El 2022 empezó con revuelo en el mercado de las ART. La razón fue la decisión de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de frenar por 180 días las habilitaciones para nuevas aseguradoras de riesgos del trabajo. Esto afecta directamente a varias empresas que en 2021 habían presentado los pedidos para que los autorizaran a entrar en este mercado.

La explicación que esgrimen para este freno es que la cobertura de los casos de COVID-19 golpeó con fuerza a las ART y que, por lo tanto, habilitar el ingreso de nuevos jugadores al sector sería una suerte de competencia desleal.

Según la resolución 30/22 publicada en el Boletín Oficial las empresas del sector “se encuentran en un contexto por demás complejo por efecto de las indemnizaciones abonadas y pendientes de abonar como consecuencia de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2”.

En la resolución se detalla que hasta el 31 de diciembre de 2021, las ART debieron cubrir a todos los trabajadores que se contagiaron de ese virus. Esto ocurrió porque el DNU 367/20 la consideró una enfermedad laboral no listada. Si bien se habilitó el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales para cubrir los gastos, con un monto de 5.600 millones de pesos, fue insuficiente.

Al 30 noviembre de 2021 ese fondo arrojaba un saldo negativo de más de 3.000 millones de pesos, tras haber otorgado cobertura a 470.000 trabajadores. Para aliviar parcialmente a las compañías a partir del 1 de enero de este año se estableció que solo están obligadas a cubrir por COVID-19 al personal de salud y al de seguridad.

Y, además, se actualizaron las contribuciones patronales que estaban congeladas desde la década del 90 en 0,60 pesos por empleado para llevarlas primero a 40 y luego a 100 pesos a partir de febrero de 2022.

Motivos

La SRT señala también que “en función del agotamiento de las sumas dinerarias del Fondo, las ART han debido y deben hacer frente a los pagos imputables al mismo con recursos propios, los cuales les serán reintegrados una vez recompuesto su saldo”. Y especifica que al 30 de junio de 2021 “las aseguradoras hicieron frente al pago de siniestros y prestaciones por COVID por la suma de 7.600 millones de pesos”.

El organismo se basó en este escenario para determinar la necesidad de frenar la habilitación de nuevas entidades. “El ingreso de nuevos operadores al mercado de riesgos del trabajo se traduciría en una situación de desigualdad comercial que no parece razonable sostener”, apuntó.

De esta forma, la SRT remarcó que “cualquier nuevo operador se encontraría en mejor condición que las entidades ya existentes, dado que no cargaría con el peso de los siniestros producidos por COVID-19 y sus consecuencias sobre los aspectos financieros de las restantes entidades”.

Protección de los asegurados

Para las empresas que buscaban entrar al mercado y ahora deberán esperar al menos seis meses, la cuestión es “una excusa”. Son varias las compañías que ya presentaron los papeles para que las autoricen a arrancar, pero a la hora de expresar sus quejas prefieren hacerlo en reserva.

“El gasto COVID-19 solo representa el 3% del gasto total de las ART”, dijo un ejecutivo de una de las principales compañías de seguros. Y remarca que durante la pandemia y a partir de las restricciones a la movilidad, “bajó fuerte la siniestralidad general, por lo que los balances de las ART son positivos”.

Además, resalta que el rol de la SRT “debe ser proteger a los asegurados, no a las compañías, que además han bajando las tarifas un 12% en el último año, lo que no parece consistente con un sector en crisis”.

Desde una de las principales ART destacaron que el freno por seis meses es adecuado: “El último dato de mercado disponible fue el del cierre a diciembre. Allí se ve que la afectación a pagos COVID-19 estuvo en el orden del 15% del total recaudado, pero puede que ese valor se duplique en los próximos meses”.

Desde la ART indicaron que el freno “es una medida necesaria dada la excepcionalidad y dimensión que generó la irrupción de la cobertura COVID-19 en el sistema de Riesgos del Trabajo”.

Y resaltaron: “Hoy las ART están operando con el peso de dos gravosas mochilas: una pre-COVID, que es la de la litigiosidad, con gran cantidad de juicios pendientes de resolución; la otra, la de los enormes gastos incurridos por COVID-19. Ingresar al mercado sin esos antecedentes distorsionaría su operatoria, desbalanceando a favor de los nuevos y poniendo en riesgo al resto del sistema”.