El último informe trimestral de litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo afirma que la cantidad de juicios cayó un 44,3% interanual.
El principal objetivo impulsado por la reforma de la Ley 27.348 fue poner freno a la elevada y acelerada tasa de litigiosidad que sufría el sistema. El balance de los últimos dos años, en ese sentido, fue positivo, en tanto el flujo de juicios se redujo de 130.000 a 80.000 entre 2017 y 2018. De acuerdo al último informe trimestral de litigiosidad del sistema de riesgos del trabajo, la cantidad de juicios cayó un 44,3% interanual, pasó de 29.852 juicios en el tercer trimestre de 2017 a 16.638 en el tercer trimestre del año pasado.
En diálogo con NBS Bancos y Seguros, Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), opinó: “Si bien la cantidad de juicios bajó de manera considerable, queda pendiente resolver el stock acumulado antes de la reforma de la ley”.
En ese línea, agregó que ese stock se fue agravando “por los desvíos y absurdos periciales en el ámbito judicial y en el último año, además, por las astronómicas tasas de interés que aplica la justicia en general, y en CABA en particular, que en noviembre de 2018 llegaron al 130% anual y actualmente se ubican en torno al 70%. No hay inversión ni en Argentina, ni en el mundo que registre esos rendimientos”.
Para Bettiol, si esos desvíos se convierten en sentencia sería necesario triplicar la alícuota vigente durante un año para poder financiarlos.
Manuel Adolfo Güemes, gerente del Área Legales Prestaciones de Experta ART, coincidió en que la gran preocupación del mercado es el stock de juicios, que si bien se redujo un 70% en Córdoba o un 45% a nivel nacional, todavía hay 340.000 juicios. También señaló que el tema de las tasas de interés elevadas es otra cosa que va en perjuicio del sistema. Sin embargo, explicó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que se resolvió en febrero pone un límite en cuanto a que no se puede aplicar una tasa de manera automática como viene sucediendo en la Justicia sino que tendrá que considerarse el momento económico al momento de tarifar. “Se trata de que la tasa sea razonable y no una aplicación dogmática y matemática. No se puede aplicar una tasa automática sin mirar el impacto que genera y la desproporción que puede causar su aplicación”, enfatizó Güemes y agregó que si los jueces comienzan a considerar esos parámetros podrá generarse alguna movilidad en el efecto de las tasas.
Por su parte, Oscar Lezcano, especialista en Riesgos del Trabajo y gerente comercial corporativo de Galeno Seguros, opinó que la evolución de la judicialidad del sistema de ART es un factor crítico desde hace 15 años. “En 2017 se promulgó la ley y, después de una serie de fracasos, comienza a verse un resultado en cuanto a la baja del ingreso de nuevos juicios. En un escenario donde todos los años la judicialidad aumentaba un 20% se logró, finalmente, reducir el crecimiento interanual”, señaló.
Para el ejecutivo, el hecho de que la ley haya habilitado la posibilidad de generar una instancia previa administrativa en el ámbito de las comisiones médicas para determinar el porcentaje de incapacidad y homologar un acuerdo antes de pasar a una instancia judicial es central. “Esa dinámica está permitiendo estos resultados”, enfatizó.
Las Comisiones Médicas (CCMM) representan la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Sobre este tema, Lezcano enfatizó que es necesario que se continúe con la adecuación de las comisiones médicas por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en aquellas jurisdicciones que adhirieron pero todavía no aplicaron el procedimiento: “En diciembre de 2015 había 35 comisiones médicas y 51 en 2018. El proyecto final es tener 88 comisiones médicas en funcionamiento y la idea es que no se encuentren entre 50 y 100 kilómetros de cualquier trabajador que necesite hacer un reclamo”.
Güemes destacó que la apertura de las comisiones médicas se está dando de manera gradual y que su existencia es importante porque forma parte del procedimiento administrativo previo obligatorio que estableció la ley hace dos años.
Asignaturas pendientes
Si bien en el mercado están satisfechos con los resultados obtenidos hasta el momento, consideran que aún quedan por resolverse al menos dos temas fundamentales: la adhesión de todas las provincias, particularmente de Santa Fe, al sistema y la formación de los Cuerpos Médicos Forenses.
“La ley previó, como parte de la solución a estos desvíos periciales, la creación de los Cuerpos Médicos Forenses o Cuerpos Médicos Periciales en el ámbito de la justicia, con el objetivo de poner en caja el descalabro pericial. Pero eso todavía está pendiente. La decisión de conformar y poner en marcha estos cuerpos es de las máximas instancias judiciales en cada provincia y en CABA es la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”, enfatizó Bettiol. Y agregó que avanzar en este sentido implica la selección de integrantes especializados en el manejo adecuado del baremo y el desacople de los honorarios respecto del valor peritado.
Güemes detalló que los Cuerpos Médicos Forenses van a estar integrados por el cuerpo pericial que va a accionar en la instancia judicial. “Esto va a garantizar la formación de un cuerpo médico pericial que ya no va a tener un interés en el resultado del pleito porque no cobrará honorarios de acuerdo al resultado y va a definir, de manera más objetiva, cuál es la incapacidad que le corresponde al trabajador. Lo que necesita la ley es que se creen cuerpos médicos específicos para el fuero laboral que garanticen su objetividad, su independencia y, sobre todo, que hagan bien su trabajo”, añadió.
Según Lezcano, es necesario darle un criterio unificado al sistema y utilizar el baremo, tanto en sede administrativa como en sede judicial. “Si diéramos este paso, podríamos seguir avanzando en la meta de bajar aún más la litigiosidad. La CSJN ya dio indicios de acompañamiento y estamos a la espera de que los ratifique”, consideró.
La conformación de los Cuerpos Médicos Forenses, para el ejecutivo, está vinculada a la posibilidad de cuantificar correctamente el stock judicial. “Hay un stock judicial enorme que le genera un pasivo al sistema que no puede cuantificarse correctamente porque tiene diferentes valores en función de la jurisdicción donde se resuelvan los juicios”, puntualizó y reiteró la necesidad de unificar el uso del baremo en las dos instancias ya que “la demanda en sede judicial multiplica por siete el valor del baremo”.
Desde el sector esperan que durante este año pueda avanzarse en la creación de los Cuerpos Médicos Forenses. “Es un tema que se está discutiendo desde que salió la ley. Hemos presentado casos, ejemplos, análisis de impacto económico, porque de eso depende la vida del sistema. Por otra parte, la reforma está dando resultados en cuanto a la baja de la litigiosidad pero queda pendiente resolver el stock de juicios acumulados”, enfatizó la presidente de la UART.
Respecto a la adhesión a la nueva ley de la provincia de Santa Fe, Bettiol indicó: “Allí se observa una tendencia creciente en la litigiosidad, mientras que en las provincias ya adheridas la baja de las demandas fue del 44%”. Y agregó que será el primer tema a tratar en cuanto comiencen las sesiones legislativas provinciales.
La no adhesión de Santa Fe al sistema genera rispidez y desde el sector advierten que puede desmotivar a empresas que quieran radicarse en la provincia debido a que la decisión puede acarrear mayores costos laborales. Actualmente, la alícuota allí se ubica en 4,14 % en relación al 3% para el resto del país.
En línea con su colega, Güemes señaló: “Esperamos que este año la litigiosidad siga bajando, en tanto que, además de adherir las provincias que faltan (Santa Fe, Chubut y Tucumán están ya están en proceso), las que ya están, terminen de crear las comisiones médicas y firmen los acuerdos de colaboración que tienen pendientes con la SRT de manera de garantizar que estén 100% operativas”.
“Tenemos que seguir trabajando todos los actores para que haya cada vez menos juicios y la cuestión se resuelva de manera más rápida y eficiente, sobre todo para el trabajador”, enfatizó el directivo.
La baja de las alícuotas
Precisamente, con la reforma de la ley y la reducción de la judicialidad, el mercado esperaba que se diera una baja de las alícuotas. Sin embargo, esto sucedió en forma muy limitada.
Según Bettiol, “la litigiosidad exacerbada no estaba plenamente en la alícuota. Por lo tanto, si bien hubo una reducción no se dio en términos proporcionales porque no estaba considerada en el precio. No es lógico esperar que baje hoy algo que no estaba incorporado”.
En consonancia con su colega, Lezcano agregó que la alícuota rondaba el 3% y ahora se ubica en 2,8%. “Se redujo la tarifa por expectativa de la ley pero todavía hay un desfasaje entre la tarifa técnica necesaria para el sistema y lo que se refleja en el mercado. Todavía está por debajo de lo que se necesita para que haya un equilibrio técnico.”
Cantidad de juicios, según trimestre de notificación a la ART.
Cifras en rojo antes de la nueva ley y en verde luego de la sanción de la misma.
Fuente: NBS Bancos y Seguros, en base a SRT.
