En el primer trimestre de 2025 se notificaron 25.472 nuevos juicios laborales, mientras que para marzo se acumularon 301.735 juicios sin resolver en el sistema judicial. Según proyecciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), este año terminará con un récord superior a las 132.000 demandas iniciadas, tras las 125.842 que dejó el año pasado.

“La judicialidad exacerbada en la que estamos operando le sale carísima al sistema, al empleo, a las empresas, a la competitividad, la eficiencia, la productividad y a las potenciales inversiones. Afecta en todos estos aspectos”, afirma Mara Bettiol, economista y presidenta de la UART.

Un cálculo estimado por la cámara empresaria indica que el costo de los juicios de este año podría alcanzar los 2,1 billones de pesos. Pero existe una clara divergencia. Por un lado, el aspecto de sentencias totalmente heterogéneas. En casos semejantes, indemnizaciones radicalmente diferentes, lo que claramente no es ley pareja ni equitativa. Y, por otro lado, se suman actualizaciones que no respetan la ley ni fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son imposibles de alcanzar porque no reflejan la realidad de la economía. Por ejemplo: un esguince recuperado, terminó con una sentencia del astronómico monto de 300 millones de pesos.

“El año pasado se superaron los 125.000 juicios iniciados, y más del 80% de los casos judicializados corresponden a lesiones inexistentes, leves o sobredimensionadas, o a enfermedades inculpables que se intentan hacer pasar como laborales. Esta situación no sólo afecta la sostenibilidad financiera de las ART, sino que también genera una enorme incertidumbre jurídica”, advierte Pablo Pisciolari, gerente de Prevención ART.

Todos en el sector coinciden en que la solución no requiere una nueva reforma legislativa, sino que se implemente lo que la ley ya establece: que se creen cuerpos médicos forenses independientes e imparciales que, tras ocho años de sancionada la norma, aún no fueron constituidos.

En el 88% de los casos que presentan una demanda, tanto su respectiva ART como la comisión médica los evaluó como sin incapacidad. Es decir, no indemnizables. Eso dificulta en las empresas la construcción de la prima en un contexto de impredecibilidad.

“Es un nivel de litigiosidad imposible de prever y tarifar. Hay un sinfín de escenarios posibles. A este nivel de litigiosidad, obviamente, la prima actual no resulta suficiente, trabajamos denodadamente para que el problema de raíz se resuelva. La solución está en la ley, no es necesario otra reforma”, considera Bettiol.

El marco legal no se cumple

A mediados de la década pasada el aumento de los juicios motivados por accidentes y enfermedades laborales llevó al sistema de riesgos del trabajo a una situación límite. Frente a esa crisis, el Congreso Nacional sancionó en 2017 la Ley N.º 27.348.

Esa normativa estableció un cambio en el procedimiento ante un desacuerdo entre el trabajador y una ART en relación con la reparación de un siniestro laboral. La primera instancia para resolverlo pasó a ser las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), y queda habilitada la intervención del Poder Judicial sólo si el conflicto subsistiera.

La intención era descomprimir los tribunales y agilizar las resoluciones en sede administrativa. Como resultado, las demandas judiciales experimentaron una caída significativa, pasaron de 15.542 en marzo de 2017 a 9.908 en marzo de 2018, una reducción del 36%.

“Sin embargo, la reforma se aplicó parcialmente y, con el paso del tiempo, su eficacia se diluyó. A pesar de que la siniestralidad laboral demostró una tendencia decreciente, los juicios continuaron en aumento”, recuerda Laura Caullo, investigadora responsable del Área de Empleo y Política Social del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Con una caída de los fallecimientos del 81%, que se traduce en 19.000 vidas salvadas, y una baja de los accidentes del 55%, que equivale a 4,7 millones de accidentes evitados, para la SRT y para las aseguradoras no hay una explicación coherente para la cantidad de demandas en curso.
Desde el lado de la prevención y la cobertura de las compañías del sector, Bettiol destaca que “la atención que se brinda es inmediata e integral, la indemnizaciones, de corresponder, se actualizan automáticamente conforme la evolución del salario y se pagan en tiempo perentorio”.

Los cuerpos médicos forenses en la mira

“El sistema de riesgos del trabajo en la Argentina está en una situación donde ganamos la batalla de la seguridad, porque hay menos accidentes y más prevención, pero estamos perdiendo la guerra de la sustentabilidad por la creciente y desproporcionada judicialidad”, explica Adrián G. Acoroni, jefe del Área Legal ART de La Segunda Seguros.

En lo que va de 2025 la situación se muestra más crítica por la evidente asincronía entre la aparente reactivación del nivel de actividad y el aumento del desempleo. El primer trimestre marca un nivel de empleo prácticamente idéntico al de igual lapso del año pasado.

“La persistente litigiosidad, desalineada de los indicadores de siniestros, no sólo distorsiona el sistema de riesgos del trabajo, sino que, además, desincentiva la creación de empleo formal y refuerza los incentivos a operar en la informalidad”, sostiene la investigadora del IERAL.

Todos en el sector coinciden en que la solución no requiere una nueva reforma legislativa, sino que se implemente lo que la ley ya establece: que se creen cuerpos médicos forenses independientes e imparciales que, tras ocho años de sancionada la norma, aún no fueron constituidos. “El eslabón faltante, y que desencadenó esta andanada litigiosa, es la constitución de los cuerpos médicos forenses. Es la clave para que todo comience a ordenarse”, revela Bettiol.

En la misma línea, Pisciolari expresa: “Para que el sistema sea verdaderamente sostenible, se necesita más que compromiso del sector asegurador. Es imprescindible una acción decidida de los estados provinciales y nacional. Se requieren reformas legales que regulen los honorarios periciales y el uso abusivo del beneficio de litigar sin gastos. Y, sobre todo, una Justicia previsible, que respete la doctrina fijada por la Corte Suprema y el marco legal vigente”.