Consideraciones políticas y sociales, llevaron al Gobierno a aplicar una reducción del enorme déficit fiscal heredado, en forma gradual, durante los próximos cuatro años. El riesgo es que no pueda cumplir con las metas de inflación y que se aprecie nuevamente la moneda argentina, afectando la competitividad de la economía.

El mercado aprueba la forma en que la nueva administración levantó el cepo cambiario y está resolviendo el conflicto con los holdouts, pero si bien esperaba un ritmo gradual para reducir el déficit fiscal, le hubiera gustado que imprimiera más velocidad en el ajuste.

El costo político de aplicar un rápido ajuste fiscal llevó al Gobierno a programar una secuencia que implica déficits de enormes a considerables hasta el 2018 inclusive (7% del PBI para este año, 5% en el 2017, y 3,8% en el 2018, de acuerdo a lo anunciado por el Ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay en enero). Recién en el 2019 se proyecta un déficit fiscal primario cercano al equilibrio (0,3% del PBI), y un déficit total (incluyendo los intereses de la deuda) del 2% del PBI.

En este marco se inscribe la urgencia con la que se arregló con los fondos buitre. El ministro admitió que este acuerdo era el paso necesario para que el país volviera a conseguir el financiamiento que le permita enfrentar el déficit fiscal sin mayor emisión, lo que provocaría inflación, ni un ajuste ortodoxo.

El economista Javier González Fraga defendió el camino elegido por las autoridades económicas. “Creo que es necesario todo el shock posible y todo el gradualismo necesario. Arreglar de golpe, lo que necesita tiempo, no es arreglarlo. Cuando se aplica un shock y se produce una redistribución del ingreso fuerte e insostenible, política y socialmente, implica una solución temporaria porque a la larga gana la política”.

Para el ex presidente del Banco Central, “se trata de un gradualismo inteligente. Que las clases comiencen en fecha es la mejor noticia. Que la gente se dé cuenta de cómo viene la política y que haya un proceso de remonetización”.

El Gobierno anunció que prevé bajar el déficit primario a 4,8% del PBI este año. “Hubiera preferido una reducción de 2,5 a 3% del PBI en el primer año. Y algo menos después”, dijo Daniel Artana, economista Jefe de FIEL. “El déficit fiscal tiene que ir a un nivel bajo y el Gobierno lo entiende. A mí me hubiera gustado ir más rápido el primer año y más lento después. Recortar más el gasto tiene costos políticos y genera más ruido al principio pero, una vez que pasaste ese tránsito, es más suave. Y es más fácil hacer un ajuste después si no alcanzó”, agregó.

La administración parte de un déficit fiscal que el presidente Mauricio Macri calificó del más alto en décadas, un 7% del PBI, pero en los primeros meses del mandato se han tomado medidas tanto expansivas, por reducción de impuestos; como contractivas, por recorte de subsidios (1,5% del PBI este año) subiendo las tarifas de servicios públicos, además de las auditorías que se realizan en todos los rincones del Estado.

Para el economista Pablo Rojo, el enfoque gradualista de reducción del déficit fiscal “tiene presente los condicionantes políticos que existen en la sociedad argentina. Si se pretendiera una reducción más rápida de la tasa de inflación, el tema fiscal debería tener metas más ambiciosas. A muchos nos gustaría que la inflación baje a un ritmo mayor que el que propone el Gobierno, pero existen condicionantes políticos y sociales. Eso hace que se tenga que transitar durante un tiempo más largo el plan antiinflacionario. Evidentemente, la sociedad no apoyaría un programa de reducción del gasto fiscal más ambicioso que el actual y es lógico que se adecúe”.

El riesgo de inflación

El avance gradual en la reducción del déficit fiscal genera dudas sobre las posibilidades del Gobierno de cumplir su promesa de bajar en forma contundente la inflación. Es que si no logra conseguir en los mercados de capitales internacionales todo el financiamiento que pretende, puede verse obligado a apelar a una mayor emisión de dinero por parte del Banco Central que la prevista, con los efectos que esto puede tener sobre los precios. Por lo pronto, la inflación de los últimos dos meses superó el 4% mensual, principalmente por el efecto de la devaluación y la suba de tarifas.

Para Artana, no tenía sentido anunciar un objetivo de inflación tan ambicioso, de 25%. FIEL prevé una inflación del 29% para este año. “El gobierno heredó una inflación alta que estaba reprimida por el atraso tarifario y cambiario. Cuando se liberan las variables, porque era necesario, pega en la tasa de inflación. Habrá unos primeros meses de gestión con alta inflación: enero y febrero, muy por encima del 25%; y marzo, que arrastra cuestiones estacionales, estará también por arriba. La política inflacionaria se va a poder medir en el segundo trimestre”.

Según el economista, la meta ambiciosa de inflación que se impuso el Gobierno con este programa fiscal, requiere de mucha deuda. “La reducción de la inflación implica una colocación de deuda de 65 mil millones de dólares en cuatro años, más el pago a los holdouts por unos 15 mil millones de dólares. Es mucha deuda: 80 mil millones de dólares, y buena parte será en el exterior, porque el mercado local es pequeño para absorber esa magnitud”.

De acuerdo a sus cálculos, ello implica un crecimiento del 16% de la deuda pública sobre el PBI en cuatro años, de los cuales, aproximadamente, 7 puntos de emisión serán este año. Y la pregunta que se hace es si hay mercado que absorba esa cantidad nueva de deuda a tasas de interés razonables.

“Si la tasa no es razonable -enfatizó Artana- se tiene que sustituir con mayor reducción del déficit fiscal o más inflación. El gradualismo lento, con un compromiso de reducir la inflación en cuatro años, quizá es ambicioso. Porque el escenario internacional es adverso para Argentina y, para adelante, hay un supuesto de colocación de deuda que parte de la base que el país tiene poca deuda. Si no se cumple, genera expectativas frustradas. No es gratis”.

“Yo hubiera hecho una mayor reducción del déficit fiscal, no hubiera sido tan estricto con la pauta de inflación y me hubiera endeudado menos”, agregó.

Rojo coincidió en que el déficit fiscal tiene que ser financiado a través de mecanismos genuinos para que no tenga un efecto inflacionario como el que sufrimos hasta ahora. “No hay manera para el Estado de no endeudarse cuando los gastos superan los ingresos. Es una buena decisión la posibilidad de endeudarse en el exterior a tasas bajas si queremos reactivar, en el corto plazo, los programas de obra pública”.

El economista agregó que “el BCRA responde por la salud del sistema financiero y del sector real de la economía. Va a tener que organizar su política mirando estas dos caras de la realidad económica, que no siempre fue el caso. Si se financia el consumo, y no la producción, existe una relativa escasez de oferta en función de la demanda. Y el Tesoro se lleva la parte de león del financiamiento y del crédito disponible para la economía. Es riesgoso emitir para el fisco. Pero no hay manera de evitar que el BCRA siga emitiendo para el Tesoro si el programa fiscal es gradualista y la disponibilidad de crédito externo se da progresivamente”.

González Fraga se mostró optimista respecto a este tema: “reducir de esta manera el déficit primario permite al Gobierno reducir el financiamiento inflacionario del Estado. Cambiar al financiamiento externo es consistente con una baja de la inflación. Que la expansión monetaria caiga del 40% al 20%, puede derivar en que la inflación pueda llegar al 20% anual a fines del año”.

De todos modos, el ex candidato del radicalismo reconoció que el nivel de inflación también dependerá del funcionamiento de los mercados: “Depende también de otros factores, como los sectores monopólicos y oligopólicos, la falta de transparencia y la resistencia a bajar la inflación del sector privado. Si el ritmo de la expansión monetaria se reduce al 20% y la inflación se queda en 25%, será recesivo. La gente dejará de consumir, habrá acumulación de stocks, despidos y un contagio recesivo”.

El riesgo de apreciación cambiaria

El mayor endeudamiento del estado nacional, también podría terminar provocando una apreciación de la moneda argentina, al volcarse los dólares obtenidos por las nuevas emisiones en el mercado local, lo que contribuiría a mantener los problemas de competitividad que viene sufriendo la economía.

González Fraga sostuvo que “Argentina está vulnerable a la apreciación cambiaria porque podrían ingresar entre 200 y 300 mil millones de dólares en los próximos cuatro años en deuda, inversiones y repatriación de capitales. La manera de solucionar el riesgo de apreciación es lograr un superávit fiscal, algo que se alcanzará recién en los últimos dos años de gestión de Macri”.

“Es un objetivo ambicioso, pero el Estado compraría dólares y sostendría el tipo de cambio. Se lograría bajando el gasto en términos relativos a través de un proceso de crecimiento que eleve los ingresos, además de recortar lo que se va en corrupción, ñoquis y desvíos políticos. El gasto público nacional subió de 17 a 35% del PBI en la gestión kirchnerista. Si se duplicó, se puede bajar 10 puntos”, agregó.

Artana también advirtió que financiar el déficit fiscal con el exterior llevará a un tipo de cambio atrasado, con un déficit externo que ya es alto, del 3% del PBI. “Con este tipo de cambio y la situación de Brasil, se genera un panorama adverso para las exportaciones. La única fuente de recuperación de las exportaciones será de la mano del sector agropecuario”.

“El endeudamiento externo, que genera reapreciación cambiaria, es uno de los principales desafíos que enfrenta el Gobierno si pretende evitar los errores del pasado”, agregó Rojo.