Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía.

El Gobierno no hizo transparente la herencia y entonces bloquea la posibilidad de resolver los problemas. No quiso inducir al pánico pero, si no los explica, los problemas empiezan a ser parte de uno y se bloquean las soluciones.

 

Durante este primer año de gestión de Mauricio Macri se enfrentaron problemas muy complejos y delicados que ya existían, sobre todo con el bloqueo de divisas que significaba el cepo cambiario y las restricciones financieras. Si no se hubieran resuelto esas cuestiones, Argentina hubiera colapsado, porque la deuda fuera de la que estaba bloqueada hubiera sido impagable, como el vencimiento de los seguros de cambio, el sobrante de dinero en la economía y la deuda pública que no había cómo renovar.

También se marchó razonablemente bien en la eliminación de las restricciones cuantitativas y la recomposición del sistema estadístico, que terminó de descubrir un déficit de cuenta corriente más grande que el que pensábamos, más allá de la inflación y la pobreza, que ya las conocíamos.

De todos modos, los errores que se cometieron en la gestión anterior siguen vigentes. El primero es la falta de un diagnóstico de la feroz descapitalización en infraestructura, defensa, seguridad social y en el sector productivo. El Gobierno no hizo transparente la herencia y entonces bloquea la posibilidad de resolver los problemas. No quiso inducir al pánico pero, si no los explica, los problemas empiezan a ser parte de uno y se bloquean las soluciones. El segundo es la inconsistencia de la política monetaria con la política fiscal, que crea atraso cambiario. Y el tercero, que una política monetaria dura y un gasto público laxo generan receso.

En este sentido, no me hubiera comprometido a metas de inflación tan exigentes hasta tanto hubiera resuelto la política fiscal y el tema de los subsidios. Si el Gobierno quiere bajar la inflación, la política fiscal y la de ingresos se tienen que subordinar a eso. Hoy no están vinculadas y por eso se crea el parate. Si las metas de inflación dominan al resto de las políticas pero no se van a poder implementar esas políticas, entonces no se tiene que poner esas metas.

En materia de déficit fiscal, en noviembre de 2015 hubiera adoptado un programa que no era ambicioso: bajar una fracción del crecimiento del gasto público, en el orden del 60% de lo que había aumentado (de 30 a 48 puntos del PBI), para hacer el gasto financiable.

Respecto de las tarifas de servicios públicos, hubiera actuado más enérgicamente al comienzo tratando de eliminar de inmediato los subsidios. La deuda pública equivale a futuros impuestos, por eso es necesario bajar el déficit fiscal. Las circunstancias del mundo son ahora más difíciles y hay que incorporarlas. Se viene un mundo menos interesado en los emergentes y habrá que ser más cuidadosos con el déficit.

Para 2017 habrá que esperar las negociaciones presupuestarias y salariales del Estado, que son las más explícitas, en febrero próximo, para ver si la meta de inflación que se puede alcanzar tiene que ver con lo que se ha anunciado. Ponerse metas exigentes que no puede cumplir es un error. El gobierno tendría que ser más consistente.