En lo que va del año, el sector de ART registró, al menos, dos hitos relevantes. El primero se dio en mayo, cuando las aseguradoras de riesgos del trabajo superaron los 10 millones de trabajadores cubiertos y marcaron un récord histórico.

Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART), la cifra récord arrojó, puntualmente, 10.012.879 trabajadores y 1.030.287 empleadores cubiertos, y fue el resultado del aumento del empleo privado registrado en el país en los últimos meses, desde agosto de 2020 cuando, a raíz de la pandemia, la cobertura alcanzó sus indicadores más bajos.

En ese sentido, datos del Ministerio de Trabajo señalan que el empleo privado tuvo un aumento del 6,2%, lo que representa 350.000 nuevos puestos, traccionados mayormente por los sectores de industria, construcción y comercio. Mientras que el empleo público creció 3,3%, lo que se traduce en la incorporación de 100.000 nuevos trabajadores al sector.

El otro buen indicador que ostentó el mercado tiene que ver con la prevención de los accidentes laborales: se evitaron 15.400 muertes, una caída de más del 78% con respecto a los siniestros fatales que se registraron en 1997, año en el que se creó el sistema.

Mara Bettiol, presidenta de la UART, explica que luego de la Ley 27.348/2017, durante los primeros tres años los juicios mostraron una declinación, porque pasaron de 130.000 casos registrados en ese año, a 80.000 y 67.000 en los subsiguientes.

Sin embargo, más allá de las buenas noticias, el informe de Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) destaca que el mercado tiene por delante la difícil tarea de resolver algunos temas clave como los costos de la cobertura de COVID-19, la litigiosidad, la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) y la insuficiencia tarifaria.

Pendientes de larga data

Entre los temas que históricamente preocupan al sector se ubica el alto índice de litigiosidad. Según estimaciones recientes, solo en 2021 se hicieron más de 80.000 juicios laborales a pymes.

En ese sentido, Mara Bettiol, presidenta de la UART, explica que luego de la Ley 27.348/2017, durante los primeros tres años los juicios mostraron una declinación, porque pasaron de 130.000 casos registrados en ese año, a 80.000 y 67.000 en los subsiguientes. Luego, 2020 fue un año particular marcado por la pandemia donde, tanto el aislamiento preventivo como el miento obligatorio dejaron en suspenso muchas actividades, lo que tuvo su correlato en la inactividad judicial. Mientras que en 2021 se registraron los mismos guarismos de 2018, casi 80.000 nuevas demandas.

Entre las principales causas que atentan contra la disminución de la litigiosidad, Bettiol destaca que la demora en la constitución de los CMF en el seno de las justicias jurisdiccionales y de la Corte Suprema en CABA, y el apartamiento del baremo (el listado de honorarios) a la hora de determinar el daño, constituyen claros incentivos a litigar.

“En prevención cada uno de los actores del sistema tiene un rol que cumplir. Las ART asesoran y dan asistencia técnica, el Estado regula y fiscaliza, los empleadores cumplen las normas de seguridad e higiene y los trabajadores se realizan los exámenes médicos.” Mara Bettiol.

“De avanzarse en la formación de los CMF, el sistema laboral argentino contaría con un cuerpo de expertos convocados por concurso y con honorarios definidos por acto médico y no como porcentaje del valor de la sentencia, que deberían hacer con una correcta aplicación del baremo de ley, todo lo cual cerraría la brecha entre el sistema administrativo y el judicial. Así, se desalentaría la litigiosidad y eliminaría la sobrecarga y el sobrecosto que hoy acosa al sistema judicial”, explica la ejecutiva.

La capacitación y la prevención son decisivas en la reducción de los accidentes y las muertes. “Cada uno de los actores del sistema tiene un rol que cumplir. Las ART asesoran y dan asistencia técnica, el Estado regula y fiscaliza, los empleadores cumplen las normas de seguridad e higiene específicas para su actividad y los trabajadores se realizan los exámenes médicos, utilizando los elementos de protección personal y se capacitandose. El compromiso de todos, cada uno en su rol, permite una prevención exitosa”, advierte Bettiol.

Amenazas al sistema

“El mercado de seguros está inmerso en la difícil situación económica que atraviesa el país, en la cual se mezclan los problemas previos a la pandemia y los posteriores. Las consecuencias de la elevada litigiosidad, las prestaciones íntegras de la cobertura y la atención integral de los casos por COVID-19 hicieron más insuficiente aún el nivel de la prima del mercado. Hoy nos encontramos ante una infratarifación de la cobertura”, sostiene Marcelo Castillo, director de de Negocios de Experta ART.

“La litigiosidad no da tregua”, remarca Castillo. Y continuó: “La única forma de acotar este desvío es cerrar la brecha existente entre las comisiones médicas de la SRT y los peritajes judiciales en cuanto a la interpretación del porcentaje de daño remanente, luego de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional”.

En línea con su colega, Mauricio Miretti, gerente general de Prevención ART, coincide en que la elevada judicialidad continúa siendo una de las mayores amenazas para el sistema y que impacta negativamente en los beneficios que la prestación representa para los trabajadores.

Y añade que otro de los grandes temas que preocupan al mercado es la guerra de tarifas. En tanto, la estrategia de descuentos no puede mantenerse en el tiempo, porque si bien en lo inmediato se traduce como un beneficio para el bolsillo del asegurado, como contraparte termina atentando contra la salud del sector.

“Se trata de una medida nociva para el mercado porque lo descapitaliza y desfinancia, razón por la cual nunca hemos participado en ese proceso. Siempre fuimos partidarios de no competir por precio sino por calidad del servicio”, enfatiza Miretti.

En otro orden, en términos de prevención, la compañía viene realizando un extenso trabajo que incluye la incorporación de diferentes tecnologías que le permitió triplicar el número de trabajadores capacitados en comparación con períodos anteriores.

Además, impulsaron un programa de capacitación vía streaming para trabajadores y profesionales de Higiene y Seguridad de las empresas clientes; desarrollaron aplicaciones para celulares con temáticas de entrenamiento virtual en prevención de riesgos y actualizaron la propuesta de capacitación del campus virtual por medio de prácticas con simuladores de riesgos.

Cobertura por COVID-19

La pandemia representó, sin dudas, un evento altamente desafiante para el Sistema de Riesgos del Trabajo que pudo garantizar la cobertura de COVID-19 a partir de la presunción de laboralidad, sin posibilidad de rechazo, primero a los trabajadores excluidos de aislamiento, luego a todos y actualmente solo a los del área de salud y fuerzas de seguridad.

Desde entonces, y hasta junio de este año, fueron atendidas 527.000 personas afectadas y la cobertura de las ART por COVID-19 en Argentina fue la más larga en el tiempo, la más abarcativa en cuanto a trabajadores alcanzados y la más integral por el tipo de prestaciones médicas y dinerarias, según la Federación Sindical Europea, explica Bettiol.

Si bien, ante la excepcionalidad de la situación el financiamiento de la cobertura fue cubierto  inicialmente por el FFEP (Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales), su insuficiencia y los importantes compromisos por saldar determinaron la necesidad de un refondeo.

“Finalmente, el decreto 79/22 publicado en febrero habilitó al FFEP a realizar un contrato de fideicomiso o a tomar un préstamo para hacer frente a la cobertura COVID-19, para lo cual se prevé la contratación de un agente fiduciario debido a que el Fondo tendrá un mayor volumen y complejidad en su operatoria y requiere un agente profesional para su manejo. Actualmente estamos avanzando en su constitución. Lamentablemente, la situación económica y financiera del país conspiran contra la consecución de fondos extrasistema”, suma Bettiol.

“Los niveles de contagio del virus en los establecimientos laborales fueron mínimos en comparación con otros ámbitos o espacios, donde los cuidados y el cumplimiento de las normas se fueron debilitando gradualmente.” Mauricio Miretti, Prevención ART.

“Si tan solo consideramos los siniestros mortales por COVID-19, hay más de 3.700 siniestros informados en el registro de denuncias de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Representan sumas millonarias que las ART deben erogar en concepto de prestaciones dinerarias”, dice Castillo.

La transformación digital del sector

Al igual que en otros sectores de la economía, la pandemia obligó a acelerar un proceso de transformación digital que venía desarrollándose sin prisa y sin pausa.

En ese sentido, la presidenta de la UART explica que la pandemia permitió acelerar la revolución cualicuantitativa que el sector estaba viviendo, a través de la informatización de todos los sistemas, un creciente incremento en la implementación de la realidad virtual, aumentada y simulada, así como el uso de la inteligencia artificial en diferentes aspectos de la actividad, como la prevención, al asesoramiento, la capacitación y la actualización, entre
otros.

Prevención fue una de las aseguradoras que incorporó soluciones de realidad virtual y aumentada para generar propuestas de capacitación y entrenamiento laboral innovadoras. Recurrimos a la ‘gamificación’ como principal herramienta de motivación y construimos entornos que crean en los trabajadores la sensación de estar inmersos en ellos, lo que les permite vivenciar de manera segura la exposición a distintos riesgos laborales”, ejemplifica Miretti.

Además, ofrecieron experiencias inmersivas a sus clientes a través del celular y desarrollaron aplicaciones como “Estoy Seguro”, “Extinción de Incendios” y “Ries-Go”, que generaron un impacto positivo y motivaron a las empresas a revisar sus propias prácticas, y replicaron esta modalidad de capacitación con actividades más lúdicas.

Temas en agenda

De cara al futuro, el sector deberá seguir insistiendo para que se constituyan los CMF y trabajar en conjunto para alcanzar la correspondencia entre financiamiento y cobertura. En ese sentido, Bettiol opina que “la coyuntura le suma criticidad a este aspecto”.

También es un tema en carpeta la apertura de la cobertura a nuevos segmentos como monotributistas y autónomos, aunque la pandemia dilató los plazos propuestos. No obstante, antes será necesario resolver algunos de los temas pendientes. “Una eventual acción en este segmento, como en otros aspectos de la cobertura que ya brindamos, debe acompañarse con racionalidad y equilibrio en su financiamiento”, puntualiza.

“Lo primero es advertir que hay un interés en que el Sistema de Riesgos del Trabajo incorpore a los autónomos y monotributistas. Pero dadas las características especiales de cada uno de ellos, aún quedan situaciones por definir que hacen al alcance específico de la cobertura”, apunta Castillo.

A su turno, Miretti identificó la necesidad de controlar la litigiosidad y de arribar a una solución sobre el descalce económico que generó la cobertura COVID-19 en relación a lo que se logró recuperar del Fondo Fiduciario que, al día de hoy, no alcanza ni el 25% de lo erogado.

“Desde la perspectiva de la gestión de los riesgos, el desafío es lograr que la prevención forme parte de la cultura de las empresas y se instale como una práctica natural dentro de las organizaciones a partir de la interacción de todos los actores”, finaliza.