El presidente electo todavía no anunció su gabinete ni dio pistas sobre las primeras medidas que tomará. Economistas propios y ajenos coinciden en que reestructurará deudas, negociará el programa con el FMI, mantendrá las restricciones cambiarias e impulsará el consumo para reactivar la economía.
El presidente electo por la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández, recibirá un país con una situación económica extremadamente delicada. El próximo gobierno deberá afrontar el pago de una deuda pública que ronda el 90% del PBI, fuertes presiones sobre el mercado de cambios, escasez de divisas y reservas netas en el Banco Central (BCRA) en franco deterioro.
Más allá del frente financiero, tampoco hay buenas noticias en la economía real. La actividad acumula dos años de recesión y ocho de estancamiento, con el aparato productivo funcionando al 60,5% de su capacidad y una tasa de política monetaria que ronda el 60% y no fomenta recuperación alguna. A eso se suma la inflación, que cerrará el año cómodamente encima del 50%.
Frente a tal panorama, en la transición se ha generado un equipo de trabajo conjunto integrado por el referentes económicos del actual gobierno y de la próxima gestión. Para esa tarea, por el lado del presidente electo, fueron designados Matías Kulfas, Guillermo Nielsen, Cecilia Todesca, Mercedes Marcó Del Pont y Miguel Pesce. De esos nombres, surgirán algunos de los funcionarios que asumirán las conducciones de los principales ministerios y –renuncia de Guido Sandleris mediante– la presidencia del BCRA.
Con todo, la decisión que ha tomado el equipo del Frente de Todos fue mantener un celoso hermetismo acerca de las primeras medidas que tomarán para resolver los problemas. Aún no se ha presentado el programa económico de la próxima gestión. No obstante, se han esbozado algunos lineamientos que incluyen la construcción de un acuerdo de precios y salarios y la intención de reactivar la economía nacional sobre la base de bajar la tasa de interés y estimular al mercado interno, junto con una recomposición del poder adquisitivo de asalariados y jubilados.
SI bien no se han tomado definiciones al respecto, según la opinión de economistas referenciados con ese espacio político y los de distintas vertientes de la oposición, se puede esperar que las restricciones cambiarias se mantengan, al menos, durante el primer año del gobierno de Fernández.
Una de las variables que más preocupan al próximo gobierno es la alta tasa de interés de política monetaria, que trata de operar como una herramienta de control del mercado cambiario y la inflación pero, a la vez, resulta un ancla para la recuperación de la actividad económica.
Se descuenta que, a partir de las mayores restricciones cambiarias resueltas por las autoridades del BCRA la misma noche de las elecciones presidenciales, las presiones sobre el tipo de cambio seguirán descomprimiéndose y que, por eso, habrá mejor margen para ir reduciendo los tipos de interés. La baja del costo del dinero, de hecho, ya empezó en los últimos dos meses, dado que la tasa de referencia hoy se encuentra en 60%, tras rozar 80%.
Pese al hermetismo del potencial equipo económico, NBS Bancos y Seguros consultó a cuatro economistas que opinaron sobre las medidas que consideran que tomará en próximo gobierno y compartieron aquellas que ellos mismos recomendarían.
Bajar el costo del dinero
Ante una situación tan compleja, la primera cuestión a analizar es cuál será la punta del ovillo para desentrañar una crisis que afecta a todos los sectores económicos y financieros. Desde el espacio del Frente de Todos, Alejandro Robba, director de la carrera de Economía de la Universidad de Moreno señaló que, “hay urgencias que no pueden esperar mucho. La primera es la crisis alimentaria. La segunda es una crisis externa en términos de sobreendeudamiento en dólares. En tercer lugar está el problema de encender la economía. Es a partir de eso que empezarán a resolver estructuralmente los otros dos problemas. De este laberinto se sale creciendo, no hay otra fórmula”.
Por su parte, uno de los referentes económicos de Consenso Federal, Marco Lavagna, indicó: “Sin bajar las tasas va a ser muy difícil que la actividad productiva se ponga en movimiento. Para eso, además, hay que elaborar un programa con tasas subsidiadas para el capital de trabajo”.
Desde una óptica más alejada de la gestión, Miguel Kiguel, director de Econviews, coincidió en que “van a tratar de bajar la tasa de interés de política monetaria”, aunque alertó que “aumentará la cantidad de dinero circulante, que puede irse al tipo de cambio no oficial. No hay que apurarse porque hay riesgo de un nuevo brote inflacionario”.
También identificado con el espacio de Alberto Fernández, Santiago Fraschina, director de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda, acordó en que “van a bajar la tasas en términos nominales pero manteniendo una tasa de interés real positiva. Cuando baje la inflación, seguirán bajando”. Y agregó: “Con la regulación cambiaria existente (que el nuevo gobierno no va a tocar) es posible desarmar las Leliq porque ese aumento de la base monetaria no se va a terminar yendo al dólar”.
Sobre las Leliq, Robba sostuvo: “Este gobierno (por el actual) ya las está bajando y los bancos no renuevan. Cayeron en 350.000 millones de pesos en dos meses. El peligro es que ese excedente monetario se vaya al dólar blue, aumente la brecha y se traslade a precios. Hay que reemplazar la renta financiera por la ganancia productiva”.
Actividad, consumo e inflación
La economía argentina atraviesa una profunda recesión. Alberto Fernández ya dio señales de su intención de reactivar el aparato productivo sobre la base de promover un estímulo al consumo. Para Alejandro Robba, “la única forma de que arranque la economía es con un shock de inversión pública y un aumento de jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo. La inversión vendrá después del consumo”.
La escuela monetarista, en cambio, indica que un incremento del circulante puede derivar en una nueva suba de precios. Para Lavagna, sin embargo, “no hay riesgo inflacionario porque se viene de un proceso recesivo de mucho tiempo. La inflación está asociada a una suba de costos muy fuerte, por tarifas y tipo de cambio. La que puede ser originada por consumo es marginal”.
Kiguel, por su parte, abogó por la prudencia: “Macri empezó con una inflación de 28% en 2015 y en 2016 fue a 38%. Proyectaban para el 2019 un 5%… No hay que ser sobreoptimista. Vienen años muy difíciles, no va a ser rápido”, dijo. Y sumó: “Lo importante es que la inflación baje rápidamente a los niveles de hace cinco años (25%) para recién en ese momento aspirar a ir a un dígito”.
Consultado sobre las perspectivas, Lavagna explicó: “Hay que cambiar la tendencia en los primeros seis meses y luego sí avanzar en una escalerita descendente de la inflación. En tres años se podría llegar a un nivel del 8%”. Para eso, señaló, “la clave es quebrar la tendencia alcista. Se puede hacer en un año con distintas medidas, como el acuerdo de precios y salarios, la política fiscal y la monetaria. Pero el acuerdo no alcanza. Puede cortar la inercia pero no transformarse en la política antiinflacionaria”.
Robba, en tanto, descartó que un impulso al consumo repercuta en un recalentamiento de los precios: “Con el desempleo en un 10% y una capacidad instalada utilizada del 60% y sobrestock lo que va a pasar es que se va a impulsar la venta de esos productos. Dudo que se dispare la inflación, se debería reactivar la economía”.
Más cauto, el docente de la Universidad de Moreno destacó que “para lograr una inflación de un dígito, por lo menos va pasar un (mandato de) gobierno. El modelo antiinflacionario como el de Macri, en vez de bajarla, la subió. No tuvieron en cuenta que en la Argentina los precios se forman a partir de los costos enormes que el gobierno subió: tipo de cambio y tarifas”.
Fraschina coincidió en que “lo que quedó demostrado durante estos cuatro años es que la inflación no es ni por emisión ni por suba de salarios. No emitieron hasta septiembre, los salarios se pulverizaron y, sin embargo, hay 55% de inflación”.
Para él, la clave para recuperar la economía pasa por despertar al mercado doméstico. “Hay que duplicar las exportaciones, como piensa el equipo de Alberto Fernández (lo dijo Matías Kulfas) porque es la única forma de generar dólares genuinos. Pero en un contexto internacional de una fuerte guerra comercial las exportaciones no pueden ser el motor del crecimiento. No hay crecimiento sin aumento del mercado interno”, afirmó Fraschina.
El economista de la Universidad de Avellaneda propuso “ir a un esquema de proteccionismo para que el consumo no se traduzca en aumento de las importaciones. Todos los países están siendo proteccionistas, nadie te puede acusar”. Por otro lado, recomendó “avanzar el acuerdo económico y social para que ese aumento del consumo y los ingresos nominales no se traduzcan en inflación”.
La relación con los acreedores
Uno de los principales condicionantes para el proceso económico que se abre está asociado con el programa acordado con el FMI y la posible reestructuración de la deuda con ese organismo, así como con los acreedores del sector privado.
Sobre ese punto, Kiguel anticipó: “Viene una negociación compleja porque desde el FMI van a pedir un programa muy duro en lo fiscal y sostenido en el mediano plazo. El gobierno va a tratar de lograr tiempo”. Es que “hay conciencia de la necesidad de un ajuste fiscal porque el déficit este año rondará el 4% del PBI, pero la Argentina está en una situación social difícil y con un nivel de actividad bajo. Hay una necesidad genuina de que la economía se reactive”.
En esa línea, Lavagna, economista de un espacio que se mostró dispuesto a colaborar con el futuro gobierno, estimó: “Va a haber que sentarse a negociar un programa donde se extiendan los plazos de vencimientos. Buscar un período de gracia para los dos primeros años, sin vencimientos, y donde se desembolsen los casi 8.000 millones de dólares que quedan del programa”.
Además, el economista de Consenso Federal recomendó un “programa fiscal más extenso porque va a ser imposible que se logren las metas vigentes. Suponer un superávit de un punto el año que viene implica no menos de dos puntos y medio de recortes adicionales o de incrementos impositivos. No es el momento para hacer ninguno de los dos”.
Con relación a una posible reestructuración de la deuda con el FMI, Kiguel recordó que ese organismo “no ofrece quitas, eso no existe”. Con el sector privado, en cambio, “habrá una quita que no se sabe si será nominal pero va a ser en valor presente. Los bonos cotizan en 40 centavos de dólar. Una reestructuración exitosa los puede llevar a 65 centavos. Primero hace falta un programa con el FMI que dé un marco macroeconómico de mediano plazo previsible, consistente y con alguna posibilidad de cumplirse”, apuntó.
“El FMI va a pedir un programa consistente. Eso implica un plan macro y reformas estructurales. Va a ser una negociación difícil porque el FMI no va a pedir sólo que paguemos. Sabe que, para cobrar, Argentina tiene que hacer cosas”, agregó Kiguel.
Lavagna proyectó una negociación integral con el organismo. “Hay que rediscutir todo el programa con el FMI. No sólo alargar plazos sino rever las metas fiscales y monetarias. Pero lo único que hace sustentable al sistema previsional es generar puestos de trabajo y, para eso, hay que poner en movimiento el aparato productivo”, expresó.
En esa línea, propuso “estimular la actividad bajando las tasas de interés y recomponiendo gradualmente el poder de compra. Además, tomar medidas específicas como exenciones en el impuesto a las ganancias para las nuevas inversiones pymes. Hay muchos mecanismos”.
Fraschina, más cercano al Frente de Todos, pronosticó: “El gobierno de Alberto va a tratar de ir a discutir los vencimientos de la deuda para patearlos pero no va a entrar en un sistema de facilidades extendidas, que es lo que va a querer el FMI. Van a tener que discutir un nuevo memorándum de entendimiento. Convencer al FMI de que un modelo de ajuste destruye capacidad de pago de la deuda”.
La renegociación de los títulos públicos tendrá otra lógica. En ese sentido, Lavagna consideró que la deuda privada merece un tratamiento más minucioso según cada tipo de acreedor. “Hay distintas situaciones. Primero, la de los organismos y la deuda intrasector público. También hay deuda de muy corto plazo, como las Letes, y hay que tratar de alargar los plazos, sino, va a haber mucha emisión monetaria porque van a vencer y no se van a renovar. Para los títulos públicos más largos, va a ser más fácil con los que son en moneda local. En los bonos con legislación extranjera habrá que lograr una negociación con quita”. Y aclaró: “Hay que tener cuidado con qué tipo de bonos reestructurar. No me metería con los títulos canjeados en 2005 y 2010 porque hay riesgos legales”, puntualizó.
Fraschina también vaticinó una renegociación de pasivos. “Si no van a una reestructuración de la deuda con quita de capital lo más fuerte posible, además de patear vencimientos, es muy difícil tener recursos para reactivar la economía. Hay que ir a una reestructuración de vencimientos en el mayor plazo posible y una quita de capitales e intereses. Sino en tres años vamos a volver a discutir el default de la deuda”, aseguró.
¿Del cepo al desdoblamiento?
Las medidas de emergencia que adoptó el gobierno saliente el mismo 27 de octubre apuntaron a encorsetar todavía más la salida de dólares del sistema financiero para afrontar el pago de la deuda y, al mismo tiempo, contener el tipo de cambio.
Sobre una eventual flexibilización de esas restricciones, los economistas consultados coincidieron en que, por el momento, no es recomendable avanzar y que, al mismo tiempo, el futuro gobierno no lo hará en el corto plazo.
Al respecto, Alejandro Robba, opinó: “Dejaría ver cómo evoluciona este cepo, que está funcionando bastante bien. Alguna restricción al turismo habría que poner pero sobre la base de debatir con la sociedad que hoy los dólares son necesarios para reactivar la economía”.
Miguel Kiguel recordó que “muy pocos países tienen cepo” y estimó: “La Argentina va a salir cuando se solucione el tema de la deuda, se recupere la confianza y tenga acceso a dólares. Va a llevar tiempo. No creo que sean las primeras medidas que tenga el gobierno en la cabeza. La unificación cambiaria estará en el programa con el FMI como parte de la normalización general de la economía”.
Para Marco Lavagna, “ya hay un cepo muy fuerte” que genera un ancla en la cotización del dólar. “En la medida en que haya una economía en funcionamiento que genere dólares, el tipo de cambio va a seguir fijado”, dijo. Aunque consideró que “hay que tratar de desarmarlo lo antes posible porque afecta el aparato productivo”.
Las restricciones cambiarias recién podrían flexibilizarse a mediano plazo y una de las alternativas que se barajan para hacerlo es el desdoblamiento del mercado cambiario. En esa sintonía se manifestó Kiguel: “No hay acceso al crédito y hay muy pocas reservas. Es difícil eliminar en seguida el cepo. Un sistema de desdoblamiento cambiario me gusta porque es más transparente, aunque son variaciones de los controles cambiarios”.
Por el contrario, Lavagna sostuvo: “No me convence el desdoblamiento. Es una herramienta que se puede usar por un tiempo pero el mercado lo arbitra muy rápido. Los precios se van a ajustar al tipo de cambio más elevado. Hay que ir a un esquema de brecha, como lo que hizo Israel, para llegar paulatinamente a la libre flotación”.
Es de destacar que los economistas de los diversos espacios políticos coinciden en el diagnóstico de los problemas. Con todo, a menos de un mes del cambio de mandato, la transición todavía es una incógnita y habrá que esperar a los primeros días del gobierno de Alberto Fernández para revelar el camino que elegirá la próxima gestión.
