En los primeros meses del año ya se iniciaron 22 mil nuevos juicios y se espera un incremento del 16% para el 2016. Las aseguradoras piden al Poder Judicial atender este tema que pone en peligro la sustentabilidad del sistema y sus beneficios para empleados y empleadores.

Según los últimos datos presentados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y marzo de este año se iniciaron 22.068 demandas por accidentes laborales. De mantenerse la tendencia, en la institución estiman que el número de juicios se incrementará un 16% en 2016 y llegará a 122.068.

Esta situación, según advirtió la entidad en un comunicado, trae como consecuencia “un aumento considerable de gastos operativos y de cobertura, con incidencia directa en el costo laboral e impacto en la economía”. Además, pone “en peligro la sustentabilidad del sistema y sus beneficios para trabajadores y empleadores”. En diálogo con NBS Bancos y Seguros, la presidente de la institución, Mara Bettiol, destacó que “la situación actual es una mala noticia por donde se la mire: por la incertidumbre que produce, el costo adicional que genera y la sobreexigencia que provoca al sistema”. Consultada acerca de los motivos por los que viene sucediendo esto, a pesar de que en el 2012 se modificó la ley que rige el sistema con el objetivo de subsanar esta situación, la ejecutiva se refirió a tres cuestiones en particular: “Una de ellas tiene que ver con la retroactividad de la norma, si bien se aclara que no se aplica retroactivamente, hay jueces que sí lo están haciendo”. El segundo tema, según Bettiol, es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y los diferentes puntos de vista que genera su aplicación en las indemnizaciones. Y el tercero es la introducción del baremo como parte del cuerpo normativo: “Hay una tabla de evaluación de incapacidad, pero los peritos hacen caso omiso” y, a veces, se utilizan porcentajes diferentes a los establecidos, lo que genera inestabilidad en el sistema. Frente a este diagnóstico, la directiva considera que “la salida está principalmente en la justicia. Disponemos de una ley, de un texto normativo, y lo que queda pendiente es que se unifiquen los criterios. A mayor disparidad de criterios, más generación de litigiosidad. Si el criterio fuera único, no haría falta ir a un juicio para saber cuál es la prestación. Creemos que la respuesta está en manos del Poder Judicial. Nuestra visión es que la salida de esto pasa exclusivamente por la unificación de los criterios jurisprudenciales y la existencia de normas que regulen la actividad pericial. En la medida que esto se resuelva, el problema debería ir acotándose”. Bettiol no cree que deban introducirse nuevas modificaciones al marco regulatorio a fin de resolver este tema: “Lo que puedo ver desde la experiencia es que se han hecho propuestas para mejorar aspectos, pero ninguna de estas cuestiones dio en la tecla, lo que genera que el sistema esté expuesto a nuevos juicios.” Y tampoco espera que los cambios políticos en el país tengan una consecuencia directa sobre esta situación: “Esto no pasa por nuevas reglas ni por la política, sino por una cuestión de cómo interpreta la justicia diferentes normas que regulan el sistema”, enfatizó. Una “situación paradojal” De acuerdo a la información suministrada por la UART, entre enero de 2002 y marzo de 2016 se iniciaron más de 586.000 demandas judiciales por accidentes laborales, con un incremento sostenido año a año. En los últimos cuatro años, la suba interanual fue del 11% en 2012, del 22% en 2013, del 13% en 2014 y del 20% en 2015. La entidad describe la situación actual como paradojal: “Mientras los accidentes disminuyen sistemáticamente (68% los fallecidos, por ejemplo) y además se cubren cada vez más enfermedades y se pagan montos indemnizatorios más altos, la amenaza judicial contra las aseguradoras crece sin cesar”. Según datos de la cámara, la industria y la construcción son los sectores con índices más altos de juicios ingresados. En el primer caso, en 2015 se presentaron 216 casos por cada 10.000 trabajadores cubiertos y se llegaría este año a 236 cada 10.000 trabajadores, según las proyecciones. En la construcción, el año pasado hubo 213 demandas cada 10.000 trabajadores y para el 2016 se esperan 233 cada 10.000 trabajadores. Si se contempla el total de las actividades, el promedio viene creciendo año tras año en la última década: mientras en 2007 se registraron 24 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos, en 2009 la cantidad ascendió a 57; en 2011, a 75; en 2013, a 96 y; en 2015, a 120. Para 2016 se espera que crezca casi un 11% interanual hasta 133 juicios por cada 10.000 trabajadores. La institución aclara que la información suministrada en el estudio “proviene de la suma de las demandas ingresadas en 16 compañías, que representan el 97% del mercado en términos de trabajadores cubiertos” y que el número de juicios citados no incluye los que se tramitan ante jueces federales con competencia en las provincias o el Fuero de la Seguridad Social ni las mediaciones o conciliaciones obligatorias previas a las demandas. CABA encabeza el ranking La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registra el 44% del total de las demandas iniciadas en todo el país. Además, la cantidad de casos crece un 25% año contra año frente al 16% de promedio en Argentina. La provincia de Buenos Aires se ubica en segundo lugar y concentra el 16%, seguida de Santa Fe (14%), Córdoba (11%) y Mendoza (7%). A pesar de ser el distrito con mayor cantidad juicios iniciados, CABA se ubica en el cuarto lugar cuando se analiza esa cifra en relación al total de trabajadores cubiertos. Tiene 167 demandas por cada 10.000 trabajadores, debajo de Santa Fe (279), Mendoza (246) y Córdoba (214). Buenos Aires se ubica quinto, con 96 juicios por cada 10.000 trabajadores, aunque con un incremento interanual muy por encima de la media (30%). En 2016, se esperan 53.851 juicios en CABA, 21.307 en Buenos Aires, 16.332 en Santa Fe y 12.233 en Córdoba. CABA también lidera las estadísticas en juicios iniciados por siniestros registrados. Se estima que en 2015 se realizaron 38 juicios por cada 100 casos acontecidos en el distrito. Más atrás, en Santa Fe comenzaron 30 demandas por cada 100 siniestros y en Mendoza, 28.