En la Argentina, cerca del 45% de las denuncias de siniestros son falsas o exageradas. A su vez, la tasa de judicialización no supera el 2%.
Los casos de fraude a aseguradoras aumentaron un 15% desde el comienzo de la pandemia y casi la mitad de las denuncias de siniestros en la Argentina son falsas o exageradas. Las cifras se desprenden de un informe que realizó la compañía Libra Seguros, que advirtió sobre la situación que enfrenta el sector no sólo en el país, sino también en otras partes del mundo.
De acuerdo a la empresa, aproximadamente el 45% de las denuncias de siniestro que se efectúan en el país son falsas o exageradas. Según sus estimaciones, esta modalidad delictiva mueve unos 55.000 millones de pesos por año.
Modalidad delictiva en auge
Por mes, se detectan entre 20 y 30 casos. Buena parte de ellos corresponden a siniestros viales. En el rubro, estiman que de cada 100 intentos, 80 corresponden a presuntos robos de autos o motos, 15 a cubiertas y cinco a sobreestimaciones en el valor del siniestro.
No sólo es un problema local, aunque en otros países la cifra de fraudes es inferior con respecto al número nacional: ronda entre el 38 y el 40%.
“De los efectos devastadores del coronavirus se ha escuchado y leído hasta el cansancio. Pero poco se habló del auge de conductas delictivas que crecieron al calor de la crisis, la dificultad para controlar y la suposición errónea de que se trata apenas de una picardía”, sentenciaron desde Libra Seguros.
“El fraude, en todo sentido y en cualquier industria, es un delito y está tipificado en el Código Penal. En la industria aseguradora tiene un impacto de magnitud porque representa un alto porcentaje de los pagos por siniestros, lo que afecta la solvencia del sistema”, advirtieron.
“Si el que intenta cometer un fraude o lo lleva adelante no tiene consecuencia legal alguna, estamos fomentando el camino del enriquecimiento ilícito. Hay que romper con liviandad con que se toma la temática”, aseveraron.
Baja judicialización
En este sentido, la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS) consideró que la industria se ve afectada por medidas que entorpecen la actividad. De acuerdo a la entidad, se judicializa menos del 2% de los siniestros que efectivamente se cometen y los embargos preventivos afectan significativamente a la sostenibilidad de las empresas.
Entre julio de 2019 y el mismo mes de 2020, en la Argentina fueron denunciados de 2,6 millones de siniestros, de los cuales 1,3 millones correspondieron a daños y lesiones a terceros por accidentes. La tasa de judicialización estuvo por debajo del 2%. Es decir, el 98% fueron liquidados por las aseguradoras sin la necesidad de la intervención de la Justicia.
“Las aseguradoras sufren medidas cautelares sobre sus patrimonios como práctica judicial habitual, sin que se tengan en cuenta los estrictos parámetros de control de solvencia a los que son sometidas. La supervisión del Estado, ejercida a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), garantiza que las empresas que operan tengan las reservas suficientes y cumplan con los capitales mínimos para hacerle frente a los siniestros recibidos en cualquier estadio en el que se encuentren”, explicaron.
Sin embargo, manifestaron que esta práctica inmoviliza aproximadamente 5.000 millones de pesos entre los operadores de seguros patrimoniales. “De esos fondos, más del 80% se encuentra retenido en las cuentas de las aseguradoras, sin posibilidades de inversión y, en muchos casos, con trámites engorrosos para sustituirlos por otros activos o garantías. Esta paralización implica un perjuicio para la operatoria”, expresaron. Y agregaron que el bloqueo afecta al normal desenvolvimiento del pago de siniestros tanto a asegurados como a terceros reclamantes.
