AUSPICIANTES

Los lectores de este libro ya saben perfectamente la importancia de la sostenibilidad en la gestión de cualquier organización, pero ¿qué tiene de particular la industria financiera? ¿Por qué la gestión de una entidad en este sector es diferente?

Para comenzar, una primera respuesta podría ser que, efectivamente, no es diferente, que la gestión de una entidad financiera no es distinta a cualquier empresa, porque tenemos stakeholders similares, procesos de operación como cualquier empresa, recursos humanos, impacto en la comunidad y el ambiente y otros temas que normalmente vemos en cualquier entidad.

Sin embargo, aunque esto es cierto y la gestión sostenible de un banco, compañía de seguros o fintech definitivamente debe considerar las mismas cuestiones que otro tipo de empresas, hay en realidad dos temas muy relevantes que las diferencian:

• La importancia de la gestión de riesgos: la gestión de fondos, tanto de depósitos de un banco como de recursos de respaldo de riesgos (como en el caso de los seguros) son temas que afectan la estabilidad en una economía completa. Los recursos de millones de personas están depositados y son administrados por estas entidades y, por lo tanto, cómo ellas gestionan riesgos es clave. Muchas de las grandes crisis financieras en la historia económica mundial se originaron en problemas de gestión de riesgos en el sistema financiero.

Entonces, como se gestionan estos riesgos es clave, no sólo para la entidad y sus accionistas, sino para toda la comunidad. Y entre estos riesgos, definitivamente, los ambientales y sociales son fundamentales, aunque debemos decir que hasta hace un tiempo no eran tenidos en cuenta y aún muchas entidades no tienen un marco de trabajo consolidado en el tema, como sí lo tienen en otros aspectos de la gestión de riesgos (plazo, moneda, diversificación), donde sí son muy sólidas y avanzadas.

Mas adelante profundizamos en esto, pero para iniciar con un ejemplo, ¿qué pasa si tengo parte de mi cartera en un sector productivo que puede ser afectado por cambios relacionados con este tema? Muchos exportadores de productos, por ejemplo, en Argentina quedaron sumamente expuestos a “quedar fuera del mercado” por no cumplir con estándares o regulaciones de protección social y ambiental, lo cual es una tendencia creciente y positiva a nivel global, pero que podría generarle grandes pérdidas a una entidad financiera que no haya previsto cómo gestionar esto.

• El impacto positivo del financiamiento: además de riesgos, cuando se asignan recursos financieros, por ejemplo, al otorgar préstamos o comprar bonos o títulos de empresas, podemos impactar positivamente en el ambiente y la comunidad. Más allá de iniciativas específicas, como la inversión de impacto y la banca ética, que son herramientas que se organizan para financiar actividades específicamente positivas (por ejemplo, acceso al crédito a pequeños productores, agricultura sostenible, energías renovables, entre otras), hay un rol mucho más amplio de la banca en general. Existe la posibilidad de generar financiamiento para inversiones clave, que permitan reducir emisiones o residuos en sectores económicos completos, y dar acceso a emprendedores y sectores que favorecen el desarrollo sostenible a un fondeo que les permita escalar iniciativas muy positivas.

Para ambos temas las entidades financieras deben prepararse. Los modelos habituales deben ser analizados y potenciados para llegar a nuevas oportunidades y capturar nuevos indicadores de impacto. No es un proceso fácil, no se trata de tomar un curso o emitir un bono verde solamente, sino de incluir estos riesgos y oportunidades en la estrategia y gestionarlos hasta lograr la excelencia.

Integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la gestión de riesgo crediticio

Empecemos por los riesgos, las instituciones financieras (IF) han avanzado en los últimos años en la integración de criterios ASG en la gestión del riesgo crediticio. Esto implica que, además de evaluar los riesgos tradicionales (riesgo de crédito, mercado, liquidez), evalúan también la exposición de sus deudores y portafolios a riesgos ambientales y sociales (A&S). Es decir, se evalúan las posibles consecuencias negativas de un proyecto que pueden afectar al ambiente y a las comunidades, porque pueden resultar en pérdidas materiales o reputacionales y afectar la capacidad de repago de los clientes.

Entre los beneficios de gestionar los riesgos A&S se destacan: el acceso a nuevas oportunidades de fondeo internacional, la reducción de los riesgos de mora e impago, la mejora en la imagen de la institución y la generación de nuevos negocios.

Para ello, las IF han implementado sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales (SARAS). Estos establecen los compromisos, políticas, procedimientos, herramientas y capacidad interna para identificar, evaluar, mitigar y monitorear oportunamente los riesgos socioambientales de su portafolio, al mismo tiempo que se maximizan las oportunidades de beneficio ambiental y social. Buscan garantizar el cumplimiento de la legislación nacional y la alineación con los estándares ambientales y sociales adoptados, fortalecer la reputación de la institución ante clientes, inversionistas y partes interesadas por su desempeño socioambiental, y fomentar una cultura de conciencia y gestión sostenible dentro de las áreas técnicas para orientar de manera responsable el financiamiento de inversiones.[1]

Imagen 1. Administración de riesgos ambientales y sociales en instituciones financieras[2]

En la región de América Latina y el Caribe, los mayores avances para integrar los criterios ASG y los SARAS en la industria financiera se dan en diversos países que regulan o exigen la gestión de riesgos ambientales y sociales en el crédito. En materia de iniciativas regulatorias y de supervisión, los países de América Latina y el Caribe pueden agruparse en tres grandes categorías: (i) aquellos que ya han implementado regulaciones formales para la gestión de los riesgos ASG, (ii) aquellos que han puesto en marcha o se encuentran en proceso de aplicar medidas de supervisión en la materia, y (iii) aquellos donde las acciones son impulsadas principalmente por el sector privado a través de prácticas de autorregulación o acuerdos voluntarios dentro del sistema financiero.

Entre los países con regulaciones se destaca Brasil, cuyo Banco Central y el Consejo Monetario Nacional (CMN) han impulsado regulaciones que requieren que las instituciones financieras gestionen riesgos ambientales, sociales y de transición. Otro de los pioneros es Perú, cuya Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ya en 2015 exigía que las entidades que realicen project finance o crédito corporativo de cierto monto lleven a cabo la debida diligencia social y ambiental. Por su parte, en Paraguay se destacan dos regulaciones clave del Banco Central del Paraguay (BCP). La primera es para la gestión de riesgos ambientales y sociales para las entidades reguladas y supervisadas por el BCP, que exige a las entidades financieras la incorporación de sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales en sus carteras de crédito para identificar, medir y mitigar los impactos y pasivos vinculados a factores A&S. La segunda regula la gestión de los riesgos financieros relacionados con el clima. Por último, en Colombia la Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 015 de 2025, que instruye a las entidades vigiladas a identificar y gestionar los riesgos ambientales, sociales y climáticos en sus operaciones de crédito.

Por otra parte, en materia de divulgación de información sobre los riesgos socioambientales, debe notarse que la región aún está relegada en comparación a los líderes del mercado. Una encuesta reciente arrojó que en 2024 las empresas latinoamericanas se encontraban entre las menos propensas a reportar información sobre los riesgos climáticos, sociales y de gobernanza. Según los resultados, el 42% de las encuestadas publica material sobre riesgos climáticos, un 39% sobre riesgos de gobernanza y un 37% sobre riesgos sociales. Mientras que para el caso de la región norteamericana, los resultados ascienden a un 88% que informa sobre riesgos climáticos, y un 86% sobre riesgos de gobernanza y riesgos sociales.[4]

Gráfico 1. Empresas que reportan riesgos climáticos, sociales y de gobernanza por región.

Por su parte, en Argentina iniciativas como el Protocolo de Finanzas Sostenibles (PFS) de la industria bancaria, que agrupa a 37 IF adherentes del país, que representan el 94,4 % de la participación del mercado de préstamos, han impulsado la gestión de los riesgos A&S. El PFS incluye, entre sus cuatro pilares estratégicos, el análisis de riesgos ambientales y sociales, de cambio climático y de biodiversidad. Este pilar busca fortalecer los sistemas de análisis de riesgo de crédito e inversión mediante la incorporación o mejora de herramientas que permitan identificar y gestionar los riesgos y costos ambientales, sociales, climáticos y de biodiversidad asociados a las actividades y proyectos financiados. Su aplicación busca promover que las empresas y sus cadenas de valor reduzcan o eliminen los posibles impactos negativos de sus operaciones sobre el entorno y las comunidades, y que protejan, especialmente, a aquellas que puedan ser más vulnerables a las prácticas del negocio. En este contexto, desde el PFS se ha impulsado la preparación de una guía para la implementación de SARAS en entidades bancarias de Argentina.[5] Cabe destacar que, la mitad de las IF adheridas comunica ya tener implementado o estar en proceso de implementación de un SARAS o sistemas equivalentes.

Es fundamental que las instituciones financieras que aún no incorporan los riesgos ambientales y sociales en sus procesos crediticios comiencen a hacerlo, especialmente considerando la extensión del país, la diversidad de sus geografías y la alta exposición a estos riesgos de sectores económicos clave para el desarrollo, como el agropecuario. Según el Banco Mundial, solo las inundaciones generan pérdidas anuales promedio de activos entre 500 millones y 1.400 millones de dólares, cifra que podría incrementarse en un 125% debido al cambio climático. De mantenerse esta tendencia, para 2050 el PIB nacional podría reducirse hasta un 5% y los ingresos fiscales un 10%, en comparación con un escenario sin cambio climático.[6]

En este contexto, se hace recomendable evaluar cómo se van desarrollando regulaciones que establezcan un marco claro para la gestión de los riesgos ambientales y sociales en el financiamiento y que promuevan medidas efectivas para su mitigación.

Oportunidades: cómo los bancos pueden impulsar cambios.

Ya pensando no solo en riesgos, sino también en oportunidades, es clave entender que se vienen cambios en los modos de vida y producción de empresas e individuos y, por lo tanto, muchas necesidades de financiamiento, que serán la banca y el mercado de capitales quienes deberán atenderla.

En un proyecto financiado por la cooperación británica UK Pact Green Recovery Challenge Fund[7] nos tocó, desde SMS Latinoamérica, realizar un mapeo de oportunidades de financiamiento para actividades verdes e inclusivas a través del desarrollo de productos de créditos sostenibles en ocho provincias de Argentina para ocho IF (entre bancarias y no bancarias). El estudio identificó 90 oportunidades concretas de inversión sostenible, entre los 170 y 570 millones de dólares de inversión en cada provincia. Esto evidencia que existe una amplia gama de oportunidades de inversión sostenible por más de 2.200 millones de dólares, con un monto promedio aproximado por oportunidad de 270.000 dólares, entre los que se destacan los sectores agropecuario (42% de los casos), construcción (21%), industrial (16%) y energías renovables (14%), destinadas principalmente a la eficiencia hídrica, energética o térmica, a refacciones y construcciones sustentables, generación de energía, tratamiento de residuos y efluentes, entre otros.

Dentro de estos temas, sin dudas la transición energética toma relevancia. Se trata del proceso de transformación del modelo actual de producción, distribución y consumo de energía, basado en combustibles fósiles, hacia un sistema sustentable, resiliente y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Implica sustituir progresivamente las fuentes no renovables por energías limpias, mejorar la eficiencia energética, electrificar el transporte e impulsar la innovación tecnológica en sectores productivos. Esta transición no solo es ambientalmente necesaria, sino también estratégica, ya que permite reducir vulnerabilidades frente a la volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos y fortalecer la seguridad energética.

En Argentina, según el Inventario nacional de gases de efecto invernadero 2022, la mitad de las emisiones nacionales proviene del consumo de energía, mientras que el 88% de la matriz energética proviene de fuentes de origen fósil, principalmente petróleo y gas natural. En este contexto, en 2023 fue publicado el Plan nacional de transición energética a 2030,[8] en el cual se identifican objetivos específicos para el sector de energía, que incluyen la reducción de la demanda de energía de, al menos, un 8% mediante medidas de eficiencia y uso responsable, y se pretende exceder el 50% de generación eléctrica a partir de fuentes de energías renovables para 2030.

Por su parte, las IF pueden convertirse en catalizadoras de la transición energética. Entre sus ejes de acción se destacan el desarrollo de productos financieros verdes o sostenibles específicos y estrategias para apoyar medidas en sectores tradicionales. Asimismo, mediante el acceso a fondeo climático internacional pueden canalizar recursos destinados a las energías renovables y eficiencia energética, así como obtener asistencia técnica para una exitosa colocación, que aseguren el cumplimiento con las mejores prácticas y el financiamiento de medidas con un impacto significativo y medible.

Una de las primeras formas en que las IF pueden impulsar la transición energética es mediante la creación de líneas de crédito etiquetadas como “verdes” o “sostenibles”, que asignan los fondos a inversiones en proyectos con impacto en energías renovables o de eficiencia energética. Entre los beneficios que tienen estas líneas se destacan que permiten a las IF identificar y promocionar inversiones en proyectos con menor huella climática, lo cual incentiva la generación de nuevos negocios alineados con la transición y los objetivos nacionales. Además, ayudan a capacitar a la entidad financiera en nuevos productos, criterios y mejores prácticas en la evaluación de impactos ambientales y climáticos. Por último, les permiten posicionarse en la materia y acceder a nuevas fuentes de financiamiento, incluyendo el fondeo climático internacional.

Para las IF, el proceso de diseño e implementación de líneas verdes o sostenibles abarca desde el establecimiento de criterios de elegibilidad (por ejemplo, mediante la creación de listas positivas de tecnologías e inversiones elegibles), metodologías de medición de impacto (como indicadores para medir la reducción de emisiones de GEI o el ahorro energético), seguimiento y reporte transparente, y mecanismos de monitoreo.

Actualmente, gran parte de los bancos públicos y privados en Argentina han lanzado líneas destinadas a eficiencia energética, generación distribuida y movilidad sostenible. Un ejemplo a nivel nacional es el Banco de la Nación Argentina, el cual ofrece programas para reconversión y eficiencia energética con productos para hogares y empresas[9] (plazos y tasas diferenciales según segmento), orientados a la compra de equipos eficientes y a inversiones productivas que reduzcan consumo y emisiones. Asimismo, los destinos o tipos de inversión más comunes financiados a través de las líneas de crédito verdes o sostenibles de los bancos corresponden a proyectos o bienes de energías renovables y eficiencia energética.

Una oportunidad de financiación para las IF radica en el acompañamiento a la transformación de los sectores tradicionales y con altas emisiones. La transición en Argentina implica reconvertir industrias intensivas en energía (agroindustria, siderurgia ligera, cementeras, transporte de carga) mediante la implementación de medidas de eficiencia, tales como la modernización de máquinas, equipos y procesos, la reconversión de calderas y sistemas térmicos, la instalación de sistemas fotovoltaicos o eólicos para autoconsumo, la renovación de flotas hacia vehículos eléctricos o híbridos, la mejora de la eficiencia energética en edificaciones industriales y comerciales, y el desarrollo de soluciones de almacenamiento y gestión inteligente de la energía. Estas inversiones no solo contribuyen a reducir las emisiones, sino que también mejoran la competitividad y resiliencia de los sectores productivos frente a los cambios regulatorios y aumentos en los costos de la energía.

En cuanto a los criterios para determinar si una inversión puede ser considerada “de transición”, se recomienda que cumpla con una serie de elementos que aseguren su alineación con los objetivos climáticos globales. En primer lugar, debe estar respaldada por una estrategia de transición climática y una gobernanza sólida por parte del emisor, orientada a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en coherencia con el Acuerdo de París. En segundo lugar, la materialidad ambiental del modelo de negocio debe ser significativa, es decir, la estrategia de transición debe centrarse en los segmentos de la actividad del emisor con mayor impacto ambiental y considerar los escenarios futuros que puedan modificar dicha materialidad.[10]

Ahora bien, las inversiones necesarias para la transición energética varían según el sector y la empresa. Por lo que las IF deben, inicialmente, relevar cuáles son las necesidades de inversión de sus principales clientes que cumplan con las condiciones de elegibilidad. Esto les permitirá diseñar líneas de crédito adaptadas al contexto local y sus necesidades, factibles de ser colocadas y, a su vez, que cumplan con los estándares internacionales requeridos por los fondeadores.

Por último, los bancos multilaterales, los fondos de inversión verdes o climáticos, y la emisión de bonos verdes y sostenibles representan una oportunidad para el financiamiento de las líneas de crédito destinadas a eficiencia energética y energías renovables. Esto puede permitir a las IF brindar condiciones favorables en tasas o plazos que faciliten la inversión en este tipo de proyectos. Además, la colaboración con organismos multilaterales y fondos especializados puede aportar conocimiento, herramientas y asistencia para el desarrollo e implementación de las líneas.

Rentabilidad y sostenibilidad: evidencia de retornos financieros en inversiones verdes

En la última década, la relación entre rentabilidad financiera y sostenibilidad ha adquirido un interés creciente entre los actores que intervienen en los mercados de capitales. La pregunta central es si financiar proyectos con impacto ambiental o social positivo puede traducirse en mejores condiciones de financiamiento para quien busca financiarse, es decir, si existe una “prima verde” o greenium.

El término greenium se emplea para describir la diferencia (habitualmente negativa para quien se financia) en el costo de financiamiento entre un bono o instrumento etiquetado (como verde, social, sostenible o vinculado a un objetivo de sostenibilidad), y otro convencional comparable del mismo emisor, misma categoría de riesgo y mismo vencimiento. Una prima verde significativa implicaría que el mercado acepta rendimientos menores, o diferenciales de tasa más favorables, para instrumentos etiquetados, lo que equivaldría a un menor costo de capital para quien contrae la deuda.

Entonces, ¿sale más barato financiarse con estos instrumentos? ¿el mercado lo paga? ¿qué dice la evidencia? Diversos estudios exploran si los emisores de bonos verdes, por ejemplo, realmente pagan una tasa menor. En un análisis global de cerca de 2.000 bonos verdes frente a unos 180.000 convencionales, se encontró que el rendimiento promedio para bonos verdes era entre 15 y 20 puntos básicos (bps) menor que para los convencionales. Otro trabajo del Banco Central Europeo amplía ese análisis para la zona euro y concluye que, efectivamente, existe un descuento de rendimiento para bonos verdes creíbles (es decir, aquellos con certificación, reporte externo y marco de uso de fondos sólido), aunque la magnitud depende fuertemente de la calidad del emisor, la liquidez y el contexto del mercado.[13] En el ámbito soberano, sin embargo, la ventaja parece mucho más tenue.[14] Estudios de la zona euro indican que, en bonos soberanos verdes, la reducción del costo no es clara o está prácticamente ausente.

Estas evidencias a nivel internacional permiten concluir que, efectivamente, existe una prima verde en ciertos segmentos del mercado (principalmente emisores corporativos de grado de inversión en mercados desarrollados), pero esa ventaja no es universal ni garantizada. Además, algunas investigaciones alertan que dicha prima tiende a disminuir con el tiempo a medida que el mercado verde se desarrolla y la oferta crece.[16]

En economías emergentes y en desarrollo, la evidencia es mucho más heterogénea. En América Latina, particularmente, los estudios sugieren que el greenium es incipiente, donde, aunque el mercado de bonos verdes o sostenibles ha crecido, aún no se observan primas claras y sostenidas.[17] Según un informe del BID, la emisión de instrumentos verdes o sostenibles en la región ha estado más asociada al acceso a nuevos inversores, a beneficios reputacionales y a la posibilidad de fondearse a través de organismos multilaterales, que a una reducción efectiva en el costo financiero.[18] Algo similar ocurre en Argentina, donde la evidencia empírica sobre una prima verde aún es limitada, pero las emisiones temáticas permiten diversificar fuentes y fortalecer la imagen institucional.

Finalmente, el financiamiento sostenible no se limita al mercado de capitales. En el mercado crediticio también se observa una tendencia creciente hacia los préstamos verdes o vinculados a sostenibilidad, donde la tasa de interés puede ajustarse en función del cumplimiento de metas ambientales o sociales. Bancos comerciales y de desarrollo (como BID Invest o CAF) promueven activamente este tipo de líneas, muchas veces bajo esquemas concesionales o con garantías y estructuras más favorables que reconocen el impacto positivo de los proyectos. Más allá de una eventual mejora en la tasa, estos instrumentos ofrecen beneficios adicionales: amplían la base de inversores y acreedores al atraer fondos institucionales con mandatos ESG y bancos con políticas de riesgo ambiental más estrictas; y fortalecen la gestión interna al exigir marcos de transparencia, reporte y seguimiento que mejoran el perfil reputacional y regulatorio del emisor.

En conclusión, la evidencia muestra que la sostenibilidad puede ser rentable no solo en términos financieros directos, sino también estratégicos. Aunque la existencia del greenium varía según el mercado y el tipo de emisor o acreedor, las ventajas reputacionales, regulatorias y de acceso al capital otorgan un valor creciente a los instrumentos vinculados a impacto positivo. La relación entre rentabilidad y sostenibilidad es cada vez menos un dilema y más una oportunidad.

Casos de éxito de bancos que han incorporado modelos de financiamiento sostenible

Como venimos viendo, los bancos desempeñan un rol estratégico en la transición hacia economías más sostenibles. No solo canalizan ahorro hacia inversión, sino que diseñan productos y marcos que definen qué proyectos son financiables, para orientar así el comportamiento del mercado.

A continuación, se presentan tres experiencias latinoamericanas de referencia que ilustran modelos distintos (banca comercial con etiqueta sostenible, emisión de bonos vinculados a metas, y banca de desarrollo como catalizadora) junto con una breve mención del contexto argentino, para extraer lecciones aplicables en mercados emergentes.

BAC (Banco de América Central) – Guatemala: BAC diseñó y publicó un Marco de financiamiento sostenible que define criterios para identificar proyectos elegibles y que le sirvió de base para un primer programa de bonos sostenibles, cuya primera operación por 140 millones de dólares contó con el apoyo de organismos internacionales, como BID Invest, Proparco y el fondo LAGreen.[20] Esto le permitió al banco ampliar su financiamiento a largo plazo para carteras sociales y ambientales, además de fortalecer su gobernanza en sostenibilidad y su oferta para pymes, emprendimientos liderados por mujeres e inclusión financiera, al mismo tiempo que financian proyectos verdes en un país con alta vulnerabilidad climática. Este caso muestra cómo un marco institucional claro y el respaldo de bancos multilaterales pueden facilitar la emisión y la asignación de recursos con impacto.

Bancolombia – Colombia:[21] Bancolombia fue pionero en la región al estructurar y emitir un bono vinculado a la sostenibilidad (sustainability-linked bond) cuyo diseño incluyó indicadores clave (KPI) y metas verificables sobre inclusión financiera y descarbonización de cartera. El proceso destaca por orientar el cumplimiento de objetivos corporativos hacia una reducción real de impactos, que se alinea con los principios de la International Capital Markets Association (ICMA), y combina disciplina interna y señales de mercado. Además de asegurar un instrumento innovador, Bancolombia logró integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio, mejorar su perfil de riesgo y reputación, y alinear incentivos de gestión con resultados ambientales y sociales verificables.

Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) – Paraguay:[23] como banco público de segundo piso, AFD adoptó un Marco de bonos sostenibles (incluyendo emisiones etiquetadas como Bonos ODS) con el objetivo de financiar proyectos con impacto social y ambiental. El rol de AFD es especialmente relevante en mercados de menor profundidad, ya que actúa como catalizador (mediante asistencia técnica, estandarización de marcos y emisiones tempranas) para crear referencia de precios, demostrar demanda y reducir barreras para que intermediarios privados repliquen productos sostenibles. Esta experiencia subraya el potencial de las instituciones de desarrollo para sembrar mercado local y facilitar el desarrollo de herramientas financieras con impacto.[24]

En Argentina, aunque la profundidad del mercado de deuda sostenible es aún limitada, la consolidación de un ecosistema de finanzas sostenibles avanza por la vía regulatoria y de buenas prácticas. Este es el caso de la coordinación entre entidades financieras, como el Protocolo de Finanzas Sostenibles, ya mencionado en otras secciones de este capítulo. Esta iniciativa voluntaria renovada recientemente, propone principios y compromisos para incorporar criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza en la operativa bancaria, y facilita la adopción de marcos y reportes alineados con estándares internacionales.[25] Su difusión contribuye a homogeneizar prácticas y a mejorar la comparabilidad y credibilidad en el mercado local.

Lecciones y desafíos. De los casos analizados surgen componentes replicables, aunque también persisten desafíos, tales como la profundidad y liquidez de los mercados locales, la capacidad de monitoreo de impactos, y la necesidad de regulación e incentivos que permitan que la sostenibilidad se traduzca en mejores condiciones de financiamiento (menores tasas) de forma consistente.

Los casos de BAC, Bancolombia y AFD muestran que los bancos pueden combinar innovación de producto, gobernanza y colaboración pública-privada para movilizar capital hacia iniciativas sostenibles. En contextos como el argentino, donde el Protocolo de Finanzas Sostenibles y otras iniciativas ya sientan las bases, el siguiente paso será que esas experiencias se traduzcan en diversificación de inversores internacionales, estándares operativos, y en una mayor oferta de productos que reduzcan los costos reales de la transición.

 

 

[1] Braly-Cartillier, I., Gavilanez Muñoz, J., Calvo, R., & Cottle, V. (2021). Guía para el diseño de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) para instituciones financieras en América Latina y el Caribe. BID. Disponible en: https://doi.org/10.18235/0003608

[2] Presentación de IFC (2025). Green Banking Webinar Series #30 – Riesgos E&S en la Banca: Alineando los SARAS con estándares globales. IFC-GBAC Green Banking Academy. Enlace: https://www.ifc.org/en/what-we-do/sector-expertise/financial-institutions/climate-finance/gbac-espanola. Disponible en su canal oficial de YouTube.

[3] Frisari, G. L., Monnin, P., Nakano, C., Cárdenas, V., Gallardo, M. (2019). Climate Risk and Financial Systems of Latin America: Regulatory, Supervisory and Industry Practices in the Region and Beyond. Inter-American Development Bank. Disponible en: https://doi.org/10.18235/0002046

[4] KPMG. (2024). The Move to Mandatory Reporting. Survey of Sustainability Reporting 2024. KPMG. Disponible en: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/xx/pdf/2024/11/the-move-to-mandatory-reporting-web-copy.pdf.coredownload.inline.pdf

[5] Protocolo de finanzas sostenibles. (s. f.). Protocolo de finanzas sostenibles. Disponible en: https://www.protocolofinanzassostenibles.com.ar/

[6] Banco Mundial. (2021). Impactos de las crisis climáticas en la pobreza y la macroeconomía en la Argentina. Banco Mundial. Disponible en https://documents1.worldbank.org/curated/en/121961624981444917/pdf/Argentina-Poverty-and-Macro-Economic-Impacts-of-Climate-Shocks.pdf

[7] UK Pact (s. f.). Fostering Green Finance in Argentina. UK Pact. Disponible en: https://www.ukpact.co.uk/case-studies/creating-new-sources-of-sustainable-financing-in-argentina

[8] Ministerio de Economía. (2023). Plan nacional de transición energética a 2030. Ministerio de Economía. Disponible en https://www.energiaestrategica.com/wp-content/uploads/2023/07/Plan-Transicion-Energetica-ARG-2030.pdf

[9] Banco de la Nación Argentina (2024). El BNA y la Secretaría de Energía lanzan un Programa de financiamiento para incentivar la eficiencia energética en hogares y empresas. BNA. Disponible en https://prensa.bna.com.ar/ProgramadeReconversionyEficienciaEnergetica

[10] International Capital Market Association. (2023). Climate Transition Finance Handbook. International Capital Market Association. Disponible en https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2023-updates/Climate-Transition-Finance-Handbook-CTFH-June-2023-220623v2.pdf

[11] Flammer, C. (2020). Drivers of Green Bond Issuance and New Evidence on the Greenium. Review of Corporate Finance, Springer. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s40822-020-00165-y

[12] De Haas, R., Popov, A. (2022). “Pricing of Green Bonds: Drivers and Dynamics of the Greenium”. European Central Bank. Disponible en: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2728~7baba8097e.en.pdf

[13] Harrison, C. (2023). Green Bond Pricing in the Primary Market H1 2023. Climate Bonds Initiative. Disponible en: https://www.climatebonds.net/files/documents/publications/Green-Bond-Pricing-Paper-H1-2023.pdf

[14] Ando, S., Fu, C., Roch, F., Wiriadinata, U. (2023). How Large is the Sovereign Greenium? IMF Working Papers. Disponible en: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2023/English/wpiea2023080-print-pdf.ashx

[15] Bruegel. (2022). Greeniums in Sovereign Bond Markets. Working Paper 17/2022. Disponible en: https://www.bruegel.org/system/files/2022-09/WP%2017.pdf

[16] Meyer, S. Henide, K. (2021). Searching for ‘Greenium’ – Evidence of a green pricing premium in the secondary Euro-denominated investment grade corporate bond market. IHS Markit. Disponible en: https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/Public-research/Greenium-whitepaper-110521.pdf

[17] Responsible Alpha. (2024). Latin American Investors and Green Bonds. Responsible Alpha. Disponible en: https://www.responsiblealpha.com/_files/ugd/0248cc_a9612b4e494a4dd4abeb5f966925c00a.pdf

[18] Blackman, A., Cavallo, E., Hoffmann, B., Vogt-Schilb, A (2025). Peril and Promise. Tackling Climate Change in Latin America and the Caribbean. IDB. Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/english/viewer/Peril-and-Promise-Tackling-Climate-Change-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf

[19] BAC Guatemala. https://www.baccredomatic.com/es-gt/nuestra-empresa/sostenibilidad

[20] Emisión de BAC Guatemala. https://www.baccredomatic.com/sites/default/files/2025-06/BAC%20GUA%20EMISION.pdf

[21] Bancolombia. (s. f.). Sostenibilidad. Grupo Bancolombia. Disponible en: https://www.grupobancolombia.com/sostenibilidad

[22] SLB Bancolombia. https://idbinvest.org/en/news-media/idb-invest-bancolombia-announce-regions-first-sustainability-linked-bond-issued-bank

[23] Agencia Financiera de Desarrollo. (s. f.). Emisiones de bonos. AFD. Disponible en: https://www.afd.gov.py/emisiones-bonos

[24] Agencia Financiera de Desarrollo. (2023). Marco de bonos sostenibles. AFD. https://www.afd.gov.py/archivos/transparencia/emisiones-de-bonos/Bonos_Sostenibles/01%20-%20Marco%20Bonos%20Sostenibles.pdf

[25] Banco de la Nación Argentina. (s. f.). Protocolo de Finanzas Sostenibles. Disponible en: https://www.bna.com.ar/Downloads/ProtocoloDeFinanzasSostenibles.pdf