La creación de nuevas comisiones médicas y la adhesión del resto de las provincias son las condiciones esenciales para el éxito de la nueva normativa. Optimismo en el sector por la búsqueda de una menor litigiosidad en el sistema.
Cinco meses después de aprobada la nueva Ley de Riesgos del Trabajo, comienzan a evaluarse los primeros impactos y a señalarse las principales condiciones a profundizar para su pleno funcionamiento. Mientras avanza este proceso, el presidente Mauricio Macri llamó a enfrentar a la mafia de los juicios laborales, que afecta negativamente las perspectivas de creación de empleo y contribuye a los problemas de competitividad de la economía argentina.
El gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Guillermo Arancibia, señaló a NBS Bancos y Seguros la importancia de que las provincias progresivamente se adhieran a la normativa. “La ley ya se encuentra vigente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y en Córdoba, donde aún deben firmarse convenios para que pueda comenzar a operar. Y es muy importante la media sanción en la provincia de Buenos Aires, así como también los avances de su tratamiento legislativo en Mendoza y Santa Fe”, enfatizó.
Es que una ley nacional necesita la adhesión de cada provincia, excepto para el caso de CABA, en donde la aplicación es inmediata debido a que no dispone de justicia local.
Dado que la nueva normativa contempla que el trabajador pueda optar por la comisión médica que lo va a revisar ante un accidente (entre una cercana a su domicilio o a donde ejerce sus funciones), esto, según Arancibia, “restringió lo que es Capital Federal pero amplió la cantidad de trámites en la provincia de Buenos Aires”.
Según un informe realizado por la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), “mientras que a nivel país el aumento de juicios mayo/17 contra mayo/16 fue del 20%, en la provincia de Buenos Aires fue del 104%”, lo que constituye un “alerta” y marca la necesidad de que el tratamiento legislativo en la provincia siga su curso, tras detenerse “en el Senado, por falta de acuerdo de la oposición”.
Roy Humphreys, gerente general de Experta ART, señaló que “la nueva ley va avanzando bien. Lo más importante que ocurrió de marzo a aquí fue la adhesión de Córdoba, que es un referente para todo el país. Y también la media sanción de adhesión en la provincia de Buenos Aires, lo cual es fundamental en tanto que puede atraer judicialidad lo que, a su vez, es perjudicial para la propia provincia, en tanto que puede impactar en los costos de sus empresas en la medida en que su alícuota se vea afectada diferencialmente por una excesiva cantidad de litigios. Entendemos que es un paso importante que va a darse en cualquier momento. Y sabemos que también se está avanzando en provincias como Mendoza, Río Negro, Tucumán y San Luis”.
En esta misma línea, Juan Aulicino, gerente de Prevención y Suscripción de SMG ART, destacó que “sería fundamental la adhesión de la provincia de Buenos Aires. Estamos a la expectativa de que salga pronto, teniendo en cuenta que en CABA viene funcionando muy bien”.
Respecto a este punto, Leandro Anzoátegui, gerente de Riesgos del Trabajo de Federación Patronal Seguros, agregó que “se puede observar en CABA una reducción en la pendiente de crecimiento de los juicios pero, del otro lado, vemos que aumenta mucho más en la provincia de Buenos Aires. Entendemos que si logramos que se aplique especialmente en esa provincia, en Córdoba, Mendoza y Santa Fe, donde de conjunto se concentra el 90% de la litigiosidad de todo el país, tendrá efectividad el cambio de norma. Córdoba ya adhirió pero faltaría que sea operativo, por una serie de condiciones sobre la instalación de comisiones médicas en varios puntos de la provincia”.
Guillermo Davi, gerente general de Prevención ART, comentó que “la provincia de Córdoba se adhirió con algunos matices. Es una provincia muy importante, por el alto impacto que brinda en la judicialidad del sistema. Calculamos que antes de fin de año estará trabajando con la nueva normativa y estamos a la expectativa de que también lo haga la provincia de Buenos Aires, por el caudal de juicios que también aporta esta jurisdicción”.
Comisiones médicas, la clave del éxito
Los ejecutivos coinciden en que el buen funcionamiento de las comisiones médicas será la clave para el éxito de la nueva legislación en la reducción de la litigiosidad.
Humphreys remarcó que “es clave que las comisiones médicas funcionen y que se creen las necesarias para recibir este flujo de casos que pasarán de la justicia al proceso administrativo. A la litigiosidad se le puede ganar a través del buen funcionamiento de las comisiones y de las ART cumpliendo con las prestaciones. De esto depende el éxito de la reforma”.
En la misma línea, Davi indicó que la nueva ley “apunta a fortalecer el circuito administrativo y a un funcionamiento sólido de las comisiones médicas. Se necesita más cantidad de comisiones, que hoy son insuficientes, así como también médicos idóneos, especializados en manejar este tipo de cuestiones, un trabajo que viene haciendo la Superintendencia y que lleva su tiempo. Si logramos obtener procedimientos administrativos justos y ágiles, no habrá motivos para que se busque la vía judicial, tomando en cuenta los tiempos largos de la justicia”.
Anzoátegui agregó que “es fundamental que en la práctica funcionen las comisiones médicas como está previsto y que la Superintendencia pueda resolver los obstáculos o cuestiones que se van presentando en esta etapa y que, por ahí, la norma no prevé. Así lo vienen haciendo”.
Arancibia puntualizó que “el aumento de los trámites en la provincia de Buenos Aires nos lleva a reforzar el funcionamiento de las comisiones médicas por este aumento de la demanda. Ya operan nuevas comisiones en Lanús y en Ramos Mejía y hay una móvil entre Morón, Tres de Febrero y Quilmes. Y, en breve, se formarán otras en San Isidro y en Saladillo. Por otra parte, tenemos previsto inaugurar en un corto plazo las del Conurbano en el segundo y tercer cordón, como ser la de Luján, Pilar, San Martín, Ezeiza y Quilmes de manera definitiva. En Córdoba ya están funcionando en la ciudad de Córdoba, en Villa María y Río Cuarto y en un mes funcionarán la de San Francisco, Cruz del Eje y Laboulaye. En el interior y resto de las provincias también existe la propuesta de aumentar el número de comisiones, con el objetivo de que el 85% de la población tenga acceso a una en un radio menor a los 100 kilómetros. Este es el ideal”.
“Las comisiones médicas tienen que estar a la altura de las circunstancias. Se garantiza el patrocinio gratuito otorgado por el Estado para acudir a la comisión, a la que ahora se le adhiere el servicio de homologación que establece el porcentaje de incapacidad y los montos. Por lo tanto, se están realizando concursos para la incorporación de nuevos médicos. No sólo se trata de un aumento de los recursos humanos sino también de una reingeniería de su funcionamiento, en donde intentamos sacarle a estas comisiones tareas que no eran estrictamente acordes a lo que la ley está necesitando”, añadió el funcionario.
Como señaló Aulicino, “en la Ciudad de Buenos Aires, en donde ya se encuentra en vigencia la ley, se viene cumpliendo con todos los requisitos, cerrando rápidamente los expedientes. La parte de pago funciona de acuerdo a los plazos. Están funcionando las comisiones médicas. Hay bastante esfuerzo por parte de la Superintendencia en abrir nuevas y poner a disposición los abogados que sean requeridos en caso de que el individuo no tenga un patrocinante para presentarse ante ellas, en tanto que ahora es obligación hacerlo de este modo”.
Un balance positivo
Si bien los entrevistados coinciden en que es prematuro sacar conclusiones sobre el impacto de la nueva ley, el balance hasta el momento es positivo.
Según Arancibia, “el balance es muy positivo en el sentido de que las demoras en el resultado del dictamen y homologación son incluso menores de lo previsto. Tenemos 60 días de plazo para resolverlo según la norma y lo estamos haciendo, en la Ciudad de Buenos Aires, entre 25 y 30 días desde iniciado el trámite, por lo que en menos de 45 días el trabajador ya está cobrando. Esto es muy importante como incentivo al trabajador para ir y cerrar por esta vía, además de que, gracias a la ley, se aplica tasa de interés y el RIPTE. Por lo que con la actualización del monto, junto con tiempos que se acortan, los trabajadores obtienen un equilibrio e incluso una mejora frente a la opción de ir por la justicia”.
“Vemos también el impacto positivo de la norma por la firma de los acuerdos. Está habiendo pocos desacuerdos que lleven a la vía recursiva. Los expedientes se están cerrando antes. Esto es bueno tanto para el trabajador como para las empresas. La mayoría se cerraron en la primera reunión, lo cual es fundamental para el espíritu de la ley, que es evitar la incertidumbre sobre cuál será la fórmula a aplicar”, agregó el gerente general de la SRT.
Aulicino señaló, por su parte, que “si bien todavía es muy pronto, percibimos menor cantidad de juicios respecto al mismo mes del año pasado y también respecto al mes anterior. El 90 o 95% de las personas deciden ir por la vía administrativa”.
Para Humphreys, “como primer impacto, vemos una pequeña disminución en la Ciudad de Buenos Aires pero un crecimiento fuerte en los juicios en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, ahora las compañías tenemos medios para canalizar los reclamos por medio de las comisiones médicas y esto está funcionando. Por ahí, hay algunos problemas de demora en provincia de Buenos Aires pero en CABA están funcionando bien, están produciendo homologaciones y cierre de casos sin dificultad, inclusive con participación de abogados de la parte actora, que encontró un procedimiento ágil y dinámico que no le genera perjuicios”.
Davi coincidió en que “es prematuro sacar conclusiones definitivas sobre el resultado del cambio normativo. En la frialdad de los números, los juicios se han incrementado. De todas maneras, normalmente frente a un cambio de normas se observa un pico en los ingresos y ahora esperamos que se normalice y empiece a reducirse. También hay muchas causas anteriores a que entre en vigencia la nueva ley pero, por lo menos en Capital Federal, esperamos algunas mejoras del índice en los próximos meses”.
Un punto de inflexión
Más allá del impacto que viene teniendo la norma en estos primeros meses, los representantes del sector son optimistas respecto a que la misma va a permitir avanzar en la reducción de la litigiosidad.
Anzoátegui señaló que “la sanción de esta ley es el acontecimiento más importante del año para el sector. Sabemos que hay gente que piensa que no es buena para el trabajador pero creo que se están demostrando las mejoras. Ahora el trabajador cuenta con el patrocinio de un letrado y la ley, además, incorpora una actualización del valor del ingreso base. Es un elemento más que juega a favor de tratar de solucionar las cosas en una etapa administrativa y no ir directamente a juicio, evitando la litigiosidad innecesaria como, por ejemplo, cuando el trabajador, por insistencia del abogado, comienza un juicio cuando aún no ha sido dado de alta, sin conocer entonces qué es lo que la ART en un principio le pagaría. La excesiva litigiosidad en definitiva impacta en la alícuota, en los costos empresariales y hace que las empresas sean más austeras a la hora de seleccionar personal. Está todo relacionado con el crecimiento, con la posibilidad de generar empleo”.
Humphreys resaltó que “la expectativa es que, en la medida en que se creen las comisiones médicas, las provincias adhieran y funcionen los cuerpos médicos forenses, se reduzcan los juicios de manera sustancial. De esta manera, podrá tener impacto en el costo. Hoy nos encontramos con un sobreprecio de la alícuota por lo que implica ir a la justicia”.
Para Aulicino, “la norma es un punto de inflexión en el sistema de riesgos del trabajo, teniendo en cuenta que el sistema está quebrado y no pasa por un buen momento. De hecho, ninguna mutual nueva abrió a pesar de que ya hay algunas autorizadas. Esta ley sería la última oportunidad de que el sistema pueda seguir existiendo tal como lo conocemos hoy. Así también se hace necesario darle alguna solución al stock de juicios existente, sobre lo que aún no se avanzó mucho. Es importante que se pueda ir buscando alguna solución, conciliar acuerdos, para poder cerrarlos”.
Davi agregó, por su parte, que “si bien se pueden discutir algunos puntos de la ley, es la norma que el mercado entendía que necesitábamos para encontrar una solución a esta problemática”.
El ejecutivo indicó que, “en tanto se vayan viendo mejoras en los indicadores, automáticamente eso se trasladará a las alícuotas, especialmente en los sectores con una incidencia importante de la judicialidad, como la industria, la actividad frigorífica, la metalúrgica, la construcción. El objetivo de la ley, en definitiva, no es sólo darle solvencia y continuidad a un sistema que le da cobertura a casi 10 millones de trabajadores del país sino también reducir los costos laborales”.
En la misma línea, Arancibia enfatizó que “la importancia que vemos principalmente es la de contener la litigiosidad mediante una mayor previsibilidad, lo que a su vez puede ser generador de empleo, teniendo en cuenta que en varios casos un 50% de la alícuota responde a la cantidad de juicios y no tanto a los riesgos del sector. Un sistema muy litigioso atenta con la incorporación de nuestros trabajadores al empleo y es el objetivo del Gobierno la pobreza cero, trabajos dignos y seguros”.
Cambios en las compañías
Las compañías vienen realizando algunos cambios para adaptarse a la realidad planteada por la nueva ley.
Por ejemplo, Aulicino señaló que “dentro de SMG se adaptó la gerencia de Siniestros, con un sector específico para el pago y manejo de estas cuestiones y con una jefatura especial para la atención de las comisiones médicas y de toda esta operatoria”.
En Federación Patronal, según comentó Anzoátegui, “se realizaron modificaciones a nivel sistema de gestión porque toda la parte de procedimientos cambió. Tuvimos que contratar personal adicional para nuevas áreas y para agilizar procesos. Es fundamental que esto funcione bien en la práctica para que los trabajadores perciban que las cosas demoran de acuerdo a lo previsto. Hubo, para ello, capacitación de nuestro personal y se sigue haciendo en tanto que la ley vaya entrando en vigencia en el resto de las jurisdicciones”.
Davi remarcó que en Prevención “se requirió una serie de adecuaciones de los sistemas informáticos y dedicación de recursos para cumplir en tiempo y forma lo establecido por la ley, en cuanto a los trámites con las comisiones médicas y las instancias de homologación en que la aseguradora debe estar presente con un abogado. Todo esto requiere de una estructura de muchos profesionales disponibles”.
Por su parte, Humphreys indicó que “si bien en Experta veníamos bastante preparados con este nuevo esquema porque tenemos un equipo en el área de siniestros muy proactivo, se reforzaron áreas en cantidad de recursos. Pero, en definitiva, estamos volviendo a hacer lo que hacíamos antes del fuerte salto en la litigiosidad, donde el área de siniestros vuelve a ser protagonista, a liquidar, y nos permite así dedicarnos a lo más importante que es la prevención. La faz prestacional y de servicio es importantísima y las compañías debemos volver a diferenciarnos por eso”.
