Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), vuelven a poner el foco en el aumento de la litigiosidad en el sistema y lo definen como «una amenaza que urge resolver”.
“No hay tiempo para más dilaciones, máxime cuando la solución a este problema está en la Ley N.º 27.348, promulgada en 2017: los cuerpos médicos forenses”, señalan a través de un comunicado.
LA UART apunta que “a pesar de la disminución constante de accidentes y de los fallecimientos en el ámbito laboral, de la menor gravedad de los mismos, de la atención inmediata, oportuna e integral, de la actualización permanente y automática de las indemnizaciones dinerarias y de las reformas normativas en línea con la jurisprudencia, los reclamos judiciales no dejan de crecer”.
“Esto lleva a una paradoja difícil de explicar: menos siniestros y mejores servicios y más beneficios, pero cada vez más juicios. Es poco o nada entendible, también, que el procedimiento para acotar la litigiosidad no se haya implementado aún luego de siete años y medio”, destacan desde la entidad presidida por Mara Bettiol.
Desde 2017, la solución a este problema está en manos de las máximas autoridades del Poder Judicial de cada una de las provincias adheridas a la Ley y de la Corte Suprema de Justicia para CABA, que aún no tiene fuero laboral propio.
Juicios en alza
En lo que va del 2024, las demandas judiciales motivadas por accidentes laborales llegaron a 124.000 casos, un salto de 6% con respecto al mismo período del año pasado.
Según lo previsto en la Ley N.º 27.348/17, es necesario que en cada poder judicial de las provincias adheridas se cree el correspondiente cuerpo médico forense.
Este cuerpo debe estar integrado por profesionales elegidos por concurso, que cobren honorarios por acto médico y no acoplados al monto de la sentencia.
El problema que existe hasta ahora es que los peritos que intervienen en las causas para determinar cuál es el daño sufrido por el trabajador víctima de un accidente laboral cobran un porcentaje de la indemnización que asigna la Justicia, por lo que tienen incentivos a fijar daños más altos de los reales.
Para evitar estos desfasajes, la ley aprobada en 2017 cuya implementación viene demorada, establece que debe utilizarse adecuadamente el baremo de la ley (tabla de medición de incapacidades) para determinar los daños sufridos y el Listado de enfermedades profesionales.
“De esta manera, se cerraría la brecha entre la vía administrativa y la judicial en cuanto a disparidad de criterios y se llegaría a resultados coincidentes, con lo cual carecería de sentido litigar. Ambas instancias medirían los casos con la misma vara”, sostiene la UART.
Por el momento, la única provincia que constituyó el cuerpo médico forense fue Mendoza.
Desde la UART señalan que en el caso mendocino, los primeros resultados fueron alentadores y esperan que las restantes provincias, más CABA, cuenten con estos cuerpos a la mayor brevedad.