El acceso a los servicios financieros aumenta la calidad de vida de los sectores más desprotegidos, al favorecer la asunción y manejo del riesgo crediticio, mitigar los efectos de las emergencias, administrar mejor los recursos familiares y promover el ahorro. En el artículo que se completa en esta edición se presentan las iniciativas que se vienen llevando adelante para incentivarlo, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.
La difusión de la telefonía móvil resulta un campo fértil para reducir el grupo de los no incluidos, ya que se ha diseminado por las regiones más aisladas y marginales, traspasando geografías, etnias y clases sociales. La imagen icónica de tal difusión es la de la publicidad que muestra a un pastor masái en la penumbra de un crepúsculo, con su característico taparrabos, su típica posición de descanso y apoyado en su cayado, mientras habla a través de un celular cuyo reflejo ilumina su rostro.
La encuesta Global Findex 2017: Medición de la inclusión financiera y la revolución de la tecnología financiera a la que hicimos mención en la edición anterior muestra que dos tercios de los encuestados posee un teléfono celular. El ejemplo extremo es el de China, donde el 82% de los no incluidos lo tiene.
Con la debida guía, esta tecnología digital, tal como ha ocurrido en Kenia, permite el acceso del grueso de la población a pagos, cuentas y otros servicios, pues aminora las objeciones de distancia, costo y complejidad que suelen entorpecer la aproximación a las prestaciones financieras.
En cuanto a nuestro país, el panorama que ofrece la Global Findex no es muy alentador, deficiencia que se acentúa si lo observado se circunscribe a la bancarización concebida como la utilización de más y nuevos productos y servicios bancarios.
Otra encuesta, en este caso del Banco de Desarrollo de América Latina, avala esa opinión, aportando datos decididamente negativos sobre el uso y conocimiento de los productos financieros por parte de los argentinos.
En la misma línea, las estadísticas del Banco Mundial muestran que solamente un 48% de los adultos posee una cuenta, que las transferencias entre cuentas son mínimas, que únicamente un 24% ha requerido un préstamo de una institución bancaria o que los titulares de los créditos hipotecarios –un 3,2%– se encuentran lejos de cualquier comparación con otros países.
Argentina se encuentra por debajo del promedio de la región y de los países con un nivel de ingreso similar en algunos rubros importantes. Por ejemplo, personas con cuenta en una entidad financiera: Argentina 48%, Latinoamérica 54% y tramo homogéneo general upper middle income 73%. Personas con ahorro, también en una institución: Argentina 7%, Latinoamérica 12% y tramo 27%. En cambio, se equipara en préstamos, incluyendo tarjetas de crédito, pagos recibidos del gobierno por ayuda social y uso de tarjetas de débito o crédito como medio de pago.
En cuanto a las tendencias se aprecia un incremento respecto a la información del año 2014 en los pagos electrónicos. Actualmente llega a 40,2%, más cerca del 45,1% que hay en la región, pero aún alejado del tramo (que tiene 62,3%). Se define a estos pagos como el porcentaje de respondientes que recurrieron genéricamente al dinero móvil en la forma de tarjetas de débito y crédito, teléfonos celulares para efectuar pagos o Internet para abonar facturas o compras online. Incluye también las transferencias enviadas o recibidas por dicha vía, transferencias sociales del gobierno o el cobro de remuneraciones laborales. Se integran a este concepto las transacciones realizadas a través de una institución financiera o por medio de cuentas digitales.
Una desagregación de este rubro evidencia una notoria superioridad de los pagos con tarjeta con respecto de las restantes modalidades.
También el ahorro muestra una tendencia alentadora al subir del 4,1% al 7,2%. Los retrocesos se localizan en los préstamos otorgados por una entidad financiera o mediante el uso de una tarjeta de crédito (de 26,7% se redujo a 24,4%).
Superar el nivel que muestran los indicadores mencionados requerirá una situación macroeconómica más sólida que restituya a la moneda argentina su función de reserva de valor y que favorezca el otorgamiento de préstamos de largo plazo.
Pero, más allá de ese arduo empeño, mucho se puede hacer a través de la formulación de un programa que valore las realizaciones llevadas a cabo hasta el momento para ampliar la base de usuarios y potenciar su comportamiento y armonizarlo con los nuevos intentos que propician ampliar la gama de productos y servicios bancarios. Para ello, se deberá incorporar la iniciativa de los agentes privados a la acción gubernamental ejecutada por sus órganos reguladores y supervisores de la actividad. El Banco Central y la Comisión Nacional de Valores han asumido un rol protagónico en ese proceso.
Los planes oficiales, además de generar las políticas y procedimientos necesarios, no deberían desechar los incentivos o controles efectivos sobre situaciones como la “caída del sistema de tarjetas de débito” o los descuentos por pago en efectivo, sin olvidar el efecto que tendrían sobre la evasión impositiva.
Basta, por ejemplo, citar una práctica sobre la que se podría actuar, ya que sólo puede responder a una deficiencia didáctica, es decir, a no haberse explicado claramente las ventajas de modificar un comportamiento ineficiente. Sucede cuando el titular de una cuenta que retira efectivo de un cajero para sumarse a la fila de una agencia de pagos para abonar una factura de un servicio público u otra obligación con vencimiento periódico. Esta ineficiencia se agravan al ignorar la posibilidad del débito directo o los nuevos canales, aún no suficientemente generalizados.
Un caso paradigmático, en este sentido, se encuentra en el sistema SUBE, ya que, sobre un total mensual de 14 millones de viajes, sólo se han registrado un poco más de 100.000 cargas digitales de la tarjeta. Del mismo modo, de un total de 54 millones de celulares, sólo 250.000 se han recargado por medio de un canal electrónico.
Quizás haya que esperar el paso del tiempo para dejar atrás el desconocimiento o la desconfianza en el sistema. Aunque también pesan las regresiones, como anular la devolución del IVA o no penar el uso del efectivo en pagos menores, aunque recientemente se han contrarrestado con algunas impracticables medidas fiscales de menor cuantía.
Una mirada al mundo permitiría recoger otras posibilidades, pudiéndose adaptar a las condiciones locales, entre otros, el grado de bancarización español, los bancos postales de Alemania o Japón, los bancos rurales de los Estados Unidos o la formación por medio de historietas y material similar al que recurren algunos países andinos.
En cuanto a los servicios básicos prestados a través de comercios minoristas, como sucede en Brasil, basta señalar que en Latinoamérica abarcan más del 7% del total de canales de distribución y que, entre nosotros, recientemente han sido autorizados, pero de forma nominal ya que no se ha ofrecido el menor incentivo para su adopción.
Todos estos componentes, más los actualmente utilizados, deberían armonizarse en un plan integral, cuya idea rectora sea la educación dirigida tanto a los excluidos como a los bancarizados. Con el acuerdo de todos los sectores involucrados, esos propósitos deberían consolidarse en una política de Estado que persista en el tiempo. Para llevarla a la práctica, sólo hay que congratularse por lo ya hecho y proponer metas factibles para hacer lo que falta.
