Este año comenzó para nosotros con un cambio fundamental, que es la nueva ley 27.348, que complementa a la de riesgos del trabajo y que apunta, en línea con la política que quiere llevar a cabo este gobierno, a formalizar el trabajo, tratando de eliminar la litigiosidad, que es un flagelo que viene castigando al sistema, a las empresas y, por ende, a los trabajadores.
Si bien todavía no se ve totalmente este resultado porque aun requiere la adhesión de las distintas provincias, para nosotros el impacto que tiene es importante. Se arrancó con la Ciudad de Buenos Aires, luego en mayo con Córdoba y recién a partir de septiembre se empezó a ver un cambio en los índices de litigiosidad. En los números de octubre ya vemos que la Ciudad de Buenos Aires no sólo tuvo una baja de judicialidad interanual, sino también a lo largo del año. Además se empieza a ver una baja de judicialidad en Córdoba, aun cuando la ley se hizo efectiva recién en septiembre.
La tendencia está haciendo que se empiecen a ver los resultados y, con la adhesión de la provincia de Buenos Aires, el impacto va a ser mucho mayor porque lo que se está viendo también es una mudanza de juicios de lo que es la Ciudad de Buenos Aires a la provincia.
Esperamos un 2018, en particular a partir del segundo trimestre, con mejoras significativas en la judicialidad aunque, por supuesto, esto va a depender del funcionamiento de las comisiones. Para ello, estamos trabajando con las Superintendencia de Riesgos del Trabajo para poder habilitar más comisiones y poder acelerar las citaciones, que es quizás lo que hoy más está tardando en implementarse, y también para que se dé la adhesión de las provincias a la reglamentación. A su vez, se está trabajando con la Superintendencia de Seguros de la Nación, que nos está acompañando mucho en todo lo que significa unificar criterios en la justicia. La verdad es que nos sentimos acompañados a nivel político por ambas superintendencias.
La frecuencia judicial aumento muchísimo en los últimos años y esto se vio reflejado en los costos, que en algunos momentos se ha tenido que trasladar. Entonces, muchas industrias como, por ejemplo, la pesquera, donde se tiene salarios que son fluctuantes a lo largo del año, se han visto muy castigadas, especialmente las pymes.
A nosotros, como ART, nos ha castigado fuertemente el flagelo de la judicialidad desde el 2010. Si uno mira los balances, en los últimos tres años la reserva de juicios es casi el 45% del activo, cuando en realidad tendríamos que reinvertir y focalizarnos en la prevención, que es la génesis de la ley. Pensemos que la ley de ART nació en 1996 para eliminar los juicios en las pymes y reactivarlas económicamente y después de 21 años estamos de nuevo pidiendo esta ley que vuelva a reconvertir el eje principal, que es la prevención.
En este sentido, la nueva Ley de Prevención y Protección Laboral también va a ser muy importante porque va a terminar de englobar una política en la materia, donde van a estar todos los actores en la mesa: trabajadores, sindicalistas y empresarios. Eso va a terminar de cerrar un ciclo importante para volver al objetivo de la norma que es prevenir el accidente y, cuando no se puede prevenir, tratar de actuar rápidamente con un servicio de prestaciones adecuado.
También estamos trabajando bastante en lo que es combatir el fraude en el sistema: eliminar a aquellos que tratan de hacer alguna especulación con las denuncias de siniestros o crear accidentes donde no existen. Esto, por supuesto, perjudica a toda la industria desviando fondos hacia accidentes que no son reales, sobre todo cuando uno ve a lo largo del tiempo que el sistema es bueno, no sólo por las prestaciones que brinda sino porque la cantidad de accidentes reales ha bajado notoriamente en los últimos años. Este es un punto en donde se va poner la mira fuertemente en 2018 ya que envicia lo que es el sistema y envicia el costo real de lo que es la ART.
