En los últimos años viene creciendo la importancia de instituciones como el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) en la solución de las secuelas de la crisis pasada y en la prevención de las que, eventualmente, pudieran producirse en el futuro. En el artículo que se completa en esta edición se analizan las funciones que desempeña este organismo y los objetivos que persigue.

La restante función primordial que ocupa el centro de la actividad del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) se refiere a la detección, identificación, evaluación y verificación de las debilidades que aquejaron al sistema financiero global durante la pasada crisis y al diseño de las políticas de prevención de las futuras.

Para ello, recurre al Comité Permanente de Evaluación de Vulnerabilidades (Standing Committee on Assessment of Vulnerabilities – SCAV), su principal mecanismo para detectar tales riesgos. Estos son, esencialmente, el peligro de contagio y diseminación de una crisis local, los incentivos desacertados y cualquier otra contingencia que provoque una tensión en los mercados.

La principal fuente de aportes de tales situaciones proviene de la experiencia y opiniones de sus miembros, además de los datos que recibe del FMI, BPI, OCDE o Banco Mundial, así como los provenientes de autoridades reguladoras como la IOSCO u otras similares.

La tarea del SCAV se encuentra sostenida por el Grupo de Análisis de Vulnerabilidades (Analytical Group on Vulnerabilities – AGV), un comité técnico que se ocupa de investigar y discutir la posibilidad de ocurrencia de nuevos eventos. Con este propósito, colaborando con el FMI, el organismo simula y prueba ejercicios de alerta temprana (Early Warning Exercises – EWE) para prevenir los escenarios adversos más perturbadores que pudieran ocurrir en el futuro.

Del análisis y ponderación de todo este material surgen conclusiones que, una vez trasladadas y aprobadas por el cuerpo directivo del FSB, se derivan para su tratamiento y complementación a los organismos competentes (por caso, el Comité de Basilea) para que, finalmente, elaboren los documentos ejecutivos que establecerán las nuevas normas a las que deberán ajustarse los integrantes de la respectiva actividad financiera.

En el año 2008, en la reunión efectuada en la ciudad de Washington, el G20 se comprometió a promover una reformulación del sistema financiero global y de los procedimientos desarrollados por las instituciones de regulación y supervisión competentes. Los objetivos planteados fueron corregir las fallas que provocaron la crisis mundial y proporcionar diques de contención que evitaran que, en el futuro, pudieran producirse acontecimientos que pusieran en peligro no sólo al sistema financiero global, sino también a la misma economía real. Desde ese entonces, se elaboraron las políticas y se ejecutaron los procedimientos operativos que permitirán construir entidades financieras más resistentes a las adversidades, fortaleciendo, al mismo tiempo, los mercados en los que intervienen.

Se pretende dotar a todas las actividades financieras, productos, incluyendo a todas las entidades bancarias y otros participantes, del marco necesario para que se encuentren debidamente reguladas y supervisadas. Se considera que así se garantizará tanto la continuidad operativa de los mercados y su solidez como la transparencia y calidad de sus transacciones. Todas estas acciones reducirán el riesgo de futuras crisis financieras y la consiguiente inestabilidad de los mercados, con lo cual se contribuirá al objetivo principal del G20 de lograr un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado.

Dentro de ese marco, los líderes del G20 acordaron las prioridades para llevar adelante esta reformulación que, genéricamente en su efectivización en la práctica cotidiana, se ha dado en denominar Basilea III. Esta reformulación persigue 4 metas principales: construir la resiliencia del sistema financiero global ante futuras crisis, erradicar el concepto de “demasiado grande para quebrar”, transformar la banca en la sombra en un mercado financiero oficializado y transparente y, finalmente, revisar las transacciones con productos derivados para dotarlas de seguridad y previsibilidad.

No todos estos objetivos se han visto coronados por el éxito. En algunos escenarios cruciales aún se está debatiendo el resultado final, como es el caso de las transacciones con productos derivados o la banca en la sombra.

El desarrollo de este complejo proceso es verificado por el FSB, que tiene entre sus responsabilidades la vigilancia de la adopción y avance de las reformas financieras acordadas y la presentación al G20 de las conclusiones a las que se arribe. Se incluyen en tal tarea no sólo señalar los progresos en el acatamiento y utilización de las nuevas regulaciones, sino también realizar inspecciones en los sistemas financieros de los países miembros, para quienes tal compromiso es una condición básica de su membresía, y llevar adelante una activa campaña de fomento de la adhesión mundial a las regulaciones prudenciales.

Para asegurarse la coordinación y efectividad de dichos quehaceres, en octubre del año 2011 se preparó otro ámbito para lograr ese propósito. Se trata del Marco de Coordinación para la Supervisión de la Adopción (Coordination Framework for Implementation Monitoring, CFIM), con las responsabilidades de supervisar lo actuado, revisar las conclusiones y elevarlas al G20, detallando el grado de avance y cumplimiento de la reforma financiera.

Esta nueva herramienta de control ha fijado ciertas áreas prioritarias, las que son sometidas a un seguimiento más intensivo, con la realización periódica de inspecciones y sus respectivos informes formales. Al momento, la lista actual de los temas de mayor significación comprende a las distintas Basileas (II, 2.5 y, principalmente, III); las modificaciones del mercado OTC; la compensación y liquidación institucionalizada de todo tipo de transacción, los planes de liquidación de entidades inviables, los bancos sistémicos y la banca en la sombra.

Se puede comprobar que el Comité de Basilea, órgano ejecutor en el ámbito bancario, ha profundizado en cada uso de dichos temas, elaborando documentos de trabajo que obligan a implementar las medidas precautorias pertinentes. El Comité también se encarga de inspeccionar y supervisar las modificaciones y presentar informes sobre las condiciones que en la materia se presentan en cada país, de las que, a su vez, rinde cuenta al FSB.

Otras de las recomendaciones del G20 se encuentran a cargo de la Red de Supervisión de la Aplicación (Implementation Monitoring Network); otra iniciativa del FSB que realiza su función a través de encuestas y autoevaluaciones de los implicados en las mismas.

En síntesis, las funciones del FSB comprenden los mandatos de evaluar las vulnerabilidades que afectan al sistema financiero, identificar e inspeccionar las actuaciones necesarias para determinarlas, promover la coordinación y el intercambio de información entre autoridades responsables de la estabilidad financiera, supervisar y asesorar los desarrollos de los mercados y sus implicaciones en cuestiones regulatorias, vigilar las buenas prácticas en el cumplimiento de los estándares regulatorios, llevar a cabo revisiones estratégicas del trabajo de desarrollo de las políticas de las instituciones financieras internacionales, gestionar planes de contingencia para situaciones de crisis internacionales y colaborar con el Fondo Monetario Internacional en los ejercicios de evaluación.

Se advierte, por lo tanto, que si bien en el ámbito bancario el Comité de Basilea es la parte visible, bajo la superficie, adoptando un perfil sumamente bajo, la reforma financiera descansa sobre el FSB, un complejo entramado de órganos elaboradores de políticas, por una parte y, por la otra, de organismos de control de la adopción efectiva de las mismas.