Los argentinos nos hemos a acostumbrado a vivir en un contexto absolutamente anormal, donde los funcionarios de los gobiernos de turno consideraban que eran mejores que uno para decidir sobre la propia vida y trabajo. Por ello, dejaron más de 70.000 regulaciones, la enorme mayoría absurda, con las que pretendieron ordenarnos cómo hacer las cosas “mejor”. Es decir, cómo se debía invertir, ahorrar, producir, redistribuir los recursos de los otros o quiénes iban a consumir y de qué forma. Por ello, el derecho de propiedad pasó a ser una ficción, a lo que se sumó un sistema impositivo que exprime a los ciudadanos y a la producción.
La idea de que el Estado podía gastar perseverantemente más de lo que le ingresa y el Banco Central emitir todo lo que aquel le demandase nos legó nueve cesaciones de pago, altísima inflación e incontables crisis. Lógico, al igual que nosotros, los gobiernos también quiebran cuando desmanejan sus finanzas, pero con la diferencia de que los costos los pagan los ciudadanos con debacles económicas.
En ese país que se empobrecía e iba de crisis en crisis, ahorrar en moneda extranjera se volvió una forma de sobrevivencia. Se invertía y se consumía menos para comprar divisas y cubrirse de la incertidumbre que generaban los gobiernos. En ese contexto, ¿cómo el poder adquisitivo del dólar no iba a ser altísimo respecto a todo lo local?
Sin embargo, lo normal es que la gente quiera tener el mayor bienestar posible y, para ello, trata de maximizar su consumo en el tiempo. Puede ser que ahorre, pero para poder gastar más en un futuro, no para estar cubierto para una potencial crisis.
Si el Gobierno continúa por el actual camino, cada vez nos vamos a parecer más a un país normal. La gente podrá planificar y, si quiere ahorrar, lo hará en los bancos o el mercado de capitales locales. Por lo tanto, la disponibilidad de crédito tenderá a aumentar consistentemente. Además, con un Gobierno que no gasta más de lo que le ingresa y sólo renueva el capital de su deuda, o aún menos, el aumento de la capacidad de financiamiento quedará para el sector privado. Por lo tanto, el negocio del sistema financiero volverá a ser financiar el consumo e inversión de la gente y las empresas, no al Estado en sus distintos niveles.
La estructura productiva se modificará. Muchos sectores no tendrán más la protección de restricciones a las importaciones o de un dólar cuyo poder adquisitivo doméstico es alto. Conclusión: deberán empezar a proveer mejores bienes y servicios a un mejor precio. Así que la gente podrá gastar más en otras cosas y, como además tendrán un nivel de ahorro normal, impulsarán un gran crecimiento en los sectores de servicios, que son grandes demandantes de mano de obra. Como pasa en cualquier país normal.
Con mayor previsibilidad y posibilidad de planear, se abre todo un mundo de negocios que no se han podido desarrollar en todo su potencial, como el de los seguros. O como la industria del conocimiento que ha mostrado su capacidad, que los gobiernos intervencionistas se ocuparon de acotar.
Por eso, hay que profundizar el rumbo actual, desregular y disminuir el peso del Estado en el bolsillo de los que trabajan y producen, para mejorar su eficiencia y cumplir con el rol que le toca según la Constitución Nacional. A su vez, deberemos empezar a reconstruir nuestra vapuleada democracia republicana, para que se consolide ese camino a un futuro con mayor libertad y más oportunidades de progreso para todos.
Por el Mgs. Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.