Luego de la crisis financiera de 2007 y 2008, el Comité de Basilea sancionó una andanada de normas que cubrieron todos los intersticios de la actividad bancaria. La principal línea de defensa tuvo por objetivo proteger el capital de los bancos. En la serie de artículos que se completa en esta edición se analiza este proceso y las tensiones que se vienen generando entre el regulador y las entidades.
Desde el momento en que el Comité de Basilea comenzó a imponer normas prudenciales orientadas a restringir los efectos nocivos que puede producir en el futuro una crisis similar a la de 2007 y 2008, los bancos vienen resistiéndolas, ya que las consideran de un excesivo rigor. Sus reclamos, sustentados en los mayores costos operativos, la caída de la rentabilidad y las dificultades para acceder a fuentes genuinas que aporten fondos para integrar el capital, se han visto ahora fortalecidos por el apoyo de ciertos sectores de los Estados Unidos que, al menos en las declaraciones, incluyen al propio Poder Ejecutivo de ese país, y que cuentan con fundamentos de neto corte ideológico y político. Algunos plantean una posición extrema e, incluso, proponen abandonar el Comité.
Los mencionados requisitos, junto a otros que alcanzan a toda la actividad de intermediación bancaria, son las razones que explican el deterioro de ciertos bancos emblemáticos, que han debido cerrar sucursales y líneas de negocios altamente lucrativas en el pasado o quedado al borde del quebranto, lo que aleja el interés de los accionistas, contrayendo sus aportes a un negocio ya no tan rentable.
Algunos advierten que un sistema financiero endeble significa un riesgo excesivo para la estabilidad financiera y económica. Por el contrario, otros señalan que las restricciones al crédito y los costos incrementales necesarios para cumplir con las nuevas normas prudenciales son los que llevan a enfriar la actividad económica y ponen en peligro la misma supervivencia de ciertos bancos.
Por lo pronto se ha limitado la posibilidad de acometer actividades que resultaran, como mínimo, imprudentes –si no ilegales– ya que la posibilidad de una nueva crisis puede resultar en un costo exorbitante para toda la sociedad.
En esta controversia han comenzado a participar políticos y académicos, junto con los equipos técnicos de los entes reguladores, como es el caso del Centro de Estudios del Fondo Monetario Internacional, que aportan estadísticas y fundamentos para sostener una u otra posición.
Por ejemplo, uno de estos estudios investigó exhaustivamente lo sucedido en las 105 crisis bancarias que se produjeron desde 1970. Su propósito era determinar cuánto capital hubiera sido necesario para absorberlas sin consecuencias no deseadas, tales como fugas de depósitos o aportes gubernamentales. Se comprobó que el beneficio de un alto nivel de capital es conveniente cuando oscila alrededor del 20% de los activos ponderados por riesgo. A partir de ese nivel, el efecto del aumento es neutro en cuanto a la contención de la crisis: las simulaciones demostraron, por ejemplo, que un coeficiente del 23% evita el mismo porcentaje de los efectos nocivos que el que se alcanzaría con un 30%, o aun mayor.
Otro aspecto de la investigación se ocupó del efecto de los aportes del gobierno para solucionar un caso puntual de quebranto ante el riesgo de contagio de una corrida; también se analizó la cuantía del monto que debería cubrirse. Los resultados mostraron conclusiones similares ya que se comprobó que un nivel del 17% habría bastado para evitar la recapitalización por medio de fondos públicos. Cabe señalar que este coeficiente es cercano al que se encuentra vigente en la actualidad.
La evaluación, que abarcó a países de avanzada, mostró conclusiones comparables con las obtenidas en los sistemas financieros y economías de los países en desarrollo. En estos últimos suelen acentuarse los efectos marginales de una crisis mundial. El crédito presenta un alto grado de concentración en ciertas actividades básicas y también presenta menos diversificación en la cantidad y calidad de los prestatarios. Por ello, combinado con una supervisión bancaria menos rigurosa, se produce un rápido aumento de los préstamos en mora con el consecuente impacto en la fortaleza del capital.
En síntesis, las investigaciones muestran que un capital bancario ubicado en una franja que se mueva entre el 15% y el 23% de los activos habría sido suficiente para solucionar –o al menos circunscribir– los efectos lesivos de tales contingencias.
El capital es el centro hacia el cual convergen las deficiencias que se originan en el incumplimiento de las normas prudenciales que procuran resguardarlo de los riesgos crediticios, operacionales, de liquidez y de reputación. Esa importancia adquiere singular relevancia ante la eventualidad de una quiebra o ante la duda sobre la solvencia del banco.
Este hecho ha sido legislado por la Unión Europea en una Directiva de recuperación y resolución bancaria. Esto, en nuestros términos, se denomina liquidación –o living wills, para la jerga estadounidense–. Siguiendo el caso europeo, se establece formalmente que, ante dicha eventualidad, cabe que el Estado inyecte capital solamente a una entidad aún solvente y siempre que se cumplan ciertas condiciones. Esto se interpreta como una capitalización preventiva que requerirá del aporte de los contribuyentes y que sólo será posible si se asegura la futura viabilidad y, consecuentemente, la devolución de los fondos anticipados. Esta capitalización, obligadamente, requerirá una significativa reformulación de la estructura, negocios y operaciones, todo lo cual debe garantizar una salida satisfactoria al problema de solvencia.
Será entonces posible preservarla si oportunamente se evita un deterioro de las necesidades de capital, lo cual evitará la medida terminal de su disolución. Por lo tanto, es preciso que el aporte no sea utilizado para solucionar una crisis puntual, pues eso es ilegal para la legislación comunitaria. Asimismo, se establece que el Estado debe recuperar la totalidad de su aporte y los accionistas, inversionistas y depositantes deben contribuir, dentro de sus responsabilidades legalmente asignadas, a limitar el monto de la ayuda. Todo ello requiere una compleja ingeniería administrativa y financiera, manteniendo el objetivo de evitar el efecto contagio y el consiguiente pánico, además de otras perturbaciones socioeconómicas.
Así, habrá que determinar cuándo un banco es inviable, más allá de la debilidad de su capital, considerando que quien –o quienes– lo decida tiene ante sí un panorama más amplio que las razones meramente técnicas. De allí, las continuas inyecciones de liquidez que, por supuesto, indirectamente también tienen su costo social. Los límites son ciertamente difusos, por lo cual la solución inevitablemente será más política que técnica.
Por caso, este es el fundamento del salvataje de Banca Monte dei Paschi di Siena, el primer banco de la historia, y otras instituciones italianas y de otros países, sin olvidar, por otro lado, la situación creada por los Estados Unidos al dejar que se derrumbara una entidad emblemática cuando recién despertaba la crisis o, por el contrario, los rescates que lleva adelante Rusia.
Todos estos antecedentes indican que el capital se ha convertido en el puntal que sostiene la estabilidad financiera. El tiempo dirá si esa decisión ha sido suficiente para resistir los efectos de la próxima crisis.
Este artículo fue elaborado por Consultores Bancarios Asociados
