Después de dos años de idas y vueltas y dos ministros de economía, agotado el financiamiento disponible en el mercado local, parecería que el Gobierno aceptó la necesidad de reducir el déficit y contener la cuenta de subsidios. Pero, por ahora, son más anuncios que resultados.

Con contabilidad creativa sostuvo un acuerdo con el FMI, que fue diseñado para ser renegociado por el próximo Gobierno. Más debatible es lo que sucede en la actividad real, que hoy se sostiene en un consumo que es fruto de un exceso de pesos acorralados y un defecto de activos de ahorro. La contracara es el déficit, la escasez de dólares y la inflación. Y una concentración de la riqueza en una minoría con capacidad de ahorro.

La inflación no baja, no hay financiamiento ni en pesos cautivos, el crecimiento por habitante en el año es cero, el déficit sigue en niveles no financiables, y apenas se crean puestos de trabajo formal.

Si la política domina las decisiones, aumenta la posibilidad de que la crisis se vuelva inmanejable.

Con una perspectiva de mediano plazo, no hay política de educación que mitigue el golpe de la pandemia, ni políticas sociolaborales que reduzcan la exclusión de casi un tercio de los hogares. Por último, se siguen demorando varias reformas necesarias y largamente postergadas, como la previsional, la tributaria o varios aspectos de la modernización laboral.

El principal desafío del Gobierno es llegar sin una crisis más profunda, es decir, sin una corrida cambiaria o bancaria, una espiralización de la inflación, o una disrupción social. Para esto tiene varias restricciones. En particular, la falta de dólares, sobre todo si los pronósticos de una cosecha menor se verifican, que llevará a un mayor racionamiento de importaciones y a una menor actividad. Y la restricción fiscal, ante al agotamiento del financiamiento en pesos y la sensibilidad de la inflación a la emisión, testeará la resistencia del Gobierno a ajustar tarifas por inflación y a reducir el gasto electoral. Si la política domina las decisiones, aumenta la posibilidad de que la crisis se vuelva inmanejable.

El tipo de cambio está atrasado, pero de dos maneras distintas que exigen políticas distintas. El comercial hoy está atrasado por los impuestos a las exportaciones y, sobre todo, por la reciente apreciación global del dólar, que el peso no reflejó.

Pero lo que hoy determina la presión sobre el dólar y la brecha es el equilibrio financiero. Este atraso, mayor al anterior, surge de la debilidad y volatilidad del peso, y del riesgo legal y de convertibilidad del mercado local, sujeto al cepo y a todo tipo de restricciones que llevan naturalmente a la “offshorización” y dolarización del ahorro. Para combatir este desequilibrio hay que eliminar estos riesgos. Esto se hace con un política fiscal, monetaria y de crédito público consistentes con un escenario de estabilidad: realineamiento cambiario, balance fiscal, tasas reales positivas y metas monetarias realistas, y gestión de pasivos públicos que reabran el acceso al financiamiento voluntario.

A su vez, la deuda pública en pesos representa una amenaza y un desafío: evitar un nuevo default que convalidaría el pésimo track record de la Argentina como deudora. La pregunta relevante entonces es: ¿puede controlarse? Yo creo que sí, y por eso estoy trabajando junto a los equipos técnicos del radicalismo, y a otros socios de JxC, para calibrar una salida de mercado a la trampa de fragilidad financiera que dejará este gobierno.

A los esfuerzos por estabilizar, debemos agregar la necesidad de repensar el perfil productivo y las alianzas comerciales del país para adecuarlas a un mundo en profunda transición.