La matemática del colapso ambiental en Argentina arroja un saldo que elude cualquier auditoría. Según el último informe del Observatorio Nacional de Residuos Peligrosos, que elaboran de forma conjunta la UBA, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el sector privado, apenas el 5,57% de las casi 20 millones de toneladas generadas entre julio de 2024 y junio de 2025 recibió un tratamiento adecuado.
La gran incógnita para el sector corporativo y estatal es: ¿dónde terminan las casi 19 millones de toneladas restantes? Para Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) —una de las entidad que participan del informe—, la respuesta desnuda una cadena de graves infracciones operativas y un alarmante déficit de control.
Kalinec diseccionó la anatomía de un pasivo ambiental que las empresas eluden y que el Estado termina subsidiando de manera invisible. Al ser consultada sobre los indicios del destino final de ese abrumador 95% de excedente no tratado, la ejecutiva remarcó: «Hablamos principalmente de vuelco clandestino. En basurales, en cursos de aguas, en los costados de las rutas».
A esta práctica de descarte ilegal se suma un fenómeno corporativo silencioso pero igualmente destructivo: la generación de pasivos ambientales estructurales. «Vemos abandono de residuos, por ejemplo, cuando cierra una planta o se muda. Directamente dejan el pasivo allí», advierte Kalinec.
Desde el punto de vista del negocio inmobiliario e industrial, estos predios se convierten en activos tóxicos, inoperables y con costos de remediación que muchas veces superan el valor del propio terreno.
El informe del Observatorio, cuya creación existe desde mayo del 2021 e integran representantes de Catries y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa), encendió una luz roja en el panorama sectorial. Durante el primer semestre de 2025 se registró una caída abrupta del 30% en la contratación de servicios especializados por parte de pequeñas y medianas empresas. Lejos de una mejora en los procesos productivos (reducción en origen), el fenómeno responde “a la caída de la actividad económica, pero también al recorte de gastos, que suele comenzar, justamente, por la gestión de los residuos», explicó Kalinec.
En términos de management, al carecer de fiscalización estatal o incentivos fiscales que premien la economía circular, las empresas optan por el riesgo de la ilegalidad antes que asumir los costos operativos del tratamiento. Tampoco puede saberse cuánto le cuesta al Estado el impacto en salud pública y la falta de tratamiento industrial. “No hay índices y es muy difícil hacer un estimado porque no están documentados», subrayó.
Para ilustrar esta desconexión entre el daño y su costo, aporta un ejemplo lapidario sobre la falta de trazabilidad: «Si se da un foco de intoxicaciones por consumo de agua contaminada, difícilmente se haga el seguimiento y el registro para conocer la causa exacta de la contaminación y, sobre todo, determinar al responsable».
