Registró un déficit técnico de más de 50 mil millones de pesos en 2015

La relación decreciente entre aportantes y pasivos como consecuencia del aumento en la esperanza de vida y la ampliación de la cobertura, la falta de aportes suficientes y la mezcla en las fuentes de fondeo obligan a reformular un sistema que hoy genera incertidumbre sobre las jubilaciones futuras y contribuye al elevado déficit fiscal.

La sanción de la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados puso de relieve los problemas de solvencia que arrastra el sistema previsional argentino e inició un debate sobre las reformas que se pueden introducir en el mismo.

“Hoy el sistema no es sostenible, porque promete haberes que este nivel de aportes no logra financiar. Por lo tanto, requiere muchos aportes de recursos que no son contributivos. Y, en la medida en que se toman de rentas generales, siempre hay que hacer una elección entre educación, salud o el fin previsional”, explicó Oscar Cetrángolo, integrante del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires.

Según el economista, hoy el aporte promedio del salario es del 22 al 23%, según la empresa, y hay 1,3 aportantes por cada jubilado: “Esto significa que el sistema puede pagar un haber que es el 30% del salario medio, pero promete entre un 60 y 70% y la sociedad espera un 82%. Ahí juegan los recursos tributarios de asignaciones específicas (11% del IVA y 20% de Ganancias) pero son decrecientes y requieren una reforma del sistema, y lo que queda del 15% de coparticipación, que se devuelve en cuotas de 3 puntos por año”.

La consecuencia de esto es un peso mayor sobre el ya abultado déficit fiscal. Es el Tesoro el que compensa el déficit técnico de Anses, que en 2015 fue de 51.776 millones de pesos y se viene incrementando en los últimos años.

Jorge Colina, jefe de Investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), coincidió en que “los aportes y contribuciones no son suficientes para el pago previsional. El financiamiento es de un 60% con aportes y contribuciones y 40% con otros impuestos. Los gastos crecen por encima de los ingresos desde hace muchos años. El sistema tiene que recibir recursos de otros impuestos, como IVA y Ganancias”.

El economista señaló que estos problemas se vieron agravados en la última década con la incorporación de la cobertura previsional de más de 2 millones de jubilados y el incremento en la litigiosidad asociada a la manipulación de la movilidad de haberes y la derivación de los recursos previsionales para financiar el déficit del sector público.

En la misma línea, Héctor Rubini, economista de la Universidad del Salvador, indicó que los resultados de Anses arrastran un déficit de caja previo a que se abandone el sistema estatal, de manera que necesita de impuestos coparticipables o partidas de presupuesto.
“El sistema previsional, con los aportes de las personas, no puede sostenerse. La alícuota es fija pero fluctúa con el empleo y la elusión de aportes obligatorios y se agrava en momentos recesivos. Es insostenible por la insuficiencia de aportes frente a los haberes que hay que pagar y por recurrir a los fondos de seguridad social para objetivos no previsionales. Esa brecha es la razón subyacente del fuerte endeudamiento público en los 90”.

Nuevos jubilados y nuevos juicios

La relación de la cantidad de pasivos sobre aportantes creció desde 0,67 en 2002 a 0,73 este año, según estimó Rubini en base a datos del Ministerio de Trabajo. El analista calcula que este año habrá 5,26 millones de jubilados y 1,6 millones de pensionados sobre una base de 9,4 millones de aportantes.

Esa situación deriva en un deterioro del fondeo, porque la cantidad de aportantes sobre pasivos se redujo desde 1,49 en 2002 a 1,37 este año. El deterioro no fue constante. El peso de los pasivos había logrado aliviarse en 2005, cuando había 2,06 aportantes sobre cada pasivo, pero el gobierno kirchnerista amplió la cobertura previsional hacia una población que no había completado los 30 años de aportes, al lanzar una moratoria para jubilados.

Según IDESA, entre 2005 y 2010 la proporción de adultos mayores que pasó a cobrar un beneficio previsional creció del 68 al 91%, lo que si bien tuvo un impacto distributivo importante, desfinanció el sistema.

“En los flujos del sistema previsional, los gastos corrientes sufrieron un cambio muy importante en 2005, cuando se incorporaron las moratorias que se fueron renovando y hoy hacen que haya 3,5 millones de jubilaciones sin aportes”, dijo Colina, quien advirtió que muchas de esas prestaciones, además, están duplicadas con jubilaciones que ya recibían, por ejemplo, de la esposa que accede a la pensión del marido.

La incorporación de beneficiarios sin aportes se considera un derecho adquirido y es irreversible. “Fue un aumento del 25% de nuevos beneficiarios y no sólo jubilatorios sino también de usuarios del PAMI, que ha tenido problemas serios con los prestadores. Genera complejidad para resolver con un aparato estatal ineficiente, exige más personal, más bocas de atención al público y más prestadores médicos. No deja de ser una fuente de ingresos y de actividad para los médicos, pero cuesta dinero. Cuando no alcanzan los aportes patronales hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento”, dijo Rubini.

En la Ley de Reparación Histórica que entró en vigencia, el Gobierno creó la pensión universal para adultos mayores, con un haber del 80% del mínimo, para las personas que no hayan aportado. “Eso es mejor que la moratoria, que le daba igual beneficio a la gente que sí hizo aportes. Es una solución más equitativa. Y deja de duplicar los beneficios, que es lo que sucedía con la moratoria”, dijo Colina.

“No me gustó la decisión de la moratoria en su momento pero era una solución imperfecta para la gente que no había aportado”, opinó Cetrángolo. “Hasta la nueva ley, había un sistema en el que si una persona no aportaba los 30 años su haber dependía de que en el futuro un gobierno estableciera una ley de emergencia para otra moratoria. La prestación básica universal elimina esa situación, pero se requiere de una reforma importante para que el sistema sea sostenible y financiable”.

El analista entiende que la nueva prestación básica universal tendría que escalonarse: “Un pilar de prestación básica y una prestación intermedia, con un subsidio estatal, para el que no logra cumplir los requisitos pero está cerca”.

Otro beneficio sin respaldo que arrastra el sistema son las pensiones no contributivas que otorga el Ministerio de Desarrollo Social pero que paga Anses, aunque no se financian con recursos del organismo previsional. Los expertos coincidieron en que convendría una administración presupuestaria más rígida y más clara.

Existe “mucha superposición entre beneficios contributivos y no contributivos. El financiamiento está mezclado y no se ve la sostenibilidad. Hay una mezcla de recursos de distintas fuentes y es difícil proyectar a futuro. Y los que aportan no están seguros de cuánto van a cobrar cuando se jubilen”, puntualizó Cetrángolo.

A esta situación se sumarán, de acuerdo a lo establecido por la nueva Ley de Reparación Histórica, los pagos de los juicios de los jubilados, producto de la manipulación de los índices de movilidad de los haberes, lo que derivará en un desembolso anual de 75 mil millones de pesos que se abonará con fondos del blanqueo y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

“Si uno tiene un activo y un pasivo y el pasivo crece a tasa mayor que el activo, conviene cancelar el pasivo. El FGS no vale mucho, porque la mayor parte de los recursos están prestados al propio Estado. No crece tanto como el valor de los juicios, porque éste, por los intereses y costas, crece más”, enfatizó Colina.

Crisis o reforma

Teniendo en cuenta el creciente deterioro del sistema previsional, los consultados coincidieron en la necesidad de reformarlo.

“La gente vive más, lo que exige ajustar la edad de jubilación o proporcionar el beneficio con la edad”, destacó Colina.

Según el economista, los movimientos demográficos y los avances de la medicina llevan a que crezca la expectativa de vida. Según la OMS, en 1990 había 1 mayor de 60 años cada 3 jóvenes menores de 20 años de edad, mientras que en la actualidad esa relación es de casi 1 a 1. Y para 2030 se proyecta que habrá 2 mayores de 60 años por cada joven menor de 20 años de edad. “El que se retira más tarde debería obtener más. Hay gente que prefiere seguir trabajando”, opinó.

Además, Colina consideró que “hay que incorporar al sistema previsional un sistema de ahorro voluntario. El sistema público tendría que concentrarse en dar cobertura a las personas de ingresos medios y bajos y que la gente de mayores niveles de ingresos haga aportes a un sistema privado de jubilación”.

“Esto le daría sostenibilidad al sistema público, al evitar utilizar un montón de recursos para pagar jubilaciones altas a gente de altos ingresos. Obtendrían jubilaciones según los ahorros de su vida”, agregó.

Para Rubini, si no se quiere abandonar el sistema de reparto habría que aumentar los aportes, la presión impositiva sobre los ocupados o la presión tributaria general para girar fondos al sistema. También, reducir el gasto público en otros rubros del presupuesto. O reducir los haberes jubilatorios. “Extender la edad jubilatoria puede tener sentido en actividades con menos morbilidad, menos accidentes de trabajo, menos enfermedades o riesgo de vida antes de los 60 años”.

El economista indicó que también se podría realizar una reforma jubilatoria que incorpore fondos privados: “Hay regímenes mixtos, como en Noruega, Suecia o Reino Unido, donde hay un pilar privado y un pilar público obligatorio”.

Para Cetrángolo, que la economía funcione bien y se reduzca la informalidad daría margen al Gobierno para hacer reformas porque, mientras se mantenga la informalidad, no aumentan los aportantes y cuesta pagar las jubilaciones: “Creo que hay que tener un sistema de reparto, pero tiene que ser sostenible. Si los activos financian a los pasivos, un sistema con déficit no es de reparto sino imperfecto. Hay que ver cuánto se puede recaudar. Por eso, es importante reducir la informalidad laboral”.

“No existe el sistema perfecto. Depende de la sociedad y lo que hace la dirigencia con el desarrollo del sistema, porque si una administración echa mano a los fondos previsionales para cubrir necesidades financieras de empresas públicas o provincias y municipios, el sistema pierde recursos y no hay más alternativas que captar deuda o emitir dinero contra pagares previsionales, como en los 80”, remarcó Rubini.