En los últimos cinco años en Latinoamérica se emitieron el 22% de los créditos de carbono de todo el mundo, provenientes de un total de 457 proyectos, esto convierte a la región en la segunda proveedora de reducciones de emisiones certificadas. Pero si se observan sólo los proyectos del sector forestal y del agro, el 50% de los créditos globales fueron generados en esta zona.
Desde esta posición, y con el interés común de desarrollar los mercados de carbono en estas latitudes, el 13 de agosto se presentó la Red de Carbono Latam, integrada por ocho organizaciones de varios países: Mesa de Carbono Forestal Nacional (Argentina), Asocarbono de Colombia, Aliança Brasil NBS, Carbono Chile Asociación Gremial, Amexcarbono de México, Asociación Peruana de Carbono, Asociación Ecuatoriana de Carbono, Biodiversidad y RRNN (Ecuador) y la Plataforma de Carbono del Ecuador.
El objetivo principal de esta unión es establecer un espacio colaborativo para compartir experiencias y trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de los mercados de carbono regionales. Pero según sus integrantes, aún resta derribar ciertas barreras identificadas, como la falta de capacidades técnicas e institucionales para implementar el artículo 6 del Acuerdo de París, la escasa coordinación regional y cooperación entre países, los marcos legales y estándares de calidad insuficientes y la débil participación del sector privado.
Con esta iniciativa, se busca consolidar mercados de carbono transparentes, robustos, integrales y sostenibles, que contribuyan activamente al cumplimiento de las metas climáticas de Latinoamérica hacia 2030.
Entre sus metas específicas destacan facilitar el intercambio de buenas prácticas, identificar temas de interés común y promover posiciones regionales que impulsen una acción climática efectiva, mejorando así las condiciones para el desarrollo de estos instrumentos en América Latina.
La Red Carbono Latam llevará a cabo reuniones periódicas, organizará eventos, webinars y desarrollará mecanismos para el intercambio de información relevante, de acuerdo con sus organizadores. Además, trabajará de manera conjunta temas de interés común y apoyará la creación y fortalecimiento de gremios nacionales en la región.
Con esta iniciativa, se busca consolidar mercados de carbono transparentes, robustos, integrales y sostenibles, que contribuyan activamente al cumplimiento de las metas climáticas de Latinoamérica hacia 2030. Y es una estrategia complementaria al Proyecto LAC-6, Mercados de Carbono con Integridad, implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), integrado por ocho países de la región y lanzado a mediados del año pasado con la financiación del Fondo Verde del Clima y la UE (Euroclima).
Un bloque regional con peso propio
Cabe remarcar que la región genera una parte significativa del suministro mundial de créditos, con proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques) y SBN (Soluciones Basadas en la Naturaleza) principalmente, que han llevado a picos regionales de emisión/registro por encima de 95 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes) en años recientes.
Por otro lado, varios países de la región están generando acuerdos bilaterales para la transferencia internacional de reducciones de emisiones en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París. Ya hay más de 70 acuerdos bilaterales firmados a nivel global, con once países de Latinoamérica involucrados.
La región posee un gran potencial para generar créditos de carbono gracias a sus vastos sumideros naturales (Amazonas, humedales, manglares, pastos marinos).
“Existen temas críticos de interés común para los mercados de carbono en la región. La Red Carbono Latam es un espacio en el cual trabajamos para compartir experiencias y visiones y para fijar posiciones comunes, tales como posibles mercados regionales, buenas prácticas e integridad ambiental en los proyectos de carbono, y los Programas Jurisdiccionales REDD+”, comenta Francisco Ocampo, director ejecutivo de la asociación colombiana.
Por su lado, Juan Pedro Cano, coordinador general de la Mesa Argentina de Carbono, manifiesta que con la red ampliada se busca «profundizar y desarrollar alianzas actuales y futuras que apunten a intercambiar prácticas, explorar temas de interés para trabajo en conjunto, así como también compartir experiencias y lecciones aprendidas para, de ese modo, poder apoyar a nivel regional acciones o posiciones necesarias que impulsen mejores condiciones para los mercados en los distintos países”.
“América Latina y el Caribe son altamente vulnerables al cambio climático, a pesar de ser responsables de una fracción menor de las emisiones globales. La región posee un gran potencial para generar créditos de carbono gracias a sus vastos sumideros naturales (Amazonas, humedales, manglares, pastos marinos) y su capacidad para desarrollar proyectos de energías renovables y soluciones basadas en la naturaleza”, agrega Ana Domínguez, especialista regional en el artículo 6 del Acuerdo de París e instrumentos de precio al carbono del Centro de Colaboración Regional para América Latina de la Secretaría de la ONU Cambio Climático.
Hacia adelante, la red señala que para asegurarse una implementación efectiva es necesario que existan arreglos institucionales y marcos legales claros, con reglas de participación, estándares de medición y sanciones. Además, establecer autoridades de supervisión y entidades acreditadas para verificar reducciones reales y verificables, contar con una infraestructura de mercado con registros centralizados y plataformas seguras de comercio, y que se generen incentivos fiscales y financieros para proyectos de mitigación.
Otros temas a los que apuntan en conjunto: capacitación técnica y campañas de sensibilización, cooperación regional para armonizar estándares y facilitar el comercio transfronterizo. También se busca fomentar salvaguardas ambientales y sociales que aseguren beneficios sostenibles y protección a comunidades y ecosistemas.
“Los mercados de carbono regulados ofrecen a la región una oportunidad estratégica para cumplir metas climáticas, atraer inversión, generar empleo verde y promover el desarrollo sostenible. Su éxito dependerá de marcos regulatorios robustos, cooperación regional, participación del sector privado y salvaguardas ambientales y sociales sólidas”, concluye Domínguez.
