El economista Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, evalúa los riesgos y los beneficios del programa RIGI para incentivar las inversiones.
Más allá del discurso oficial, un amplio abanico de economistas y analistas de diferentes orientaciones y sectores centran sus análisis sobre el RIGI y su aplicación más en las deficiencias que en sus potenciales virtudes. Muchos coinciden en que las inversiones no llegan en gran cantidad por un tema de insuficiente confianza, más que por el marco jurídico e impositivo propuesto por el Gobierno.
En esa línea, el economista Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, considera que la confianza comenzó a recuperarse, aunque advierte que aún quedan obstáculos importantes. «Hay más depósitos en dólares que hace algunos años; eso significa que la gente cree que no va a haber nuevamente una apropiación de depósitos», puntualiza. Sin embargo, advierte que «sigue habiendo muchas regulaciones y formas de funcionar que impiden que esa rueda funcione bien».
Esa apatía inversora a nivel interno tiene su correlato en el poco interés de los fondos de riesgo externos, pero también en las multinacionales que en los últimos años se fueron del país. Un contexto atractivo para el capital local o extranjero no se impone por decreto. De hecho, el año pasado, de los cientos de miles de millones de dólares anunciados, apenas se hicieron efectivos algo menos de mil millones. Y es que, como señalan desde el estudio del IERAL, “el super-RIGI es otra isla en el océano de distorsiones”.
Giordano no desconoce que un aumento sostenido de la inversión es condición necesaria para que Argentina pueda crecer de manera estable. Pero considera que el déficit no responde a un sector ni a un tipo de proyecto en particular, sino a un entorno general marcado por volatilidad macroeconómica, cepo, impuestos distorsivos, inseguridad jurídica y restricciones comerciales. “En este contexto, el super-RIGI puede hacer viables algunas inversiones de gran escala, pero también profundiza una lógica de excepciones que no reemplaza la necesidad de reformas generales”, puntualiza.
«De alguna manera, es el tema del árbol y el bosque, porque al poner en el centro de la escena a los regímenes de incentivo a las megainversiones se tapa el entramado que existe en el país de pequeñas y medianas empresas e industrias que, además de factores exógenos, tiene que lidiar con factores locales superimportantes, como inflación, costos, tipo de cambio, importaciones, aranceles, impuestos, servicios, financiación y un virtual estancamiento de la economía real.»
Está claro que el país necesita más inversión, pero la interna está en caída y la IED es insignificante para el potencial que ostenta la Argentina. “Un proceso de crecimiento sostenido requiere una inversión cercana al 25% del PBI, pero Argentina raramente superó el 20% en las últimas dos décadas y en los últimos años se ubicó apenas en torno al 16%”, remarca. Al mismo tiempo, la inversión extranjera directa apenas alcanzó el 0,5% del PBI el año pasado, muy por debajo del 3,7% de Chile y el 3,4% de Brasil. Y este dato convive con una compra de dólares para ahorro equivalente al 4,7% del producto.
Con este panorama, surgen opciones o alternativas que resultan superadoras o más abarcativas que las propuestas desde el ejecutivo y el legislativo, y que incluyen la variable empleo como un factor de gran relevancia a la hora de hablar de inversiones en este contexto poco dinámico. “Buena parte de los objetivos que se espera alcanzar con el super-RIGI se podrían lograr sin establecer una nueva normativa de excepción sino con una mejora en el diseño y aplicación del RIGI. Para ello, los esfuerzos deberán estar centrados en buscar los instrumentos para que sea más atractivo explotar las ventajas que ofrece la Argentina, más que seguir agregando “super” excepciones, mientras que el resto de la producción sigue lidiando con los enormes déficits institucionales que todavía padece la Argentina”, concluye.
