La economía tiene más inflación y peores indicadores sociales que en 2015. El nuevo gobierno llega al poder con un programa que parece combinar cepo y represión financiera. Si bien caerá la demanda de pesos, eso no llevaría a una hiperinflación.
Me preocupa que se vote una ley de emergencia económica, porque en Argentina permite hacer un by pass al Congreso. Estamos lejos de una situación que requiera la suma del poder público. En cambio, puede entenderse la sanción de un conjunto de leyes que se refieren a cuestiones que legítimamente se pueden llamar “de emergencia” y que requieren tomar decisiones rápidas, como aumentos para ciertos programas sociales, o reformular el presupuesto u obtener el mandato de fast track para negociar la deuda.
La economía no está bien, sin duda. Respecto de 2015, la tasa de inflación es el doble, empeoró el porcentaje de pobreza, los indicadores sociales están deteriorados, así como las jubilaciones y los salarios reales. El nivel de deuda es mayor, aunque en ese momento no estaba toda registrada. Sin embargo, la deuda es producto de tener que financiar desequilibrios fiscales, y hoy el déficit fiscal es menor al de 2015. El gasto público cayó en términos reales por cuestiones transitorias, como la inflación. El Banco Central tiene más reservas que en el pasado. Y los ajustes que se hicieron en los precios relativos favorecen al nuevo gobierno.
Alberto Fernández tiene una enorme oportunidad porque no existen las mejores perspectivas con respecto al Frente de Todos. Cualquier anuncio favorable mejorará las expectativas enormemente. Tendría que proponer algún programa que demuestre que va a lograr equilibrar las cuentas públicas lo más rápido posible y que va a intentar mantener ciertas reglas generales de funcionamiento de la economía de mercado.
Si lo único que sugiere es un aumento salarial y de pensiones y no pagar la deuda, habrá un problema. Si piensa cerrar el desequilibrio fiscal con un aumento generalizado de impuestos, conducirá a una situación más complicada. Y una suba de las retenciones incluso puede evaporar las exportaciones y el superávit comercial.
El impulso al consumo y el consejo económico social puede ser un programa de tres meses que sea parte de una estrategia de cuatro años. Un programa económico que diga que se van a ir reduciendo los desequilibrios fiscales de a poco y que en dos años habrá superávit primario. Asímismo, habrá que tener un Banco Central muy calificado porque la emisión es enorme desde el comienzo. Y se adicionan cuatro factores de expansión monetaria: el déficit fiscal, la deuda reperfilada, los aumentos en los gastos sociales y la expansión del crédito con encajes bancarios. La única forma de que se contenga eso es que la demanda de pesos crezca, pero suele caer fuertemente hacia febrero.
Con todo, creo que el riesgo de hiperinflación está acotado, la estrategia económica parece ser una que combina cepo con represión financiera. Eso genera actividad económica por unos meses aunque lleva inevitablemente a que la demanda de pesos caiga y la brecha cambiaria suba. Pero no desemboca necesariamente en una hiperinflación. Sería un escenario de impericia.
Con respecto al FMI, es posible mantener la deuda performing pagando los servicios de deuda y pensar en una negociación más larga, porque los pagos importantes empiezan en 2022. El problema es con el sector privado. Los acreedores firmarían ante un escenario de solvencia fiscal en cuatro años.
El superávit fiscal es otro enorme desafío porque se empieza con un 1% de déficit primario: ya se cortó la obra pública y se pueden reducir subsidios con un aumento de tarifas que le gane a la inflación, pero queda lo central: las jubilaciones y el empleo público. En cuanto a lo previsional, el problema está en el sistema no contributivo, que tiene un déficit de 2,8% del PBI, que convergerá al 4,5% en 2025. Aún está abierta la moratoria y hay mucho por cambiar en las jubilaciones de privilegio. Por otra parte, hay 4 millones de empleados públicos. Se podría contratar por la mitad de la tasa de salida del 3% anual, lo que en diez años implica un ajuste presupuestario importante.
