A esta altura, las idas y vueltas del Banco Central para manejar la política cambiaria y monetaria están provocando inconvenientes en el sistema financiero, sobre todo por el cambio espasmódico de las medidas y regulaciones.

A casi cinco meses de la apertura del cepo sólo para las personas, a más de dos del fin de las Lefi y a pocas semanas de la derrota electoral del oficialismo en territorio bonaerense, el mercado financiero acusa recibo de las marchas y contramarchas con instituciones bien provistas de liquidez y otras que tienen los pesos inmovilizados por la aspiradora constante que el Gobierno nunca apaga.

El altísimo nivel de las tasas de interés y la suba de encajes hasta el 50% impulsados por la autoridad monetaria afecta, en mayor o menor medida, a todos los bancos públicos y privados del sistema financiero argentino. La dispersión de tasas de plazos fijos y cauciones continúa ampliando un desequilibrio que se potencia con la situación económica en general.

Las altas tasas y la iliquidez de muchas entidades obliga a las empresas a posponer proyectos, frenar su producción.

En agosto el crédito a las empresas sufrió su primera caída en quince meses (2,3% real mensual) a consecuencia de la estrategia oficial de mantener tasas de interés altas para intentar estabilizar la economía, y luego del torniquete monetario más ajustado en julio. Acto seguido, la recaudación ligada a la actividad económica registró su primera baja de 2025.

Y aunque según el discurso la suba de tasas busca anclar la inflación está impactando negativamente en la actividad económica al encarecer el financiamiento para las compañías, y también en las personas vía créditos al consumo. Las altas tasas y la iliquidez de muchas entidades obliga a las empresas a posponer proyectos, frenar su producción, despedir personal y cancelar sus deudas, cuando no, a declararse insolventes y cerrar su operación.

Fondos atrapados en títulos públicos

Entonces, no sólo faltan dólares, también escasean los pesos. Porque de los 61 bancos privados que conforman el sistema financiero legal, según los últimos datos publicados por el BCRA, sólo nueve captan el 49,31% de los depósitos del mercado y, si se suma el 20,71% que recibe el BNA, implica que más del 70% de los fondos se hallan sólo en las diez entidades más grandes.

Pero esos 106,6 billones de pesos, equivalentes a unos 82.000 millones de dólares, no están disponibles para sumar liquidez a inversiones de empresas y consumos de las personas. Porque esas diez entidades depositarias, el principal banco público nacional y los otros nueve privados, tienen como activos títulos públicos por 47,6 billones de pesos, equivalentes a unos 37.000 millones de dólares, y la mayoría en riesgo de default.

En consecuencia, el 41,2% del total de los depósitos captado por este grupo está atrapado en deuda pública y el resto no alcanzado por las subas de encajes ya está prestado o no tiene demanda debido al elevado nivel de tasas y el freno de la actividad. Desde el discurso oficial se criticaron, con razón y hasta el cansancio, los pasivos remunerados de la anterior administración para costear el gasto, pero endeudar al Tesoro en lugar de al BCRA no cambia el problema de fondo.