Los efectos económicos de un nuevo intento por repatriar el dinero de los argentinos

El Gobierno apeló a esta alternativa, por un lado, buscando aprovechar un contexto internacional único pero, por el otro, a partir de la necesidad de poner en marcha la economía tras un duro primer semestre y una respuesta de la inversión privada más tibia de lo esperado. Cuatro importantes economistas analizan las perspectivas que plantea la medida.

La ley de blanqueo es un hecho y ahora la expectativa está puesta en cuánto dinero se terminará exteriorizando y si se hará un buen uso de los recursos que ingresen como consecuencia de esta medida. Si genera un influjo de capitales significativo que no es viabilizado hacia inversiones en infraestructura y en el aumento de la productividad de las empresas productoras de bienes transables puede provocar un veranito temporal, pero dejarnos luego con los mismos problemas que a principios de este mandato, habiendo desperdiciado una nueva oportunidad para fortalecer la economía.

“Creo que es una medida necesaria”, dijo el economista Luis Secco. “Tiene que ver con una tendencia mundial a favor de la transparencia. El blanqueo de capitales es una medida que ya fue tomada por otros países, buscando un camino similar, como España, Chile y Brasil. Todos están en un camino de mayor transparencia que evidentemente Argentina tenía que tomar, teniendo en cuenta que es un país que tiene mucho ahorro en el exterior”.

“Es un proceso que, de alguna manera, encuadra con lo que pasa a nivel global con las políticas de intercambio de información. Va cercando las puertas al dinero negro que proviene de actividades ilícitas, como el narcotráfico y el terrorismo. Argentina tenía que dar este paso”, agregó Secco.

La iniciativa aprovecha la entrada en vigencia el 1 de enero de 2017 en más de 90 jurisdicciones del mundo de estándares para el intercambio automático de información financiera en materia impositiva de la OCDE.

“Lo veo bien”, dijo, por su parte, el economista Orlando Ferreres. “Hay mucho dinero de los argentinos en el exterior, 300 mil millones de dólares. No están ganando nada con él, con tasas de interés bajísimas y un riesgo alto en las acciones, y los están corriendo de muchos bancos. La gente está predispuesta a blanquear”.

El analista explicó que los bancos en el exterior no quieren conseguir o mantener clientes que no tienen un plan de negocios, por miedo a que los fondos provengan de actividades ilícitas: “Con ese criterio, exigen más información y empiezan a complicar bastante a todos los que tienen depósitos en el exterior. Y en Argentina, cada tanto, expropian todos los depósitos, con Erman González, Domingo Cavallo y luego con Jorge Remes Lenicov”.

Aprovechar el contexto internacional para iniciar un blanqueo no disimula que Argentina inicia este tipo de operaciones periódicamente para captar divisas.

“Este blanqueo es un momento bisagra en la historia financiera, tributaria y económica argentina. Tiene que ser el último porque en la historia reciente tenemos alrededor de 20 blanqueos. Todos los gobiernos han impulsado uno desde 1960 y hemos tenido dos blanqueos en el último gobierno”, dijo Santiago Montoya, ex conductor de ARBA.

“El blanqueo muestra que somos un país poco serio. Existen grandes cantidades de capital fugados del sistema y hay que perdonar reglas de cumplimiento y abaratar los costos para que vuelvan. Es un capítulo que en Argentina debe cerrarse”, enfatizó.

El gobierno nacional, a sabiendas de que el blanqueo es una medida que premia a los evasores y que fue muy criticada por sus integrantes cuando se encontraban en la oposición, asoció esta exteriorización al programa de reparación histórica de los jubilados.

En este sentido, según Marco Lavagna, diputado del Frente Renovador, la prioridad absoluta del partido era que saliera el pago a jubilados y el blanqueo venía junto con ese paquete: “Si bien uno puede cuestionar este tipo de medidas desde lo moral, entendíamos que el Gobierno estaba pidiendo que se apruebe y nos pareció correcto acompañarlo haciendo modificaciones. Por eso lo apoyamos, dentro de un contexto mundial donde el mundo avanza a un gran último blanqueo. La clave es que sea el último blanqueo y que no sigamos con estas prácticas. No hay que hacerlas extensivas en el tiempo”.

Las modificaciones que se introdujeron en Diputados tuvieron que ver con la exención de Ganancias para el primer aguinaldo y la corrección de Bienes Personales, que lleva a 0,25% la alícuota en 2018, entre otras. Con todo, ya desde el Ejecutivo se trataba de un blanqueo con beneficios específicos para los contribuyentes cumplidores.

Para Secco, “el blanqueo tiene como correlato no deseado la asimetría entre aquel que está en regla y aquel que no lo está. Me parece que el objetivo del Gobierno es que en el mismo proyecto haya algún intento de bajar la carga tributaria”.

Un blanqueo con mejores perspectivas

A pesar de los malos resultados obtenidos por el blanqueo de capitales impulsado durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los analistas consultados confían en que la medida presenta interesantes perspectivas en esta oportunidad.

Para Ferreres, los contribuyentes no tenían confianza en el gobierno anterior: “Era para gente específica pero tuvo poco éxito. Este blanqueo es distinto. Es como lo que hicieron en Italia y España. Este blanqueo está pensado para un desarrollo y los inversores confían más en este gobierno”.

Secco entiende que el blanqueo actual será más efectivo que el del gobierno anterior porque se aceleran los tiempos de la necesidad de transparencia e intercambio de información: “Por los acuerdos firmados, a los argentinos con dinero en el exterior se les va a hacer difícil no blanquearlo”. Otra ventaja que enumeró es que el contribuyente puede exteriorizar y mantener sus tenencias en el exterior: “Son dos ventajas respecto de otros blanqueos”.

Montoya, a su vez, indicó que el blanqueo anterior tenía como desventaja el contexto del cepo cambiario: “¿Quién va a querer venir si no puede salir? La voluntad de este gobierno es ser parte de la comunidad financiera y de capitales, donde la movilidad es posible. Por otro lado, en el gobierno anterior había una tendencia a intervenir de manera poco racional en los principales sectores económicos con buena tasa de rentabilidad. Todo eso desalentaba a los potenciales participantes. Un cambio de modelo, con un gobierno que no es hostil para que los empresarios hagan negocios lícitos y ganen dinero, es positivo para un nuevo blanqueo”.

Lavagna coincidió con el resto de los entrevistados en que el blanqueo puede ser más exitoso que los anteriores por el condicionamiento que le pone el mundo a los evasores.

A la hora de estimar el volumen de fondos que puede llegar a ingresar como resultado de esta medida, Secco señaló que la expectativa de 20 mil millones de dólares “luce favorable”. “Para el argentino o eventual blanqueador y pagador de impuestos es una oportunidad para ponerse en regla”, dijo.

Ferreres estimó que si existen unos 300 mil millones de dólares en el exterior y unos 200 mil millones no declarados, un 20% de lo no declarado serían unos 40 mil millones. Si se paga un promedio del 6% de impuestos, serían unos 2.400 millones de dólares lo que ingresaría al Banco Central.

Montoya indicó que, si se cumplen las estimaciones de 40 a 50 mil millones de dólares de exteriorización, conociendo la cantidad de bienes no declarados y fugados, puede ser la señal de que haya un nuevo blanqueo más adelante: “Si esta es la muestra estaría triste porque no estarían dadas las condiciones para que sea el último”.

Una herramienta para poner la economía en marcha

Tras un primer semestre duro en lo económico y con una inversión privada que se viene despertando en forma más lenta de lo que esperaba al inicio de su gestión, el Gobierno está posando sus ojos en la inversión pública y el consumo que el blanqueo puede viabilizar para darle un impulso a la actividad.

Montoya señaló que “el Gobierno ha aplicado todas las medidas más difíciles desde el punto de vista de la gente y socioeconómico al comienzo de su gestión y necesita que el trago amargo vaya quedando atrás y que la Argentina empiece a despegar. Necesita una terapia de shock para sacarla del letargo en que se encuentra lo antes posible”.

Para Secco, el blanqueo se destinará al consumo: “Será utilizado para pagar la reparación histórica de los jubilados. Va a financiar el envión del consumo que quiere dar el Gobierno. Luego se verá cuánto del blanqueo ingresa bajo la forma de inversión, cuánto de lo que se compre en bonos se puede destinar a inversiones en infraestructura y demás. Pero cualquiera de las dos opciones repercute en una mayor demanda interna”.

Ferreres coincidió en que “el dinero liquidado le va a venir bien al Gobierno para la obra pública y de infraestructura que tiene planeada, pero para la que no tiene el dinero”.

Lavagna no cree que “el impacto vaya a ser fenomenal en la economía. Puede generar alguna inversión, algo de consumo y algún ingreso adicional de recursos fiscales, pero en el corto plazo, salvo que haya una entrada grande y que vaya a instrumentos que tengan que ver con el desarrollo productivo, no va a tener un impacto significativo”.

Las claves para un efecto perdurable

Sea cual fuere la magnitud del impacto económico del blanqueo, los economistas coincidieron en que, para que sus efectos benéficos sean perdurables, es importante que sea acompañado de políticas que generen confianza en el futuro y brinden oportunidades de inversión.

“Si a Argentina le va bien y los riesgos de confiscación caen, el temor a tener activos en el país va a ir cayendo. El desarrollo del mercado local debería acompañar ese cambio de actitud, del temor a que confisquen tus ahorros en el país”, dijo Secco.

Montoya, por su parte, destacó que “si el blanqueo es exitoso, es un tremendo golpe de energía para que la economía salga de su letargo. Y, con ese proceso de inversiones, de trabajo, de gestión, de incremento en la productividad, empezaría un círculo virtuoso”.

De todos modos, el ex recaudador de impuestos aclaró que “necesitamos que entren muchos capitales pero también que se apliquen medidas importantes de formalización de la economía”.

En este sentido, entiende que el Gobierno necesita una reforma tributaria “para ensanchar la base fiscal y aliviar la presión sobre los que pagan. De todos modos, hay que tener cuidado, porque en un país que anuncia una reforma tributaria existe propensión de los contribuyentes a relajar la contribución”.

Montoya agregó que también se requiere una racionalización regulatoria: “No basta con que haya un clima importante de negocios, necesitamos que la economía argentina tenga muchas oportunidades de inversión. Y estas oportunidades dependen de qué tan prometedor es el ciclo económico. Sabemos que hay oportunidades en sectores estratégicos, pero hay una gran maraña de regulaciones que quedan de una cantidad de años en que el Estado fue creciendo. Hoy el proceso es encontrar y justificar la presencia de un Estado tan expandido, que ha puesto regulaciones y se ha metido en todo”.

“Por lo tanto, el blanqueo puede ser muy bueno si reactiva la economía y se dan las condiciones para que sea el último, porque tuvo un gran acogimiento. Pero también es importante el clima positivo que pueden brindar una reforma tributaria y un proceso de racionalización regulatoria, al tener un Estado que haga controles inteligentes y aplique regulaciones que velen por los intereses de la población. Si Argentina se muestra vigorosa y con oportunidades de inversión, se generarían las condiciones para el desarrollo de negocios lícitos y para que, a través de un goteo, ingresen los capitales que no lo hagan ahora”, redondeó el ex funcionario.

“Creo que había que aprobarlo, hacerlo y regularlo. Así como no creía que el pago a los holdouts era la solución a todos los problemas de Argentina, tampoco el blanqueo es la solución a todos los desequilibrios del país. Nos enamoramos de medidas mágicas que nos salven. Son cosas que pueden ayudar y servir, pero de ninguna manera compensan los desequilibrios de la economía”, resaltó Lavagna.

La entrada de capitales podrá materializarse hasta el 31 de marzo de 2017, nueve meses para evaluar al Gobierno y a los riesgos actuales y futuros.