Abatir buena parte del impuesto inflacionario fue uno de los factores claves para explicar el rebote de la economía desde el piso de la recesión del segundo trimestre de 2024 pero, mientras se buscan consolidar esos logros, ahora gana lugar en la agenda el debate acerca de cómo empalmar estabilidad con crecimiento, si partimos de la base de que ya se registra un aumento en la inversión en máquinas y equipos, aunque, por supuesto, con mucho terreno por recorrer. No hay compartimentos estancos entre estabilidad y crecimiento, por lo que es un error evaluarlos por separado. De igual modo, el crecimiento puede entrar en una fase sustentable aun antes de haberse completado la agenda de reformas, con tareas que dependen del Ejecutivo y otras que no requieren unanimidad de las cámaras del Congreso, ni un pacto de la Nación con todas las provincias.

Lo más apropiado sería encarar reformas modulares, empezando por las más factibles, pero apuntando a encastrarlas con medidas complementarias en el futuro. Un ejemplo: si se acepta que los cepos al cambio y al comercio exterior han sido un tremendo problema para la estabilidad y el crecimiento desde que se impusieron allá por 2011, entonces una reforma estructural de primer orden es completar el levantamiento de esas restricciones, que subsisten para personas jurídicas. Es una tarea que no requiere ni del Congreso ni del acuerdo con las provincias.
Implica, seguramente, un nuevo equilibrio para el tipo de cambio y las tasas de interés, pero es un desafío que debe asumirse, porque la tasa de mediano y largo plazo se ha instalado en torno al 11 % en dólares y también en títulos públicos ajustables por inflación. Ese es un costo de oportunidad demasiado elevado para que proyectos de inversión se materialicen en el sector real de la economía, mientras que la subsistencia del cepo a personas jurídicas es uno de los factores por los que sigue aletargado el flujo de inversión extranjera directa al país, como lo evidencian los datos del balance de pagos. Obviamente, para lograr un descenso significativo de las tasas de interés se requiere una caída del riesgo país y, simultáneamente, un mercado en el que las expectativas de devaluación del peso se hayan desvanecido.

Otro ejemplo: el impuesto a las exportaciones agrícolas (las retenciones) tampoco depende ni del Congreso ni de las provincias. Por ese tributo, el sector agropecuario lidia con una especie de “freno de mano” que mantiene subexplotado su potencial. En Brasil, que no tiene retenciones, el empleo directo e indirecto asociado al campo captura el 26,5 % del total de los puestos de trabajo; pero en la Argentina se estima que no supera el 16,0 %. Cierto es que la política de retenciones debe compatibilizarse con el equilibrio fiscal, pero un cronograma preestablecido de reducción de alícuotas podría cambiar las expectativas.

Teniendo en cuenta, además, que bajar las retenciones implica más recaudación nacional y provincial por ganancias, IVA, ingresos brutos e inmobiliario (el valor de los campos está deprimido por el peso del impuesto a las exportaciones). Respecto a reformas en las que se necesite el apoyo del Congreso o de las provincias, seguramente habrá que ser muy cuidadoso en la secuencia, pero caben pocas dudas de que debería empezarse por el “aggiornamiento” de la legislación laboral, como la erradicación de la “industria del juicio”, mientras se avanza en la generación de consenso alrededor del tema previsional y de la creación de un “super IVA”, que cumpla la función de subsumir ingresos brutos y tasas municipales a las ventas. El mundo ideal, de “todas las reformas a la vez” es un oximoron. Lo importante de una secuencia bien elegida de cambios estructurales es que puede comenzar a dar resultados significativos en forma relativamente rápida.