Cumplido el primer mes del nuevo Gobierno, se comienzan a sentir los impactos de las medidas dispuestas. La herencia de un país estancado, con casi la mitad de la población pobre, una alta inercia inflacionaria, un Banco Central sin reservas propias, imposible acceso al financiamiento y con un cepo cambiario asfixiante, demandaba implementar rápidamente medidas para revertir el rumbo.

Los anuncios realizados por el nuevo Gobierno apuntan a diferentes horizontes temporales. De corto plazo, es necesario estabilizar la situación económica-financiera del país, para lo que se decidió la implementación de un programa basado en dos anclas: una fiscal y otra cambiaria.

La política de controles de precios de la administración saliente provocó fuertes distorsiones, porque afectó los incentivos a la inversión en sectores particulares y, por ende, el abastecimiento de productos.

Con respecto a la primera, el Gobierno ha identificado correctamente al déficit fiscal como “la madre de todos los problemas”. El país tiene una historia de compulsión a gastar más de lo que recauda el fisco. Cuando se cubrió la brecha de financiamiento con deuda, terminamos en crisis de deuda; cuando lo hizo con emisión monetaria, la crisis resultó inflacionaria. Para combatir la inflación es menester eliminar el déficit fiscal de manera permanente y la única forma de hacerlo es vía suba de ingresos o recorte de gastos; luego está la discusión de quiénes pagan unos y quiénes sufren los otros.

A su vez, es necesaria una corrección de precios relativos y una estabilización del tipo de cambio. La política de controles de precios de la administración saliente provocó fuertes distorsiones, porque afectó los incentivos a la inversión en sectores particulares y, por ende, el abastecimiento de productos. La normalización de precios relativos resulta inevitablemente en una aceleración del nivel de precios, la cual debería ser por única vez, en la medida en que el ajuste sea exitoso.

El tipo de cambio era uno de los precios clave a corregir; el Gobierno anterior intentó utilizar el tipo de cambio oficial como ancla nominal, al mismo tiempo que expandía la oferta de pesos, agotaba en el proceso las reservas propias del Banco Central, y llevaba la brecha a niveles históricamente elevados. Resulta imposible pensar en la llegada de inversiones al país sin la existencia de un mercado único y libre de cambios y la consecuente eliminación de la brecha. Al mismo tiempo, resulta imposible pensar en una estabilización de precios sin estabilizar en un nivel bajo la tasa de depreciación en una economía que usa al dólar como unidad de cuenta.

Como es natural, el ajuste presiona inicialmente a una economía con poco margen. Si bien el ajuste de precios debería darse por única vez (a diferencia de un proceso inflacionario que consiste en el incremento sostenido de los mismos), el impacto sobre el poder de compra es innegable, lo que afecta el consumo y actividad económica. La contracara es que la caída en la demanda limitará los incrementos de precios futuros.

De nuevo, estas medidas buscan la estabilidad en el corto plazo. Pero lograr un proceso de crecimiento sostenido demanda la implementación de reformas estructurales, muchas de las cuales están propuestas en el DNU y la “ley ómnibus” presentadas por el Gobierno.

El proceso de ajuste claramente afectará el bienestar de la sociedad de corto plazo, lo que generará desafíos sociales y políticos. Ahora bien, existe una luz al final del túnel: la recuperación de la cosecha agropecuaria luego de la sequía y la dinámica del sector energético, junto a la estabilidad del tipo de cambio, podrían permitir mejoras antes de lo imaginado.