A finales del año pasado se completó la adhesión de diez distritos que concentran el 84% de la litigiosidad. Esto abre un nuevo panorama en el manejo de los accidentes de trabajo que permitirá a las aseguradoras volver a focalizarse en su negocio. Se espera el fallo de la Corte que ponga punto final a la industria del juicio.
Con la adhesión en diciembre de la provincias de Buenos Aires, Jujuy y Corrientes a la nueva Ley de Riesgos del Trabajo, ya suman diez las jurisdicciones que adoptaron la ley 27.438 que busca que baje la litigiosidad en el sistema de cobertura de riesgos del trabajo.
Desde que se sancionó la norma en febrero del año pasado, se adhirieron la Ciudad de Buenos Aires (C. A. B. A.), Córdoba, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, San Juan, provincia de Buenos Aires (P. B. A.), Tierra del Fuego, Jujuy y Corrientes. Y, según la Supertintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), se encuentran en vías de adhesión Chubut y Salta y, en tratativas avanzadas, Santa Fe, Misiones, Neuquén, Catamarca, Formosa y Chaco. De acuerdo a datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), los diez distritos que ya se encuentran adheridos concentran el 84% de los juicios del sistema.
“Si todas las provincias adhirieran, la cantidad de juicios iniciados debería bajar 42% como piso”, dijo Guillermo Arancibia, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), porque entiende que se eliminarían los reclamos que surgen por las diferencias en la prestación dineraria y sólo quedarían los que surgen por los grados de discapacidad o los accidentes considerados no laborales.
“Que el trabajador pueda encontrar la solución dentro del sistema en un período tan corto de tiempo y que la aseguradora esté obligada a abonarle compite con la sanción de una causa judicial, que en la ciudad de Buenos Aires lleva dos o tres años y en la provincia de Buenos Aires, siete años”, agregó.
De las provincias conflictivas, sólo queda Santa Fe, que concentra el 12% de las causas judiciales. La SRT está en tratativas con el Ejecutivo y los legisladores santafecinos para lograr la adhesión en los próximos meses.
“En lo personal queremos que la provincia esté adherida. Santa Fe se va a terminar adhiriendo a la nueva ley porque se ven los resultados de la reforma. El foco este año es lograr la adhesión de la provincia, que es la de mayor judicialidad de las provincias que quedaron afuera”, dijo Guillermo Davi, gerente general de Prevención ART.
“Estamos dando pasos importantes y en 2018 se entiende que todas las jurisdicciones estarán adheridas al nuevo régimen”, añadió.
Que el mapa del país se vaya completando con las adhesiones es importante para que se vayan ahogando las oportunidades de iniciar causas judiciales en los distritos aún disponibles. La potencia de la nueva ley se verifica en que la cantidad de juicios ingresados cayó 48% en C. A. B. A. y 58% en Córdoba en noviembre pasado, lo que contrasta con el incremento del 69% en la provincia de Buenos Aires antes de su adhesión.
“Como vimos a lo largo de los años, la litigiosidad tiene la particularidad de ´mudarse´ muy fácilmente de provincia. En su momento C. A. B. A. se convirtió en un boom de juicios, atraídos por la celeridad y lo favorable de las pericias y las altas tasas de interés. Luego, al aplicarse la Ley en C. A. B. A. y no en P. B. A. (porque ésta no había adherido aún), la provincia registró un aumento de judicialidad que la llevó a ocupar el puesto número uno, que desde 2008, y por lejos, venía detentando C. A. B. A. Esto implica que aquella provincia que no adhiera estará más expuesta a la judicialidad”, explicó Mara Bettiol, presidente de la UART.
“Con el tiempo, como vimos que pasó en C. A. B. A., se espera que baje el flujo de casos y que, por otro lado, el stock de casos abiertos que no tiene pericia aún se ajuste a los procedimientos periciales de la nueva ley”, resaltó.
Impacto sobre la litigiosidad
Según la SRT, uno de los impactos positivos que tuvo la adhesión de las provincias a la Ley de Riesgos del Trabajo es que los acuerdos alcanzados por trabajadores que pasaron por las comisiones médicas llegaron al 90% en C. A. B. A. y al 97% en Córdoba. En tanto, a través del programa de fortalecimiento de las comisiones médicas, se redujo a 25 días el tiempo de respuesta a las demandas de los trabajadores, cuando la norma les da 60 días hábiles para emitir dictamen.
Como puntualizó Arancibia, la nueva ley introduce “modificaciones que hacen a una mejora del cálculo de la prestación dineraria”, ya que ahora se calcula en base a recomendaciones de la OIT y se aplica una tasa de interés por el período en que no está actualizada. “Por eso, no debería haber casos de judicialización por la prestación dineraria. Sí, por el porcentaje de discapacidad o de origen laboral”, agregó. Antes de la nueva ley los casos se resolvían sólo en un 30% a través de las comisiones médicas y 70% por la vía judicial.
El funcionario señaló, además, que, sobre 650.000 accidentes, la ley anterior promovía que sólo 70.000 incapacidades se canalizaran por las comisiones médicas. Hoy se entiende que otros 110.000 casos, que antes iban a la Justicia, deberían agregarse al sistema de comisiones médicas.
Resta que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la constitucionalidad de la nueva ley. Todos los meses se presentan 1.500 causas judiciales en contra de ella.
Gustavo Morón, Superintendente de Riesgos de Trabajo, indicó que son optimistas: “Todo lo que la Corte declaraba inconstitucional está solucionado por la ley. Cuando la Corte se expida se acabarán las dudas de que será obligatorio para todo el mundo ir a la comisión médica. Ese día se acaba la industria del juicio por los accidentes de trabajo. Esperamos que llegue a mediados de este año”.
Mientras tanto, la SRT tiene como objetivo ir creando nuevas comisiones médicas en el próximo año y medio, de manera que el 85% de los trabajadores no esté a más de 50 kilómetros de distancia.
Por lo pronto, en el primer trimestre de este año es necesario abrir más comisiones médicas en las provincias que acaban de adherir a la nueva norma. Es el Estado nacional el que firma convenios con los ejecutivos provinciales para equipar las comisiones médicas sobre la infraestructura que ofrecen los distritos.
Hoy son las ART las que primero dan la prestación de salud y determinan el daño y el porcentaje de incapacidad. Si hay acuerdo, la comisión médica homologa. Si hay divergencia con el trabajador, la comisión médica evalúa y dictamina el daño, lo que pasa a homologación. El importe que dictamina la comisión médica pasa a ser un piso que se convalida en las audiencias en la Justicia y puede modificarse hacia arriba. Dado que las empresas participan de las audiencias, es posible reconocer los salarios en negro como base de la indemnización a pagar.
Por otra parte, la SRT está conversando con la Corte Suprema para crear cuerpos de peritos judiciales en las provincias cuyos salarios sean financiados por el Ministerio de Trabajo. Este esquema es complementario a la nueva Ley de ART. Está en marcha una prueba piloto en Santa Fe. Se aplica para las causas nuevas y también para los casos vigentes que no tienen un peritaje hecho.
“Una forma de bajar el stock de juicios es que el peritaje lo hagan los peritos que utilicen el baremo”, dijo Morón. Es que uno de los vicios del sistema anterior era que los peritos cobraban un porcentaje del monto indemnizatorio, algo que los incentivaba a elevar los montos ya que se estaban aumentando sus propios honorarios. Con el nuevo marco, los peritos reciben un importe fijo por la tarea realizada, independientemente del monto de la indemnización del trabajador.
Recuperando la esencia del negocio
Según Bettiol, “la nueva ley brinda un horizonte más despejado de juicios, lo cual permitirá ir recuperando, de a poco, la esencia para la cual fueron creadas las ART: ampliar la cobertura, colaborar con el empleador en la prevención, incorporar más y mejores servicios y realizar más inversiones en tecnología. Todas estas acciones comenzarán a ganar más espacio que el que tenían en un escenario signado por la judicialidad”.
Davi coincidió en que se modificará el foco del negocio y se tenderá a una baja de las alícuotas: “Esperamos, con la implementación y adhesión a esta ley, una reducción significativa de los tiempos en el pago de las indemnizaciones y una reducción de las demandas que ingresan; y en los costos laborales”.
“A medida que se vaya despejando la judicialidad, se irá poniendo el foco en la parte prestacional y en la salud ocupacional”, agregó el ejecutivo. “El foco se fue perdiendo por la industria del juicio. Esperamos que, finalmente, nos podamos concentrar en lo que el sistema necesita”.
Davi entiende que el impacto en las alícuotas será más notable en las actividades más afectadas por la alta judicialidad: construcción e industria. En cambio, el comercio tendrá un impacto menor: “Ya se está viendo que las alícuotas tienden a la baja y esto tiene que ver con el comportamiento de la judicialidad. Esta baja de alícuotas va a ser muy gradual”.
Sobre la baja de alícuotas presiona el stock existente de 350.000 juicios que las aseguradoras deben aún pagar y que la nueva ley no puede resolver retroactivamente.
Para ayudarlas a abonar esa contingencia, la Superintendencia de Seguros de la Nación emitió una norma que introduce aumentos en las reservas que las compañías tienen que constituir por juicio. Y liberó la totalidad de las Reservas de Contingencia y hasta un 70% de las Reservas IBNR e IBNER, para que exclusivamente cancelen los juicios que actualmente están en cartera, sobre accidentes laborales o enfermedades profesionales sucedidas antes del 5 de marzo de 2017. Las compañías podrán utilizar dichas reservas exclusivamente para cancelar juicios hasta el 30 de junio de 2019.
