En los cuatro órdenes en los que el Gobierno impulsa reformas (el previsional; el laboral; el fiscal en su relación con las provincias y gasto público; y el tributario) la dirección adoptada es correcta. Después de las últimas elecciones parlamentarias hubo una reacción muy rápida. Hay una convicción muy fuerte de que se debe cambiar estructuralmente el país.

Tal vez lo más logrado haya sido la orientación previsional. La extensión de la edad, a pesar de ser opcional, puede tener mucho éxito, ser útil para los sectores público y privado y generar un alivio para la solvencia del sistema previsional. Y reajustar la indexación de las jubilaciones también va a significar un alivio para la misma.

En el orden laboral, el resultado es un poco más incierto. Creo que no ha habido definiciones demasiado estructurales.

En el plano fiscal, en la relación con las provincias y el esquema fiscal consolidado, buscar una reducción de un impuesto tan distorsivo como ingresos brutos es de gran importancia. Aunque cabe preguntarse, ¿Cuánta reducción se efectivizará en los próximos años?

Otro tema importante es el gasto público. Si bien se va en la dirección correcta evitando que haya un crecimiento real del mismo, su nivel actual es exageradamente alto y tiene un grado de improductividad muy fuerte. Actúa como una mochila muy pesada para el sector privado y la competitividad del país. Hubiera preferido una decisión más definida en este ámbito.

La reducción de la presión tributaria, que hoy se encuentra en un 40% del PBI, debe ser una meta insoslayable para el mediano plazo. Si se lograra incrementar la productividad del gasto público esa necesidad sería menor. Es el caso de los países europeos avanzados económicamente, que tienen niveles de impuestos iguales o mayores que el nuestro pero totalmente compensados por bienes públicos que disminuyen los costos y aumentan la competitividad del sector privado.

Respecto al problema inflacionario, el Gobierno debe mantener el enfoque. Es cierto que el BCRA fijó metas muy ambiciosas, pero si las hubiera fijado más altas la inflación habría sido mayor. Esa acción sobre las expectativas de inflación futura es un ingrediente esencial de la política monetaria. Imaginemos la discusión de las paritarias para el próximo año si no se actuara de este modo. Es necesario que esas expectativas sean hacia la baja porque es una de las claves del proceso económico y de la inercia inflacionaria. Como consecuencia de esto, es indudable que hoy las tasas de interés son muy altas pero se van a ir corrigiendo para ubicarse en niveles más bajos. Llama la atención que el mercado no capte ese pronóstico inevitable: todavía hay tasas a 270 días que el mercado las cotiza a niveles actuales. Al consolidarse la baja de la inflación núcleo, el proceso de reducción se va a dar.

A pesar del importante déficit comercial que se está registrando, no creo que sea necesario tomar medidas arancelarias o medidas cuantitativas sobre los niveles de importación. La preocupación es válida porque tenemos un déficit de cuenta corriente que no está en descenso sino claramente en ascenso y, si el país acentúa su crecimiento, esta situación tenderá a acentuarse. Sin embargo, el país vive una situación cambiaria muy distinta a la histórica. No hay un tipo de cambio fijo y tampoco hay una flotación fuertemente intervenida. El mercado cambiario, a medida que considere que los resultados de la cuenta corriente del balance de pagos son negativos o preocupantes, va a reaccionar por sí mismo. Y ante esa eventualidad posiblemente la inflación esté menos ligada a las variaciones nominales del tipo de cambio, lo que va a significar una suba en el tipo de cambio real de la economía, que es el que, en definitiva, decide los resultados comerciales.

En resumen, si bien se va en la dirección correcta, va a ser necesario acentuar la intensidad de las medidas en algunos casos y, en particular, avanzar en mejorar la productividad y reducir el nivel del gasto público improductivo del país.