El espacio que se abre a partir de los resultados de la segunda vuelta electoral con el ascenso de Javier Milei no sólo parece implicar un cambio de rumbo con respecto a la política pública argentina de las últimas décadas, sino un drástico cambio de régimen económico en la medida en que se pueda cumplir con el mandato electoral de cambios radicales hacia una sociedad más abierta, transparente, respetuosa de reglas y con instituciones que promuevan el desarrollo económico y social.

Hay mucha mayor expectativa de que esta vez “puede ser diferente”, aunque los riesgos de fracaso están siempre presentes, particularmente cuando se observa que el programa de gobierno está en construcción y los ejecutantes podrían estar leyendo partituras diferentes. Pero no caben dudas de que, en el plano de la preservación democrática y republicana, la alternativa en el balotaje era un ticket hacia el desorden y la decadencia, y el nuevo ciclo ofrece una oportunidad que vale la pena explorar.

Los desequilibrios macroeconómicos y la represión sobre las variables micro han sido responsables del proceso de estanflación que dura ya más de una década y que amenazaba con prolongarse por otro período. Por allí se debe empezar: equilibrando las cuentas públicas a nivel primario durante un período prolongado, y tratando de lograr equilibrio global durante, al menos, el nuevo período de gobierno.

Esa es la prioridad para converger, más rápido o más lento, a un escenario de estabilidad de precios que tiene otros requisitos. Desde ya la estabilización requiere corregir precios relativos y realizar reformas a nivel microeconómico que aumenten la competencia en los mercados de factores (trabajo en primer lugar) y de productos, que permitan, a su vez, abrir la economía.

Un programa fiscal ambicioso y creíble junto con el ajuste en el tipo de cambio oficial, básicamente por el lado de importaciones y deuda —ya que, por el lado de exportaciones, los ajustes apresurados en el último tramo de gestión han anticipado la devaluación—, debería permitir una rápida contracción de las brechas cambiarias.

La perspectiva de un fisco ordenado, que reduzca, hasta eliminar, la necesidad de asistencia monetaria al Tesoro, junto con acuerdos en materia de deuda que alejen por años el fantasma de un nuevo default, son un sólido cimiento para esperar que la brecha caiga hasta anularse en un plazo no mucho mayor al año.

Hay varios factores a tener en cuenta para prever una inflación que se acelera por varios meses y luego puede experimentar una brusca desaceleración. En primer lugar, están los fundamentos macroeconómicos —desequilibrio fiscal y fuerte emisión hasta diciembre de 2023— que van a tener impacto por algún tiempo, y que van a acelerar la inflación fuertemente entre diciembre y marzo.

La corrección de estos desequilibrios empezaría a tener efecto favorable recién en el segundo o tercer trimestre, para ser la base de la desaceleración desde 2025 —supuesto que se profundiza el ajuste fiscal—. El traspaso a precios de la devaluación y ajustes será menor, cuanto mayor sea la credibilidad del programa económico.

En segundo lugar están los ajustes de precios, tarifas y salarios que elevarán la inflación durante el periodo de ajuste. La compresión de la brecha y la política monetaria serán, por otro lado, factores de estabilización. Todo ello hace prever tasas interanuales de inflación que pueden superar, temporalmente, el 250% en algún momento de la primera parte del año, para descender al 180% a fines de 2024.

El objetivo de converger rápidamente al equilibrio fiscal no es negociable. La alternativa es caer en mayor desorden. Existen numerosos instrumentos disponibles, pero el principal es el que surge de la coordinación de políticas entre el gobierno federal y las provincias, para que otorgue el paraguas de gobernabilidad.