Un juez de la Audiencia Nacional española imputó en septiembre al banco chino ICBC por ser presuntamente “instrumento de blanqueo de las ganancias ilícitas de grupos criminales, mayoritariamente de nacionalidad china”, los cuales habrían ingresado en efectivo en la oficina de la entidad en Madrid más de 214 millones de euros entre los años 2011 y 2014.
Según la resolución del juez, el banco les facilitaba a dichos grupos criminales toda la operatoria bancaria para “ocultar, encubrir, transformar en otros productos, como préstamos a clientes en otros países, y transferir mayoritariamente a China” los recursos generados con sus actividades.
El juez señaló que la entidad no adoptó ninguna de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y que no practicó ninguna comprobación de control, ni comunicación de operaciones sospechosas a las autoridades, hechos que eran conocidos por su casa matriz.