La Superintendencia de Seguros de la Nación aumentó los límites de las coberturas
Desde el sector privado creen que hacen falta medidas más de fondo y que garanticen una mayor estabilidad al régimen. En los últimos días del año 2018 la Superintendencia de Seguros de la Nación publicó la Resolución 1162 mediante la cual dictaminó la actualización del límite de la Responsabilidad Civil Obligatoria para automotores. La misma […]

16 May, 2019

Desde el sector privado creen que hacen falta medidas más de fondo y que garanticen una mayor estabilidad al régimen.

En los últimos días del año 2018 la Superintendencia de Seguros de la Nación publicó la Resolución 1162 mediante la cual dictaminó la actualización del límite de la Responsabilidad Civil Obligatoria para automotores. La misma entró en vigencia el 1° de abril de este año.

A partir de esa decisión, las personas aseguradas o quienes, con su autorización, conduzcan sus vehículos y generen alguna acción que dañe a terceros serán cubiertas en forma obligatoria por un suma de hasta un millón de pesos cuando el daño causado implique la incapacidad total o la muerte de un tercero.

El nuevo monto significa un incremento del 150% con relación a los valores vigentes hasta entonces y que habían sido actualizados en 2016, luego de los crecientes cuestionamientos generados por el desfasaje entre las coberturas obligatorias y las indemnizaciones establecidas en las sentencias judiciales. La diferencia entre unas y otras, según el esquema vigente, recae en el patrimonio del asegurado y, por ese motivo, muchas veces sobre la propia víctima.

La resolución, además, actualizó el límite para la cobertura de Responsabilidad Civil Voluntaria, llevándolo hasta los 10 millones de pesos desde los 6 millones vigentes.

Para dar cuenta de la envergadura de la problemática, durante 2018 en la Argentina, según datos de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, se registraron 7.248 víctimas fatales en accidentes viales.

Juan Ignacio Perucchi, gerente técnico y normativo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), explicó a NBS Bancos y Seguros: “La decisión se tomó por el contexto macroeconómico inflacionario y devaluador neto. En la situación actual existe el riesgo de que la cobertura se quede corta y la víctima se quede sin poder cobrar”.

De hecho, el funcionario señaló: “Si bien el seguro obligatorio representa apenas el 2% del mercado, la mayoría de los reclamos pasaron los 6 millones de pesos de la cobertura voluntaria, y luego hay que considerar la indexación”.

Consultado sobre si por ese motivo la normativa vigente comenzó a generar inconvenientes en el sistema asegurador, con potencial afectación a víctimas y asegurados, Perucchi señaló: “No veníamos identificando ese tipo de problemas pero sí los preveíamos a futuro. No podíamos mantener, en un contexto inflacionario, la misma suma que en 2016”.

Por el lado del sector privado, Marcelo Lohrmann, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), indicó que la medida fue tomada con naturalidad por parte de las compañías aseguradoras. El dirigente aclaró: “Estuvimos trabajando en común con la SSN para determinar esas modificaciones y estamos trabajando en un nuevo proyecto de ley de Responsabilidad Civil Obligatoria con ellos en lo que a eso se refiere. De hecho, los 10 millones fueron consensuados entre nosotros y el organismo”.

Respecto al diálogo con las empresas, Perucchi señaló: “Algunas aseguradoras pedían elevar el límite de la cobertura de Responsabilidad Civil voluntaria hasta 30 millones de pesos, algo que la entidad descartó porque nuestra responsabilidad tampoco es exagerar, porque los jueces a veces equivocan las medidas. Una decisión de esa naturaleza podría dar lugar a un aumento de los montos de las sentencias”.

“La decisión –resaltó– apunta a prever que si pasara algo, la suma asegurada tenga la capacidad de indemnizar. Eso no significa que los montos de las sentencias se tengan que actualizar a los mismo niveles que los límites”.

Si bien la medida puede tener algún impacto en los precios, se espera que no sea significativo.

Lohrman señaló: “Es lógico que haya una actualización pero no de un 70 u 80% como se actualizó la suma asegurada, que pasó de 6 millones a 10 millones de pesos o de 400.000 a un millón de pesos, porque la prima de RC pega muy poquito en la prima de autos y hay mucha más inestabilidad en frecuencia de daños que en las coberturas de Responsabilidad Civil”.

Por otra parte, el directivo aclaró: “Hay una cantidad muy pequeña de pólizas obligatorias, cerca de 50.000. Son muy pocas las compañías que comercializan esto y las más serias ni lo tiene en su portafolio”.

El funcionario de la entidad reguladora coincidió en que “no habrá impacto significativo sobre el precio porque, en realidad, los siniestros que entran en esta nueva ampliación de la RC son los de puntas, sentencias o juicios más altos. La mayoría de los siniestros ya están entrando en el rango anterior”.

El esquema vigente bajo la mira

Los entrevistados adelantaron que el esquema vigente se encuentra bajo observación, con el objeto de modificarlo.

Según Lohrman: “La propuesta es que haya una sola Responsabilidad Civil, que la obligatoria sea realmente obligatoria para que no haya una cobertura de Responsabilidad Civil de primera y una de segunda”.

El dirigente graficó la situación actual de la siguiente forma: “Hay camiones que andan con la póliza obligatoria de un millón de pesos mientras que hay autos que circulan con una cobertura de 10 millones. No tiene sentido esa diferencia. La protección a la víctima tiene que estar garantizada de forma razonable y no en función de un tema de precios”.

Desde otro ángulo, Carlos Facal, abogado especializado en el mercado de seguros, se mostró muy crítico del sistema vigente: “El tramo obligatorio no sirve para mucho, es apenas una ilusión de que hay una cobertura. Un millón de pesos no cubre nada y mucho menos si es pensando a diez años”.

Sobre la posibilidad de incorporar un sistema de actualización automático de las coberturas, Perucchi señaló: “No tenemos pensadas nuevas actualizaciones ni mecanismos de indexación. Sí tenemos incorporado el criterio de actualizar según el contexto macroeconómico. Es lo que en definitiva hicimos con esta resolución. Veremos el comportamiento de la economía y seguiremos los fallos y las sentencias, así como la evolución de las tasas de interés, para ir actualizándolo”.

Lohrman también descarta la posibilidad de indexación automática: “Porque está prohibido; seguirá siendo con resoluciones de la SSN en acuerdo con las cámaras”.

Sin embargo, según Facal: “Por este camino vamos a insistir en la misma no solución de siempre. No es un problema de suma adecuada. Todas las sumas son inadecuadas. No se pueden establecer porque te rompen el esquema de precios y generan problemas a las compañías, a los asegurados y a las víctimas. Hay que pensar soluciones que salgan del esquema actual”.

Para el abogado, la lógica oficial de la actualización de los montos sobre la misma estructura implica “correr el problema de atrás. El seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio hoy no es una herramienta eficiente para cubrir los eventuales daños a terceros originados en accidentes de tránsito. No está mal actualizarlo pero no está bien. Es insuficiente e inadecuado. En seis meses hay que volver a subirlo”.

El experto agregó que ese tipo de cobertura puede ser eficiente “en los daños materiales pero no así en los daños personales. Es una herramienta muy cuestionable. Básicamente, por el problema de la inflación: un juicio de Responsabilidad Civil por daños personales dura como 10 años. Con esta inflación del 30%, 40% o 50% anual, en diez años, la cifra se deteriora totalmente. Entonces es una constante la de tratar de actualizar este valor. En la convertibilidad eran 3 millones de pesos que eran 3 millones de dólares. Ahora son 10 millones de pesos que no llegan a 250.000 dólares”.

Lohrman también puso el foco en la estructura vigente, más allá de la actualización de los montos: “Hoy en día en una misma póliza tenés la RC obligatoria y la voluntaria con condiciones diferentes, una tiene unas exclusiones y otra, otras. Cuando un juez dicta sentencia no responde específicamente a una y otra sino que a veces confunde las coberturas”.

Para el ejecutivo, el proyecto en el que trabajan implica “que haya una sola cobertura con una cantidad menor de exclusiones, pensando más en el beneficio de la víctima. Incluso se está planteando cubrir la ‘culpa grave’. Va a ser positivo porque la jurisprudencia de la sentencia hay que analizarla e incluirla en el precio”.

Facal propone rescatar un proyecto que fuera presentado al Congreso por el diputado Pablo Tonelli y que apunta a una modificación de concepto en las coberturas de Responsabilidad Civil. Para el especialista, “hay que pensar en otras soluciones que aceleren la puesta a disposición de las indemnizaciones a las víctimas, con otro tipo de seguros más similares a lo que son las coberturas de riesgo de trabajo, donde no se discuten exclusiones”.

El abogado recordó que el proyecto perdió estado parlamentario porque “la SSN le soltó la mano cuando cambió la administración porque al mercado le dio caspa debido a que cambiaba muy fuerte los paradigmas. El esquema actual está inspirado en países como Francia y España que no sufren el flagelo de la inflación. Nosotros tenemos más razones para pensar en otro tipo de soluciones”.

“La clave de la solución es promover un nuevo esquema para que la indemnización pueda resolverse en dos o tres meses o que haya juicios más abreviados por el contenido de lo que se discute”, remarcó.

Para ejemplificar, Facal señaló: “La Ley de ART, al cambiar la lógica del sistema y al ser un esquema donde lo que se privilegia es la conciliación, disminuyó drásticamente la litigiosidad, y las indemnizaciones se cobran en tres o seis meses”. Y la opuso “a los diez años de juicios que tenemos en cualquier indemnización de Daños Personales en accidentes de tránsito. Evidentemente, algo no está funcionando”.

Lohrman añadió que el proyecto que elaboran incluye “el planteo de constituir un fondo de garantía para cubrir algunos tipos de siniestros como muertes e incapacidad total en los casos de dolo y otras particularidades. Ese fondo de garantía no debería ser una injerencia sobre las compañías porque es un tema de seguridad social. Las compañías tienen que pagar siniestros que no están en la cobertura”.

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