Desde su rol de presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol enfatiza los logros del sistema a lo largo de sus casi tres décadas de vida, pero también pone el foco en los costos que supone la judicialidad en alza. En diálogo con NBS, la ejecutiva se refirió a los desafíos que enfrentan las ART en la Argentina de hoy.

—¿Cuáles dirías que son los logros y las carencias que tiene el sistema después de casi 30 años?

—Una de las cuestiones más relevantes que hacen a la esencia y la filosofía del sistema radica en trabajar en la prevención. Se logró incorporar no sólo una prestación médica integral, sin límites, sin copagos, sin franquicia, sin topes, sino además una prestación dineraria en reemplazo del salario. También se incorporó la recalificación profesional para los casos en los que el trabajador quedaba con una secuela, de manera tal de aumentar las chances de volver a su puesto o reincorporarse al mercado laboral. Y hacer todo esto con costos competitivos para las empresas. Lo más importante fue la caída del índice de fallecidos, que cayó 81%. Por primera vez Argentina tiene índices competitivos a nivel de siniestralidad laboral. Los accidentes cayeron 55% en estos 29 años.

—Sin embargo, el sistema parece estar atravesando una crisis permanente.

—Desde 1996 al 2004 hubo ocho años con cero juicios. En 2004 empieza a haber juicios, alrededor de 3.000 por año. Ahora estamos en 130.000 juicios al año.

Sistemáticamente todos los años bajan los accidentes, bajan los fallecimientos, pero los juicios crecen.

—¿Es sustentable el sistema con esta cantidad de juicios?

—La verdad es que no. Hoy está al borde del colapso por esta judicialidad que no tiene ninguna explicación y está completamente desbordada. Esto no tiene que ver ni con el crecimiento de la actividad ni con el crecimiento del empleo. Entre 2019 y 2025 la actividad con suerte va a crecer al 6% y el empleo al 5%, mientras la litigiosidad casi se duplica, porque aumenta un 94%. Sistemáticamente todos los años bajan los accidentes, bajan los fallecimientos, pero los juicios crecen. Tenemos 15 veces la litigiosidad que tiene España y 21 veces la que tiene Chile. Hay una litigiosidad muy desproporcionada que no tiene nada que ver ni con la gestión ni con lo que pasa en el mundo. La judicialidad no solo desfinancia al sistema, sino que lo sobrecarga.

—¿Cómo se soluciona esto?

—La solución está en la ley. Hay una reforma muy importante del 2017, que no sólo es una ley aprobada por el Congreso Nacional porque se dieron adicionalmente 18 adhesiones en distintas provincias. Hoy, de estos 130.000 juicios, tenemos 40% en provincia de Buenos Aires, 20% en CABA, 13 o 14% en Santa Fe y después 7% en Córdoba y Mendoza. Entonces, en esa adhesión de las provincias, una previsión importante era que se ordenaran las pericias judiciales. Entonces era clave que en esa instancia de la justicia laboral hubiera peritos que evaluaran con el mismo criterio que lo hizo la Comisión Médica. Pero esos peritos, en su mayoría, no sólo no forman parte del Poder Judicial, sino que además tienen honorarios atados a los resultados. Si el resultado del juicio da una indemnización de 100, el perito cobra el 10% de esos 100 y si da 10 te cobra el 10% de esos 10. De este modo, el incentivo es claramente a que haya cada vez más y más juicios. La única forma de ordenarlo es constituyendo los cuerpos médicos forenses. Y todo esto, a su vez se agrava con los intereses punitorios que se establecen.

Necesitamos que los peritos auditen utilizando las reglas del sistema. Y, además, que los peritos no tengan su honorario atado al resultado.

—¿A partir de estos fallos las ART están más en sintonía con la Corte?

—Así es, con la Corte y las Cortes provinciales. Pero las instancias judiciales inferiores se contraponen incluso en una misma provincia a lo que establecen los tribunales superiores. Si bien tuvimos fallos favorables, falta la instrumentación de los cuerpos forenses. Mendoza empezó con un esquema parecido al de ley y conformó un cuerpo auditor de cinco peritos judiciales que miran lo que hacen los peritos de vista. Sistemáticamente corrigen los montos y los corrigen hacia abajo. Ahora, ¿por qué no baja la litigiosidad o no baja lo suficiente? Porque al haber un adicional para el accidentado avalado por la justicia, ¿por qué no vas a ir por ese adicional? En última instancia la Corte nos va a dar la razón a las ART, pero mientras tanto todo eso hay que sostenerlo con embargos, con reservas, con costos. Necesitamos que el Poder Judicial también haga su parte, que tenga un rumbo jurisprudencial razonable, porque hay una contradicción importante. La solución es el cuerpo médico forense. Necesitamos que los peritos auditen utilizando las reglas del sistema. Y, además, que los peritos no tengan su honorario atado al resultado.

—¿Tienen expectativas de que la situación pueda mejorar en algún momento?

—En el 2025 tuvimos un par de novedades que hacen que uno tenga una expectativa a favor, si bien la justicia tiene una dinámica que va mucho más lenta de lo que necesitaríamos todos. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe llamó a concurso para la conformación de un cuerpo médico forense en julio de este año. También hubo avances en la constitución del fuero laboral en CABA, algo que es clave para que puedan tener sus propios peritos. Otro avance fue que Córdoba hizo el anuncio de que están trabajando en la conformación del Cuerpo Médico Forense. Son algunas medidas que surgieron a lo largo de este año y que son favorables. Lo que necesitamos es que sea un poco más rápido todo.