Las reformas que está presentando el Gobierno están en la dirección correcta. Los proyectos más significativos que se van conociendo, como los cambios en materia impositiva, laboral, previsional y el acuerdo fiscal con las provincias, son fundamentales para resolver los problemas que se le plantean a la Argentina durante los próximos años. Por ejemplo, la reforma fiscal tiene dos objetivos muy positivos: el primero es ordenar la recaudación de forma tal de eliminar impuestos distorsivos, como el impuesto a los débitos, que genera mucha informalidad. Al haber un impuesto tan alto para que la plata pase por los bancos, se estimula un comportamiento para que haya otros medios por los que circule el dinero y eso hace menos registrable la actividad económica y se termina recaudando menos. El segundo objetivo es el de favorecer las inversiones y, especialmente, ahí hay que ver la reforma en el impuesto a las ganancias para empresas. Al bajar la alícuota para empresas y gravar el pago de utilidades, básicamente lo que se logra es que las empresas tiendan más a capitalizar las ganancias y no a llevárselas. Antes daba lo mismo, ahora hay un estimulo para la inversión.

Coincido con el diagnóstico del Gobierno y también con la forma en que se están llevando adelante los cambios. Las variables macroeconómicas no se mueven independientemente y, por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso para poder ir cumpliendo metas gradualmente y lograr que el efecto en el conjunto sea maximizado. A esto debemos sumar que no cuenta con mayoría parlamentaria, y, por lo tanto, más allá de tener un horizonte claro, los proyectos deben ser consensuados entre el oficialismo y los diversos sectores de la oposición.

Siento que esta vez estamos transitando la ruta más difícil pero que es la que nos llevará a afirmar las bases para un crecimiento sostenible. No existen recetas mágicas que resuelvan todo de un día para otro. Estamos saliendo de una situación muy compleja y esto inevitablemente implica costos que, de una vez por todas, debemos asumir si pretendemos consolidar un modelo de país a largo plazo, evitando caer nuevamente en ese círculo de crisis y recuperaciones recurrentes que tanto daño nos hicieron durante décadas.

A esto tenemos que agregar algunos cambios que tienen que ver con el establecimiento de reglas claras y previsibles, el fortalecimiento de las instituciones y el rediseño de un sistema educativo que tiene que estar pensado para satisfacer las necesidades de la demanda laboral del futuro. Estas, si bien no son reformas estrictamente económicas, tienen un enorme impacto sobre las posibilidades de desarrollo del país y de su gente.

Respecto al sistema financiero, estamos partiendo de bajísimos niveles de bancarización e intermediación financiera, motivo por el cual el crecimiento que estamos viendo actualmente no es sostenible en el largo plazo. No obstante esto, estamos convencidos de que durante los próximos 3 o 4 años podremos ver niveles de crecimiento muy importantes en términos reales, que podrían encontrarse entre 15 y 20 puntos porcentuales por arriba de una inflación decreciente, que debería converger a un dígito en ese período. Hay que tener en cuenta que recién en 2017 comenzó la demanda de préstamos para financiar proyectos de inversión por parte de las compañías y el crédito hipotecario de los individuos, líneas de largo plazo casi inexistentes en el mercado actual. Si a esto sumamos la posibilidad de reducir gradualmente la informalidad de la economía y algunas reformas que creemos se llevarán adelante en el mercado de capitales y en la actividad de seguros, no tengo dudas respecto del potencial de crecimiento para el sistema financiero en los próximos años.