La empresa privada Iguazú Argentina S. A., concesionaria de los servicios turísticos en el Parque Nacional Iguazú, avanza en la reconfiguración de su modelo de negocios para adaptarlo a las exigencias globales de sustentabilidad. Ante la recepción de más de 1,5 millones de visitantes anuales en sus 200 hectáreas operativas, la gestión se vuelve crítica para encontrar un equilibrio entre viabilidad financiera y preservación ambiental.
«Nuestro principal desafío es brindar una experiencia de excelencia garantizando, al mismo tiempo, la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes del mundo«, definió Carol da Costa, gerenta general de la compañía que opera en articulación con la Administración de Parques Nacionales.
Huella climática
En un contexto donde la industria turística global es auditada cada vez más por su huella climática, uno de los principales focos de inversión recae en la movilidad interna y la gestión de flujos dentro del ecosistema protegido. «Hemos evolucionado desde el uso de gas licuado de petróleo (GLP) hacia la incorporación progresiva de locomotoras eléctricas. Hoy más del 50% de nuestra flota es eléctrica, lo que disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero», expresó la gerenta sobre la modernización del emblemático Tren Ecológico de la Selva, una de las experiencias más demandadas.
En materia de infraestructura civil, la empresa aplica una ingeniería de mitigación de daños sobre un terreno altamente sensible. «Mantenemos cerca de 9 kilómetros de pasarelas elevadas, diseñadas para permitir el recorrido sin intervenir directamente sobre el suelo y la vegetación, incorporamos tramos desmontables que podemos retirar preventivamente ante crecidas extraordinarias», explicó la ejecutiva.
Otras de las áreas que reestructuró Iguazú Argentina es su política de abastecimiento para reducir las emisiones a través de “una política de compras de cercanía, porque entendemos que reducir las distancias también contribuye”, explicó da Costa. Al cierre de 2025, la compañía operaba con 799 proveedores, de los cuales el 60% eran empresas misioneras.
En lo que respecta a pasivos ambientales, la empresa implementó un sistema propio de celdas vegetadas para el manejo de líquidos cloacales. «Los lodos permanecen en tratamiento dentro del sistema entre siete y diez años, hasta completar su estabilización. Una vez finalizado ese proceso, el material puede utilizarse como mejorador de suelos en espacios verdes, lo que reduce significativamente el transporte de residuos», subrayó la gerenta con respecto a esta política de economía circular.
El peso de la auditoría internacional
La demanda por mayor responsabilidad climática ya no proviene solo de los reguladores, sino del consumidor final. Según los relevamientos de la empresa, “los visitantes valoran cada vez más las acciones vinculadas con la sostenibilidad”.
“Más que buscar una actividad ‘sustentable’, esperan que toda la experiencia sea coherente con el entorno natural», afirmó da Costa, y planteó que la expectativa es que las normativas del parque generen «hábitos que los visitantes repliquen en otros destinos y en su vida cotidiana».
Para capitalizar esta demanda, la empresa obtuvo en enero de 2026 la certificación internacional Preferred by Nature™ para Actividades Turísticas Sostenibles, un estándar avalado por el Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Esta validación, que se audita anualmente y tiene vigencia por tres años, se suma a los sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 14001 que la firma ya poseía. “Más que certificar acciones puntuales, este estándar evalúa la forma en que gestionamos integralmente la actividad turística dentro de un área protegida, al verificar que la sostenibilidad forme parte de la toma de decisiones y de la mejora continua de la organización”, aseguró.
Sin embargo, el sector privado enfrenta cuellos de botella estructurales. «Hoy, nuestro principal impacto climático se encuentra asociado a la gestión externa de residuos», reconoció la directiva, y alerta al mercado de que «alcanzar mejoras significativas requiere alianzas, infraestructura y políticas públicas que permitan reducir el envío a disposición».
“Operar dentro de un parque nacional implica que cada decisión, desde el diseño de la infraestructura hasta la incorporación de un nuevo servicio o producto, debe evaluarse considerando su impacto sobre los valores de conservación del área protegida”, concluyó.