Guido Zack, director de Economía de Fundación Fundar, expone las inconsistencias de los regímenes de incentivo a las grandes inversiones implementados por el Gobierno y ofrece alternativas para equilibrar la balanza entre lo ofrecido y lo recibido por el país.
«Que Argentina necesita un régimen de incentivos es un dato indiscutible. Con una macro frágil y un prontuario que incluye incumplimiento de contratos, default, cepos, estadísticas dibujadas y depósitos confiscados, ofrecer reglas claras y estables es la única forma de que un inversor nos crea. Pero que Argentina necesite desesperadamente inversiones no debe llevarnos a atraer inversiones en forma desesperada. La discusión supone, por eso, entender con qué instrumentos, porque dar garantías no es lo mismo que regalar concesiones. Y el país tiene activos desde los que pararse en esa negociación: energía renovable, frío para refrigerar servidores, minerales estratégicos, cables submarinos.
Respecto al sistema del RIGI que promueve el Gobierno, Zack apunta que «el país necesita atraer inversiones y nuestro historial de incumplimientos requiere un régimen especial. Pero el paquete de incentivos más generoso de nuestra historia va mucho más allá. Si una inversión no genera empleo ni proveedores locales, no deja impuestos ni vuelca dólares en la economía, ¿es realmente una inversión? Esa es la pregunta incómoda que deja el super-RIGI».
Frente a esto, Zack explica que «el super-RIGI lleva al extremo las deficiencias que ya estaban en el régimen previo. Vigente desde 2024, el RIGI anunció inversiones por 140.000 millones de dólares. ¿Cuánto se hizo efectivo? Apenas 762 millones. El resto son, por ahora, declaraciones de amor, no amor verdadero. Además, nueve de cada diez dólares prometidos van a petróleo, gas y minería: sectores que ya eran rentables y en muchos casos inversiones que estaban anunciadas antes del régimen. Es decir, le pagamos por venir a quien ya venía».
Según su punto de vista, «en términos de beneficios tributarios, el super-RIGI toma la lógica del régimen anterior y la empeora. Es menos de lo mismo. Ganancias baja del 35% al 15%. Las retenciones a la exportación arrancan en cero desde el día uno. Se eliminan derechos de importación para todos los bienes del proyecto. Los dividendos tributan 3,5% a partir del cuarto año, la mitad de la alícuota general. Las contribuciones patronales bajan del 24% al 10% para nuevos empleos (un beneficio que el RIGI ni siquiera incluía), aunque en industrias tan capital intensivas como los data centers, el empleo directo es mínimo: es un regalo sin efecto real sobre la decisión o no de invertir. Esos beneficios tributarios se complementan con otros cambiarios, aún más significativos».
Para Zack, «el riesgo es concreto y tiene nombre: enclave. Una inversión que no deja impuestos, no aporta divisas y no genera proveedores. Una catarata de beneficios sin contrapartida productiva de ningún tipo. Inversión asintomática. El super-RIGI expone al Gobierno frente a una paradoja. Mientras recorta políticas productivas y sociales en nombre de la austeridad, adopta como bandera el paquete de incentivos más grande de nuestra historia —impositivos, aduaneros, cambiarios, laborales— sin pedir casi nada sustantivo a cambio».
«Desde Fundar proponemos atar cada beneficio a una meta verificable: menos impuesto a las ganancias si hay proveedores locales; cero retenciones si hay exportaciones que se liquidan en el BCRA; estabilidad por 10 o 15 años renovables, no 30 incondicionales. Que un data center reserve parte de su poder de cómputo para universidades y startups argentinas. Que invierta en investigación local. Y, como mínimo, que un conflicto pase primero por la Justicia argentina antes de viajar a un tribunal extranjero donde, por regla, ningún árbitro puede ser argentino», concluye Zack.