Algunos señalan que ahora los bancos están mejor preparados para enfrentar cualquier contingencia adversa. Otros se quejan del peso que las nuevas regulaciones tienen sobre la rentabilidad y la capacidad de las entidades para hacer negocios. En este contexto, el Senado de EE. UU. se prepara para desmantelar la Ley Dodd-Frank.

Si se observa hoy el panorama que presenta el sistema bancario global es posible contraponer dos tendencias: una que se identifica con los beneficios y otra que se identifica con las desventajas de la realidad actual.

Una sostiene que los efectos de la crisis financiera iniciada una década atrás, con grandes repercusiones económicas y sociales, han sido completamente superados. Y considera que las instituciones bancarias actualmente son más resilientes a eventuales contingencias desfavorables, lo cual aleja el riesgo de que se produzca una alteración de las variables que provoquen quiebras de importancia sistémica, con las eventuales consecuencias –ya conocidas– que recaerían finalmente sobre los contribuyentes, y perturbarían la estabilidad económica y social.

La opinión contraria reúne obviamente a los bancos y a las instituciones voceras de la economía real, como la Cámara de Comercio Internacional. Señala, entre otras cosas, que la recuperación de la rentabilidad del negocio bancario se ve entorpecida por la carga regulatoria, el escaso rendimiento de los activos y las trabas interpuestas a algunos negocios.

Actualmente hay demasiados fondos disponibles, incluso algunos oscuros, en busca de renovar ese pasado. Hoy tratan de encontrarlo en bonos soberanos y privados de alto riesgo y máxima renta, con el consiguiente peligro de incurrir en pérdidas que harían tambalear a un agente un tanto desprevenido.

Aquellos que califican con optimismo los resultados de las medidas que los reguladores internacionales adoptaron para paliar primero y superar después los efectos de la crisis señalan que ahora los bancos pueden resistir mejor a cualquier contingencia adversa. Para ello, han debido acumular capital adicional que les permite tener una mayor capacidad para absorber las pérdidas provenientes de una recesión, de cualquier otro agente exógeno o de su propia incompetencia.

Además, se han visto obligados a adoptar conductas más prudentes al asumir riesgos, optimizando su gestión analítica y administrativa. En este sentido, han aumentado los controles que dificultan incurrir en excesos y expansiones con el único objetivo de incrementar la rentabilidad, sin reparar en el resguardo ético propio de la buena gobernanza y de las sanas prácticas empresarias.

También los supervisores y reguladores jurisdiccionales han debido optimizar su gestión y abandonar cierta lasitud en su responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las normas. Es decir, han dejado de lado la discrecionalidad al juzgar la calidad de ciertos negocios y las colusiones del pasado, lo que ha desembocado en multas que han hecho tambalear a entidades que son emblemáticas en sus respectivos países.

Asimismo, se ha acentuado la intercomunicación y la cooperación entre las distintas autoridades nacionales, que se preocupan ahora por los negocios y actividades que sus supervisados desarrollan en otros países. Esta conducta se encuentra promovida por las directivas emanadas de los reguladores internacionales, las que en un principio se dirigieron a los bancos sistémicos, pero se están aplicando ahora en los países emergentes, incorporando a sus representantes en los grupos de consulta y análisis de las iniciativas.

Con este fin, se ha añadido en los encuadres normativos internacionales el principio de la proporcionalidad, a efectos de lograr que, a partir de una base común, los preceptos sean apropiados y aplicados eficazmente a instituciones de diverso porte, respetando sus particularidades y la legislación nacional.

Si bien el andamiaje regulatorio afecta principalmente, al penalizar la escala, a los bancos de proyección mundial, también alcanza a entidades de menor envergadura, tanto por los volúmenes que manejan respecto a su contexto como por encontrarse circunscriptas a un país, incluso a una región, a una especialidad o a una actividad económica en particular. Es el caso de los bancos de ahorro de la comunidad europea o las instituciones estadounidenses que atienden nichos específicos.

Todos los regulados coinciden en sus reclamos por el excesivo costo resultante de la complejidad administrativa que suponen los nuevos regímenes contables e informativos, que han sido diseñados para aumentar la transparencia y homogeneizar a nivel mundial la información financiera que se pone a disposición del público interesado. También recibe lo suyo el GAFI y la recarga de tareas que impone.

El peso de esas nuevas cargas y las modificaciones que se han incorporado produjeron un impacto significativo en las operaciones de grandes entidades internacionales. Por ejemplo, un banco insignia de Wall Street, de estar presente en 50 países, hoy se encuentra reducido a 19 e, incluso, en algunos casos con prestaciones limitadas.

A su vez se duda de la capacidad de imponer a nivel mundial la batería de normas que ha sido desplegada para prevenir o minimizar ciertas fragilidades intrínsecas del sistema financiero y ciertas políticas económicas y financieras que llevan adelante algunos países. Así, se observa cómo decisiones de corte monetario respaldan la reactivación no sólo del comercio y la industria sino también del nivel de endeudamiento minorista, el cual es sumamente susceptible a un debilitamiento de la actividad económica y, por consiguiente, origina un mayor rigor en la valoración de los riesgos e incrementa el nivel de deudores morosos. El recuerdo del mercado inmobiliario de los Estados Unidos aún está muy presente.

Esa creciente orientación, socialmente aceptable, a favor de las necesidades del hogar y de la familia es una constante que se percibe en todos los países. En las economías desarrolladas la relación de la deuda de los hogares respecto del producto bruto aumentó paulatinamente desde el 35% en 1980 a cerca del 65% en el año 2016. En los mercados emergentes la relación es menor, como es previsible, pero igualmente sigue ese curso, pues muestra cifras del 5% en 1995 y del 20% en 2016, una tendencia a la que no es ajena la Argentina.

Lo que esto evidencia es que una contingencia desfavorable puede generar tal cúmulo de créditos impagos que podría desbaratar la estabilidad. Este planteo es propiciado, sobre todo, por el sector académico, que teme que tal auge ofrezca un flanco débil que podría ser el germen de una nueva crisis. También se preocupa la Reserva Federal, que ha exhortado a mejorar la supervisión de los préstamos hipotecarios residenciales.

En la posición opuesta se ubica la mayoría del Senado de los Estados Unidos, que, a instancias del Poder Ejecutivo, se dispone a desmantelar las regulaciones que oportunamente impuso la Ley Dodd-Frank.

En gran medida se han completado las reformas regulatorias y se ha mejorado la supervisión, aunque persisten los reclamos que buscan atenuar la presión. También se ha llamado la atención sobre los posibles resquicios en los que podría filtrarse una nueva crisis, todo ello ante el desafío que implican los avances de la tecnología y los nuevos agentes financieros, con la consiguiente dependencia de algoritmos que podrían amplificar los riesgos sistémicos. Como siempre, el futuro resulta impredecible, a pesar de lo cual los bancos se verán obligados a dar las respuestas adecuadas si se proponen sobrevivir.

Este artículo fue elaborado por Consultores Bancarios Asociados.