaciones sostenibles, especialmente en el ámbito bancario. En paralelo a estos esfuerzos necesariamente compartidos entre todos los actores del ecosistema, se entiende que los decisores político-económicos deberían reforzar iniciativas impositivas, las cuales fomenten las inversiones en activos con impacto ambiental, social y de gobernanza. Del mismo modo, deberían redoblar esfuerzos por llevar adelante estrategias político-económicas de concertación y cooperación para impulsar el desarrollo e integración de mercados financieros sostenibles.

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[1] Estos criterios son igualmente referenciados como ESG, en conformidad con sus siglas en inglés.

[2] Sin ánimo ni posibilidades de ahondar en este marco, se advierte que tal proceso de gravitación creciente de los asuntos ambientales y de desarrollo en la arena global quedó cristalizado en la adopción de diversos instrumentos multilaterales durante el bienio 2015-2016. Concretamente, se hace referencia a el Acuerdo de Addis Abeba para la Financiación del Desarrollo Sostenible; el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), el Acuerdo de París dentro la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en la Asamblea General de Naciones Unidas (Sanahuja, 2015; Bueno, 2016). 

[3] Acuñado seminalmente por Morin y Kern (1999), el término policrisis da cuenta de una coyuntura signada por la convergencia caótica de crisis de diverso orden. Tal como marcan Rakowski et al. (2024), la concurrencia de crisis que interactúan y refuerzan entre sí quedó manifestada durante el último lustro tras el estallido de pandemia de COVID-19, la sucesión incremental de fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático, guerras nuevas y en curso, trastornos en los mercados alimentarios mundiales tras la invasión rusa de Ucrania y rápidos cambios políticos en los regímenes democráticos.

[4] A los fines de la precisión conceptual, y lejanos en propósito a abrir debates teórico-conceptuales, abordados, por cierto, en los capítulos precedentes, resulta pertinente distinguir la noción de finanzas sostenibles de otras que suelen ser recurrentemente concebidas —de modo erróneo— como equivalentes. En continuidad con las formulaciones arriba ensayadas, se sostiene que las finanzas sostenibles remiten al complejo normativo y de activos financieros dedicados al financiamiento de actividades promotoras del desarrollo sostenible conforme la definición canónica de la Comisión Brundtland (WCED, 1987) y, muy particularmente, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Sach et al., 2019). Por su lado, las finanzas verdes pueden ser consideradas como un tipo específico de las finanzas sostenibles centrado en la capitalización de proyectos con impactos ambientales positivos ciertos, en especial, de aquellos orientados a la transición hacia un orden socioeconómico poscarbónico (UNEP, 2016). Por último, las finanzas climáticas dan cuenta del entramado de instituciones, transacciones y activos gestados en torno a la canalización de recursos financieros alrededor de los diferentes tipos de acciones inscriptas en la lucha contra el cambio climático, a saber: mitigación, adaptación, pérdidas y daños (Dziwok y Jäger, 2024).

[5] Para mapeos con mayor grado de detalle y comprehensión —aunque algo desactualizados ya—, se recomienda Frisari et al. (2020) y Lopez García (2021).

[6] No son pocos quienes vinculan este carácter vanguardista de Brasil en materia de las finanzas sostenibles al hecho de haber operado como anfitrión de la Cumbre de la Tierra en 1992, instancia en la cual emanaron instrumentos multilaterales claves en materia de sostenibilidad, tales el Programa 21, la Declaración de Río y la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la ya mencionada CMNUCC.

[7] Tal como se mencionará en algunos casos que siguen, varias autoridades monetarias de países latinoamericanos se sumaron a esta red. A continuación, los países de América Latina y el Caribe que participan en la NGFS al cierre de la presente publicación (noviembre de 2025), los países de América Latina y el Caribe que participan de la NGFS a través de sus instituciones monetarias: Argentina, Bardados, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Ecuador, Uruguay, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

[8] Concretamente, López García (2021) refiere la realización en 2001 de dos mesas redondas sobre finanzas sostenibles impulsada por UNEP FI en la que participaron representantes del sector.

[9] No debe descuidarse, en este marco, que esta primera emisión soberana de bono verde se enmarcó en la presidencia pro tempore del país de la COP25, cumbre que debió realizarse en Madrid durante diciembre de 2019 como consecuencia de la crisis político-social desatada por aquellos meses. Al margen de ello, se considera pertinente agregar que, además de Chile, Colombia y Uruguay emitieron títulos soberanos bajo la rúbrica ASG. Costa Rica puede concebirse dentro de esta partida al considerarse una serie de colocaciones del Banco de Costa Rica (BCR) auspiciadas por la CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—.