Francisco G. Villarreal, oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, será uno de los oradores de la próxima Asamblea General de la Asociación Panamericana de Fianzas que se realizará del 3 al 6 de mayo en Lisboa, Portugal. Villarreal hablará el 6 de mayo, en el panel Perspectivas de América Latina y el Caribe y la movilización de recursos para el financiamiento del desarrollo. En diálogo con NBS anticipó su visión sobre la situación de la región y estas problemáticas.

—¿Qué factores estructurales impiden que América Latina aproveche los ciclos de precios de materias primas para dar un salto definitivo al desarrollo?

—Los países de América Latina y el Caribe se encuentran actualmente en una profunda crisis del desarrollo que se manifiesta en lo que la CEPAL denomina “la trampa de baja capacidad para crecer”. Según se analiza a detalle en el documento de posición de la CEPAL, presentado durante su Periodo de Sesiones 2024 (América Latina y el Caribe ante las trampas del desarrollo: transformaciones indispensables y cómo gestionarlas), el crecimiento promedio de la región desde 2015 ha sido, incluso, inferior al registrado durante la “década perdida” de los años ochenta. Uno de los factores determinantes es la persistente dependencia de una matriz productiva basada en la exportación de productos básicos con bajo valor añadido y un progreso técnico limitado. Durante los ciclos de precios altos de materias primas, la región no ha logrado canalizar eficientemente estos excedentes hacia una transformación productiva real. En cambio, se ha observado un proceso en el que el empleo se traslada desde sectores de mayor productividad hacia actividades de servicios de bajo valor, lo que deprime la productividad agregada. Asimismo, la inversión como porcentaje del PIB se mantiene en niveles insuficientes, y se sitúa en torno al 18,5 %, lo que limita la creación de infraestructura avanzada y el desarrollo tecnológico. A esto se suma la trampa de la alta desigualdad y baja movilidad social, que erosiona la cohesión social y genera desconfianza en las instituciones, lo que dificulta la implementación de políticas que logren trascender los períodos de gobierno y generen un crecimiento inclusivo y sostenible.

—¿Cómo afecta la baja productividad actual a la creación de empleo de calidad y qué proyecciones tienen para la reducción de la informalidad en el bienio 2025-2026?

—La productividad total de los factores en la región ha contribuido de manera negativa al crecimiento económico durante la última década, una tendencia que se proyecta que persistirá en el corto plazo. Esta baja productividad afecta directamente la calidad del empleo, ya que la creación de puestos de trabajo se concentra en sectores de baja complejidad, lo que fomenta la precariedad y limita el crecimiento de los salarios reales. Como se detalla en la publicación de la CEPAL, Estudio cconómico de América Latina y el Caribe 2025, el bajo crecimiento económico condiciona la demanda laboral y profundiza la heterogeneidad productiva de la región. Para el bienio 2025-2026, las proyecciones indican una desaceleración en el dinamismo de la demanda laboral: se estima que el número de personas ocupadas crecerá un 1,5 % en 2025 y un 1,2 % en 2026, tasas inferiores a las registradas en años previos. En cuanto a la informalidad, aunque se observa una tendencia descendente muy gradual, los niveles seguirán siendo elevados. Tras cerrar 2024 con una tasa regional del 46,6 %, se proyecta que la informalidad laboral se reduzca levemente al 46,5 % en 2025 y al 46,4 % en 2026. Esta mejora marginal es insuficiente para cerrar las brechas estructurales, lo que implica que casi la mitad de la población ocupada continuará careciendo de contratos formales y protección social adecuada.

—¿Qué reformas específicas necesita la arquitectura financiera internacional para que países de ingresos medios, como muchos en nuestra región, accedan a financiamiento en condiciones favorables?

—La actual arquitectura financiera internacional resulta insuficiente para mitigar los ciclos económicos y financiar las transformaciones estructurales necesarias en América Latina y el Caribe. Por ello, es imperativo avanzar en la implementación de los acuerdos alcanzados durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, realizada en Sevilla durante 2025, para reformar la red global de seguridad financiera que hoy ofrece una cobertura asimétrica y deja a la región desprotegida ante choques externos. Una de las reformas más urgentes es sustituir el rígido sistema de “graduación” basado exclusivamente en el ingreso per cápita por un enfoque de “gradación” flexible, que permita a los países de ingresos medios mantener el acceso a financiamiento concesional al reconocer sus vulnerabilidades persistentes y su capacidad de movilizar recursos para bienes públicos globales. En materia de gestión de deuda soberana, el Estudio económico de América Latina y el Caribe 2025 aboga por la inclusión sistemática de cláusulas contingentes que suspendan automáticamente los pagos ante desastres climáticos, para evitar ajustes fiscales procíclicos en momentos de crisis. Asimismo, se requiere fortalecer la red de seguridad mundial mediante el reciclaje de los derechos especiales de giro no utilizados hacia los bancos multilaterales de desarrollo. Finalmente, es indispensable reformar la gobernanza de las instituciones financieras internacionales, mediante la actualización de las cuotas del Fondo Monetario Internacional para ampliar la representación de las economías en desarrollo y asegurar que las agencias de calificación crediticia incorporen factores de evaluación de largo plazo, que incluyan riesgos ambientales y sociales.