“La promesa de inflación cero del Gobierno de Javier Milei viene acompañada de abundancia de créditos para el desarrollo de nuestro país”, afirmó el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, en un encuentro con sus clientes corporativos el mes pasado.

La institución bancaria más importante del país lidera todos los rubros de financiación en pesos y en dólares del mercado, pero enfrenta el sobrecosto que implican los tributos municipales para la financiación de pymes y familias.

De hecho, hizo punta con las demandas judiciales contra las autoridades de varias municipalidades que subieron las tasas de manera astronómica y que complican no sólo al BNA, sino a todo el sector de la intermediación financiera y sus clientes individuales y corporativos. Más bancos esperan hacer lo propio, con el aval de sus asociaciones y alegando la inconstitucionalidad de las ordenanzas.

El sector privado y el Gobierno nacional coinciden en el planteo. De hecho, desde el Ministerio de Economía también piden la eliminación de las tasas municipales que se aplican en las facturas de los servicios públicos, y evalúan la tasa vial que se aplica en las estaciones de servicio como una parte del expendio de combustibles.

Sin crédito accesible es imposible el crecimiento
La baja de la inflación, el descenso del riesgo país, la tasa de interés y el apartamiento del Estado en la toma de deuda en las entidades locales allanaron el camino en el primer año del Gobierno de Javier Milei para que la oferta y demanda crediticia volvieran a encontrarse. Y así lo hicieron.
En la evolución, los préstamos personales picaron en punta y pegaron un salto, si bien venían de un piso muy bajo.
Otro tanto ocurrió con los préstamos prendarios para la compra de vehículos usados, en parte por la imposibilidad de acceder a un 0 km, pero también porque los precios de las terminales subieron a un ritmo que ni siquiera los planes de ahorro atraían hacia las concesionarias.
Pero lo que realmente demuestra un sendero de confianza en la estabilidad, a pesar de una experiencia anterior muy decepcionante, es la reactivación de la demanda por créditos hipotecarios UVA, ante una relación entre cuota, interés y plazo que volvió a seducir a los inquilinos, ahora sin cobertura legal y para los que buscan su primera vivienda como propietarios.
Las tasas afectan a los depósitos y los préstamos
Las entidades bancarias que operan en el mercado argentino tienen un nivel de solidez y liquidez que salta a la vista en los balances. Incluso por el blanqueo de capitales disponen dólares que, poco a poco, encuentran su demanda como préstamos a nivel local.
De hecho, “varios bancos están ofreciendo financiamiento a las exportaciones al 1% anual en dólares y con esa tasa ultracompetitiva, la demanda respondió”, puntualiza Marcelo Mazzón, director ejecutivo de Abappra. Por el actual contexto, y con una ingeniería financiera y soporte tecnológico adecuado, las condiciones están dadas para que los bancos inicien una temporada muy activa a nivel crediticio.
El tema conflictivo ahora está en los costos, y en particular por las tasas que provincias y municipios aplican a la intermediación financiera en sus territorios, en parte para compensar la merma de fondos nacionales por coparticipación federal y ATN con que contaban en el pasado reciente. Los bancos tienen aquí un tema por resolver para abaratar los gastos asociados de los tomadores de crédito.

Ya en el primer trimestre del año pasado, la Asociación de Bancos Argentinos advirtió sobre el efecto negativo en la actividad de los tributos de las provincias y los municipios. Denunciaban que las tasas eran crecientes y exorbitantes, y que encarecen los préstamos y demás productos bancarios para usuarios y empresas.

También desde Abappra reclamaron por la desigual presión fiscal frente a las fintech, la falta de reducción de alícuotas y la competencia dispareja. “El efecto que producen estas tasas es un encarecimiento directo del crédito, tanto el corporativo como el retail o individual, lo que nos preocupa porque produce una distorsión: hay jurisdicciones con costos mayores que otras de acuerdo con las tasas que fija el municipio”, sostiene Mazzón.

Desde la mayoría de los bancos pidieron una reducción de las tasas que gravan la actividad financiera para recomponer el retorno de los ahorros, por un lado, y poder ofrecer créditos más baratos, por el otro. Para ver el alcance de este sobrecosto, se había verificado un aumento del 300% en un año en los municipios que cobran las tasas más altas.

Casi la mitad del CFT son impuestos
Aunque varía según la jurisdicción, la entidad y la línea crediticia, el costo financiero total que se evalúa a la hora de tomar un préstamo bancario para familias y empresas, puede llegar a incluir hasta el 50% de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Por eso las entidades insisten para que se revisen estos gravámenes.
“Lo que se afecta es la atención al público en las sucursales, aunque los bancos seguirán brindando servicios online. Es paradójico que los intendentes y los consejos deliberantes, que son el nivel de gobierno más cercano a los vecinos, tomen decisiones que los perjudiquen”, afirma Javier Bolzico, presidente de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos).

Desde la entidad que agrupa a los bancos sostienen que cobrar tasas desproporcionadas sin relación con los servicios que prestan es una forma de extraer recursos de los usuarios financieros a cambio de nada, lo que les quita legitimidad y torna cuestionable su legalidad. “El auge del homebanking y la poca afluencia de clientes a las sucursales pone en debate la conveniencia y sustentabilidad del banco físico y la atención presencial”, concluyen.

Para clarificar magnitudes, ADEBA mostró la incidencia de las tasas municipales sobre la operación de las sucursales en un informe técnico. Allí se expuso que “hay entidades que pagan el equivalente a 55 sueldos bancarios promedio por mes por sucursal en algunas localidades, aunque en la práctica esa cifra excede en mucho lo justificable por servicios efectivamente brindados por los municipios, y es varias veces más de lo que gastan en masa salarial”.