El organismo tomó un viejo pedido del GAFI y adecuó los mecanismos de control de las entidades a los estándares internacionales. La nueva norma, que fue redactada luego de una labor conjunta con el BID, el BCRA y las propias entidades, tiene un plazo de adecuación de un año. Cuáles son los principales cambios.

El 15 de septiembre entró en vigencia la nueva resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) que modifica por completo el marco regulatorio para la gestión de riesgos de lavado de activos y prevención del terrorismo por parte de las entidades financieras.
La medida, que fue comunicada a fines de junio con la Resolución 30/2017 del organismo, corresponde a un viejo pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y fue bien recibida por las entidades financieras y por los expertos en la materia.

Con esta medida, la institución busca mejorar la performance del país en este ámbito. En el último reporte del Índice ALA de Basilea, la Argentina se ubicó como el quinto país con mayor riesgo de la región después de Paraguay, Haití, Bolivia y Panamá. La edición 2016 del Índice ALA abarcó 149 países y proporcionó calificaciones de riesgo basadas en la calidad del marco del país para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) y factores relacionados, como por ejemplo los niveles percibidos de corrupción, estándares del sector financiero y transparencia pública.

El cambio de paradigma es el enfoque basado en la gestión de riesgo de los clientes y reemplaza a la resolución UIF N.° 121/2011, que regía para el sector financiero en materia de prevención del LA/FT.

La nueva norma “tiene por objeto modernizar el proceso de gestión de riesgos de LA/FT de acuerdo a lo que dictaminan los estándares y mejores prácticas internacionales, atendiendo necesidades y riesgos locales”, explicó el organismo. “En sintonía con las regulaciones más modernas del mundo –añadió– se pasa de un enfoque formalista a un enfoque basado en riesgos (EBR)”.

Tal como dispone la UIF, se le exige a las entidades que implementen un sistema de prevención de LA/FT que debe incluir “todas las políticas y procedimientos establecidos para la gestión de riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos y los elementos de cumplimiento exigidos por la normativa vigente”.

Para Hernán Grela, experto en prevención de lavado de activos de KPMG, “se trata de cambios disruptivos que van más allá de que sean solamente aplicable a entidades financieras, ya que proponen que cada una haga una propia evaluación del riesgo y las obliga a mejorar su matriz de riesgo, en definitiva”.

Las entidades deben desarrollar una metodología de identificación y evaluación de riesgos acorde con la naturaleza y dimensión de su actividad comercial, que tome en cuenta los distintos factores de riesgo en cada una de sus líneas de negocio.

“Cada sujeto obligado, cada entidad, tiene que autoevaluarse”, explicó Grela.

La nueva norma surgió tras la realización de consultas entre la UIF, el Banco Central y las entidades financieras. Como señaló a NBS Bancos y Seguros Mariano Federici, presidente del organismo, “primero, comenzamos a trabajar internamente, de acuerdo a estos estándares internacionales, con ayuda del BID. Después, convocamos al regulador natural (el Banco Central). Después, nos pusimos a trabajar con las entidades. Luego redactamos el borrador, del que tuvimos muy buenos comentarios y algunas observaciones. La mayoría de estas observaciones fueron tomadas en consideración y las volcamos a la normativa”.

Para Federici, estos cambios eran necesarios ya que la normativa anterior no alcanzaba para que las entidades lucharan contra el lavado en forma eficiente: “La norma anterior le ponía a las entidades financieras una excesiva carga de obligaciones para pedirle al cliente para abrir una cuenta bancaria o para operar en el banco. Todos los clientes estaban puestos en la misma bolsa, desde el que cobraba su jubilación y quería abrir una cuenta hasta el dueño del casino. Como consecuencia, el riesgo era expulsar a un montón de clientes que, no por estar desarrollando una actividad ilegal sino porque se abrumaban con la carga burocrática de estos procesos, las entidades terminaron pidiéndoles que se vayan”.

El funcionario enfatizó que el resultado fue “un enorme movimiento en los canales informales. Esto hizo que aumente la oferta de cuevas y formas de mover el dinero paralelas que hacen que en la Argentina se generen riesgos: éstas pueden ser refugio tanto para quienes lavan como para el terrorismo”.

En la misma línea, Jacinto González, director general de la consultora RiskOff, remarcó que “la mayoría de los reportes que recibía la UIF tenían muy poco que ver con el lavado de activos o con operaciones fraudulentas. Estaban relacionados con operaciones de evasión impositiva. La UIF estaba sobrepasada de informes que le pasaban los bancos y no tenía el tiempo para revisar cada una de estas operaciones. Había salido una estadística que indicaba que más del 90% de los reportes de los bancos tenían que ver con temas impositivos”.

Pese a que el GAFI ya había puesto sus reparos y que las propias entidades encontraban al sistema vigente desde 2011 ineficiente, la administración anterior de la UIF no trabajó en su modificación. Para Federici, “faltaba voluntad política para hacerlo, no la había. También creo que faltaba una buena relación de entendimiento con los regulados. La anterior administración tenía una relación casi persecutoria”.

De todos modos, advirtió que “nosotros tenemos la voluntad de que los regulados puedan ser sancionados llegado el caso, pero sólo si no se aplica la normativa. Nuestro objetivo no es castigar o buscar la sanción por la sanción misma sino estar todos en la misma página, trabajando por un sistema más íntegro, más sano, donde los riesgos de este tipo de delitos estén mitigados”.

El presidente de la UIF remarcó también que, entre los puntos más novedosos “y que generó cierta polémica” de la Resolución 30/2017, está el control y monitoreo de las cuentas públicas: “Esto implica que, ya sea a nivel municipal, provincial o nacional, las entidades pueden hacer un seguimiento y reportar cuando algún movimiento de dinero público les parezca sospechoso”.

Para Grela, ésta es una de las modificaciones más novedosas que incluye la nueva normativa. “Este monitoreo constante sobre el sector público representa un cambio en los requerimientos tanto para las entidades como para la UIF. Todo esto le va a permitir al regulador tener un mayor soporte para realizar sus análisis. Al tener más información, le va a permitir poder asignar esfuerzos de forma más eficiente en cuestiones con mayor nivel de riesgo”.

Una implementación escalonada

Las entidades tienen plazo hasta el último día de este año para presentar un plan donde se detalle la metodología de identificación de sus riesgos. En una segunda etapa, para el 31 de marzo de 2018, deberán contar con un informe técnico que refleje los resultados de la implementación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos. Y, en una última instancia, para el segundo semestre de 2018, las entidades deberán haber ajustado sus políticas y procedimientos de acuerdo con los resultados de la autoevaluación de riesgos efectuada, los cuales deberán estar contenidos en el Manual de Prevención de LA/FT.

Federici reconoció que, inicialmente, la normativa incluía plazos más acotados, pero las entidades pidieron estirarlos. Para el presidente de la UIF, los regulados van a poder cumplir con estos nuevos deadlines sin inconvenientes ya que “están trabajando con este enfoque basado en el riesgo internamente, aún cuando la norma no lo había planteado”.

“Lo que ahora les resta es volcar esos principios del risk management a la prevención del lavado de activos. Seguramente va a haber un trabajo mayor para todos, pero los beneficios se verán también en todo el sistema financiero”, agregó el funcionario.

En este punto algunos analistas fueron más cautelosos. González señaló que, “por un lado, está bien porque a nivel mundial el concepto es manejar este tema a través de la gestión de riesgo y Argentina tardó mucho en cambiar su forma. Pero, por el otro, las entidades se encuentran con que tienen una estructura y una organización basada en el esquema anterior y tienen que cambiarla para trabajar bajo un nuevo esquema. Se trata de un cambio importante, que impacta más en el aspecto cultural que en el normativo”.

Grela, por su parte, indicó que “si bien es cierto que las entidades financieras llegan a este cambio normativo mejor preparadas, ya que muchas realizan sus propios monitoreos, otros sujetos obligados no tienen hoy en día estas facilidades, por lo que les va a costar más adecuarse. Todo lo que tenga que ver con mayor control implica, para los sujetos obligados, un mayor costo y una mayor dedicación”.

“De todos modos, en general están todos muy contentos con estos nuevos cambios. La mayoría de los bancos ya tienen este tipo de prácticas en sus casas matrices. Hemos trabajado con varios bancos y están en pleno proceso de adecuación”, añadió el especialista.

“Hay que hacer una inversión, pero éste es un criterio que es más eficiente y efectivo que el que se usaba anteriormente. Si la entidad empieza a trabajar bajo un esquema de gestión de riesgo, no sólo está aplicando la norma sino que también está realizando una mejora continua sobre sus procesos. Es una inversión que va a tener un resultado positivo”, completó González.

Un alcance más amplio

La idea de las autoridades es extender este nuevo enfoque a otros sectores.

Federici anticipó que el organismo que preside ya está trabajando en conjunto con el sector de valores y seguros para extender la norma de control basado en el riesgo hacia ellos. “Seguramente tendremos dos nuevas regulaciones en los próximos dos meses”, dijo.

“Queremos extender esta forma de trabajar a todo el sistema para que ningún sector quede en desventaja”, remarcó.