• La precariedad de la macro (una gran diferencia con 2003) ilustra sobre la importancia de llevar a buen puerto la reestructuración de la deuda, un eslabón necesario (no suficiente), para encadenar otra serie de medidas que generen previsibilidad, al tiempo que se van sanando las heridas en el aparato productivo provocadas por la pandemia y los métodos utilizados para intentar mantenerla a raya
• La propuesta inicial del gobierno, presentada el 22 de abril a los acreedores, hizo más difícil las cosas. Al ser rechazada, tendió a fortalecer y unificar las posiciones de los fondos mejor organizados. Quizá fue tan agresiva porque el gobierno esperaba que la pandemia desatara una cadena de default, pero eso no ocurrió, y países como Ucrania y Turquía, cuyo riesgo país había subido y sus bonos rendían en torno al 10 %, ahora se han valorizado y pagan un 7 % anual. Otros, como Uruguay, consiguen financiamiento al 2,5 % anual
• En abril, el gobierno aspiraba a una quita de 59 % de valor presente sobre una deuda nominal de 79,2 mil millones de dólares, incluyendo bonos bajo ley argentina. En la última enmienda, la quita solicitada es del orden del 46 % pero, al mismo tiempo, prácticamente los mismos fondos de acreedores cerraban con Ecuador una restructuración con una quita de 41 %
• La última enmienda fue rechazada por fondos que dicen representar al 32 % de los acreedores, pero la negociación sigue abierta hasta el 4 de setiembre. El gobierno tendría que ofrecer una mejora en el margen, desandar camino en materia de reformas legales y, sobre todo, avanzar en una serie de medidas que nos convenzan que el riesgo país de la Argentina puede bajar drásticamente y acercarse a los parámetros de Ucrania y Turquía en un tiempo razonable
La situación económica de la Argentina, no sólo por el coronavirus, presenta grandes diferencias con la de los años 2002/03. En aquella oportunidad, con un número total entre empleados públicos de todas las jurisdicciones y jubilaciones otorgadas de 5,8 millones de personas, se pudo controlar la evolución del gasto público y la inflación hizo su trabajo para empujar la recaudación, de modo tal que en poco tiempo las cuentas fiscales comenzaron a mostrar superávit. Además, tras la crisis la economía había quedado desmonetizada, por lo que el Banco Central comenzó a recuperar reservas, emitiendo pesos a cambio de dólares, a medida que la inflación empezó a aquietarse. En 2020, el Central emite pesos para financiar un déficit que podría superar los 6 puntos del PIB, no por acumular reservas. Hay exceso de pesos, en lugar de escasez, y el gasto público estructural está presionado por una virtual duplicación de la nómina de empleados públicos/jubilados respecto de los guarismos de veinte años atrás. El régimen cambiario en aquél momento era libre y único, mientras que ahora se recurre a controles cada vez más estrictos, por temor a que se sinceren los desequilibrios de la macro.
Las diferencias con 2002/03 ilustran sobre la importancia de llevar a buen puerto la reestructuración de la deuda, un eslabón necesario (no suficiente), para encadenar otra serie de medidas que generen previsibilidad a la macro, al tiempo que se van sanando las heridas en el aparato productivo provocadas por la pandemia y los métodos utilizados para intentar mantenerla a raya.
La propuesta inicial del gobierno, aquella presentada el 22 de abril a los acreedores, hizo más difícil las cosas. Planteaba una serie de cambios en las clausulas legales y una quita de casi el 60 % en valor presente que, al registrar una adhesión de menos del 20 de los bonistas, tendió a fortalecer y unificar las posiciones de los fondos mejor organizados. Quizá la oferta inicial fue tan agresiva porque el gobierno esperaba que la pandemia arrastrara a numerosos países al default. Al contrario, los países con las cuentas más a o menos ordenadas empezaron a conseguir tasas cada vez menores, caso de Uruguay que hace días consiguió financiamiento al 2,5 % anual. U otros como Ucrania y Turquía, cuyo riesgo país había subido y sus bonos rendían en torno al 10 %, que ahora se han valorizado y pagan un 7 % anual.
En ese contexto, y frente a un rechazo que no cierra la puerta e invita a seguir negociando por parte de fondos que dicen representar al 32 % de los acreedores, al gobierno le queda intentar una “fuga hacia adelante”. No solo ofrecer un poco más y dejar de encapricharse con cambiar las clausulas legales, sino también avanzar en una serie de medidas que nos convenzan que el riesgo país de la Argentina puede bajar drásticamente y acercarse a los parámetros de Ucrania y Turquía en un tiempo razonable. La negociación sigue abierta y la ventana de oportunidad llega hasta el 4 de setiembre, si es que hay buena fe del lado de los acreedores.
En abril, el gobierno aspiraba a una quita de 59 % de valor presente sobre una deuda nominal de 79,2 mil millones de dólares, incluyendo los bonos en moneda extranjera emitidos bajo ley argentina. En la última enmienda, la quita solicitada es del orden del 46 % pero, mientras se daban las idas y venidas de la negociación argentina, prácticamente los mismos fondos de acreedores cerraban con Ecuador una restructuración con una quita de 41 % de valor presente.
La señal que ha dado ese grupo de acreedores parece clara. La pregunta es si el gobierno argentino habrá de estar dispuesto a resignar otros 5 puntos de quita en el valor presente, para equipararse con Ecuador, y al mismo tiempo simplificar los términos legales de la propuesta.
Conviene advertir sobre una diferencia clave entre Ecuador y la Argentina. El gobierno de Quito está recorriendo su último año de mandato, mientras que al gobierno local le quedan más de tres años, y tiene una oposición política seguramente dispuesta a aprobar iniciativas de racionalidad económica. Un combo que incluya una fracción de mejora en la oferta de reestructuración, pero al mismo tiempo un paquete de medidas que den garantías respecto a que el riesgo país habrá de bajar en forma significativa parecen ser la mejor forma de “fuga hacia adelante” en esta encrucijada.
