En enero, el Gobierno dio un nuevo paso en su política de desregulación y apertura económica con la habilitación de la exportación de chatarra y residuos metálicos.

Esta actividad, que fue prohibida en Argentina por el gobierno de Cristina Kirchner en 2009 con el objetivo de proteger a la industria siderúrgica local, estará nuevamente habilitada tras la decisión del Ejecutivo de eliminar los decretos 1040/20 y 70/23.

El nuevo decreto 1/2025 establece los lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos que han sido sometidos a procesos de valorización, y los transforma en materiales utilizados como insumos en procesos productivos o como productos de uso directo.

El objetivo de estas iniciativas es fomentar una mayor competencia en el sector del reciclaje, ya que alienta a recicladores y cooperativas a incrementar la recuperación de materiales, como hierro, cobre, aluminio y plásticos.

Además, la apertura de nuevos mercados de exportación, en particular hacia países como Brasil y Chile, podría impulsar el valor de estos materiales y generar beneficios para quienes participan en su recolección y procesamiento.

 Permitir la exportación de residuos valorizados es clave para impulsar la economía circular, ya que facilita la comercialización a precios de mercado.

Para el Gobierno la prohibición previa generaba distorsiones en el mercado, porque mantenía los precios de estos materiales artificialmente bajos y afectaba la rentabilidad de los recicladores.

En ese sentido, permitir la exportación de residuos valorizados es clave para impulsar la economía circular, ya que facilita la comercialización a precios de mercado y brinda incentivos para que más actores participen en el proceso de reciclaje.

«Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía», dijo Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación al poner en marcha los cambios.

Se abren mercados

Carlos Wolpo, coordinador general de Red Reciclar, opina que la medida será beneficiosa para pymes, cooperativas y grandes empresas que generan chatarra, que son también quienes, indirectamente, la recolectan.

Desde ahora, los que producen estos desechos podrán obtener un mejor precio por su comercialización, a la vez que se abre un mercado hasta ahora monopolizado por Techint y Acindar, que son quienes fijan los precios.

Para tener una dimensión de la oportunidad del mercado, Wolpo explica: “Cualquier empresa metalúrgica y metalmecánica genera un rezago del 2 o 3%, como mínimo, a partir de sus producción. Además, se suma el mercado de la construcción, donde el desarme de estructuras, galpones y viejas instalaciones aportan un valor que se activa cuando aumenta la construcción, porque necesitan el retiro de viejas instalaciones ferrosas”.

“En Argentina, más del 90% de los residuos se entierran, ya que es más barato que reciclar.» Gustavo Fernandez Protomastro, director de Residuos de la Subsecretaría de Ambiente

Por su parte, Gustavo Fernandez Protomastro, director de Residuos de la Subsecretaría de Ambiente, añade que este cambio busca hacer más competitivo el mercado de reciclaje, porque promueve la valorización de residuos.

“En Argentina, más del 90% de los residuos se entierran, ya que es más barato que reciclar. A nivel global, los materiales reciclados suelen ser más baratos, lo que beneficia a industrias como la de reciclaje de hierro o cobre, que combinan materiales reciclados y primarios para reducir costos. El impacto de esta medida podría ser positivo para los recicladores, ya que con la posibilidad de exportar a mercados como Brasil o Chile se abren nuevas oportunidades de venta”, explica Protomastro.

“También implica otros riesgos, como el dumping, donde países como China venden chatarra a precios bajos, y eso afecta la competitividad local”. En ese sentido, para Protomastro una alternativa sería que el Gobierno imponga aranceles para regular esta situación y proteger la industria nacional.

Entre la competencia y protección industrial

“Antes, el negocio de la chatarra estaba monopolizado por Techint y Acindar, que fijaban los precios y asignaban a tres o cuatro empresas como depósitos para recibir el material a precio muy bajos. Luego exportaban su producción, lo que generaba que los chatarreros terminaran subsidiando a las compañías exportadoras el precio de la materia prima”, explica Wolpo.

Sin embargo, Wolpo advierte que, por ahora, todo sigue igual. “Se ha expuesto la posibilidad de exportación, pero el sistema no ha cambiado. Lo único que sucedió es que Acindar paró la compra, disminuyó su stock crítico y puso a quienes tenemos chatarra en una situación peor. En diciembre del 2023, una chatarra normal se pagaba 120 pesos el kilo, y en enero y febrero del 2025, dos años después, se paga 60 pesos. Se está pagando la mitad un año y medio después”.

Para Protomastro el debate es si se debe permitir un libre mercado para los recicladores o si se deben aplicar restricciones para proteger a las industrias nacionales.

“La clave es encontrar un equilibrio, donde el reciclaje sea rentable para las empresas locales y, al mismo tiempo, se favorezca el desarrollo de una economía circular en el país”, señala.

“Si logramos mejorar el precio de estos materiales reciclados, sería más atractivo para los recicladores y se incrementaría la tasa de reciclaje en el país”, enfatiza.