Eduardo Levy Yeyati, economista
Para el 2019, dejando de lado la meta fiscal primaria, que es la única que cuenta en el marco del programa del FMI y que probablemente se cumplirá, el principal foco de riesgo macroeconómico es el nivel de endeudamiento. Y esta es una de las razones, junto con el riesgo político, por las que el spread soberano no cede. Este endeudamiento es sostenible con crecimiento y el crecimiento es sólo sostenible con un tipo de cambio competitivo y más exportaciones. Con tasas de interés reales del 5% al 10%, la inflación debería situarse entre el 30% y el 35% en 2019. Obtener una caída más acelerada de la inflación, a niveles del 25%, exigiría tasas reales más altas a expensas del crecimiento y de un nuevo atraso cambiario, lo que reproduciría las condiciones que llevaron a la crisis.
Por eso, creo que, en lo inmediato, el escenario del 2019 dependerá menos del contexto externo, que por el momento no insinúa sorpresas negativas, que de la decisión del Gobierno en relación al dilema entre el corto y el largo plazo, más precisamente entre inflación y crecimiento en un año electoral. Además del costo financiero, una elección reñida con Cristina Fernández de Kirchner es una razón adicional para que los inversores se mantengan expectantes, lo que reduce las chances de la recuperación.
En cuanto al ajuste fiscal, hay que distinguir ahorros permanentes y transitorios. Parte del ajuste de 2018 y 2019 se beneficia de la licuación inflacionaria de 2018, sobre todo del gasto social y de las retenciones temporarias, por lo que podría revertirse parcialmente en el futuro. Para el superávit primario que establece el programa del FMI, e incluso para preservar el déficit cero, son necesarias acciones que sumen ahorros permanentes, como por ejemplo una reforma previsional que homogenice regímenes especiales y reduzca el pasivo creciente del sistema, y medidas laborales y tributarias que reviertan la informalización y precarización del trabajo que, entre otras cosas, conspira contra la recaudación.
Respecto al panorama electoral, frente a una derrota electoral del Gobierno, en tanto se trate de un candidato peronista no kirchnerista, si bien agregaría la incertidumbre natural de un posible cambio de comando, no debería afectar las expectativas económicas en relación a un escenario de reelección. Y un candidato kirchnerista, si bien a mi juicio no renegaría del acuerdo con el FMI ni de la deuda, elevaría el riesgo de crédito percibido y podría generar una demanda precautoria de dólares. De todos modos, creo que hoy se exagera el impacto del riesgo electoral en la economía y la probabilidad de recuperación espontánea en caso de reelección. Nuestros problemas económicos hoy no surgen de la presencia de Cristina.
Nuestro estancamiento, salvando el subibaja de la crisis de fin de siglo y su recuperación, es de más larga data. Salir requiere varias reformas permanentemente postergadas pero también exige forjar un nuevo equilibrio de cooperación entre sectores políticos y sociales. Tengamos en cuenta que, a juzgar por la evidencia cruda y por los ejemplos de la región, el desenlace más probable es que no nos desarrollemos, al menos no en el futuro cercano.
En definitiva, creo que en 2019 se hará lo mínimo indispensable para estabilizar transitoriamente la economía y favorecer las chances de reelección. Esto es nuevo atraso cambiario y, sin reformas, el escenario más probable es un intermedio entre la crisis y la recuperación, es decir, un crecimiento deprimido por un debt overhang que posterga indefinidamente la caída de tasas, la reducción de la carga tributaria e inhibe la inversión, como sucedió en la “década perdida” de los 80, con el FMI en el rol de los bancos acreedores como fuente de financiamiento. Si el Gobierno deja de apostar al milagro y mira de frente este escenario, tal vez pagar el costo político de las reformas necesarias se vuelva más atractivo.
