El Congreso de los Diputados de España sigue los pasos de Francia con respecto al impuesto sobre servicios digitales que quiere aplicarse a los gigantes tecnológicos. Ha tumbado las modificaciones propuestas por los algunos partidos de la oposición y avanza con la intención de gravar el 3% de los ingresos generados por determinados servicios digitales prestados por compañías con ingresos superiores a los 750 millones de euros a nivel mundial y más de 3 millones en España. Sin embargo, la tasa tendrá un «carácter transitorio hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o al menos europeo».