Las reformas que planteó el Gobierno están completamente desconectadas de los problemas acuciantes de corto plazo que tiene la Argentina: el déficit fiscal gigantesco, que se está financiando con endeudamiento a gran velocidad; el incremento en la deuda externa; el déficit de cuenta corriente; el atraso cambiario; y la inflación elevada.

En las reformas previsional y laboral hay cuestiones para rescatar, aunque están lejos del ideal. En el caso de la laboral, me parece rescatable que aclare que el concepto indemnizatorio es el salario y me parece correcta la creación del banco de horas extras. Sin embargo, la propuesta no ataca el unicato sindical ni su falta de democracia. La reforma previsional, por su parte, recoge el guante de un sistema previsional quebrado, aunque no baja el gasto.

En cuanto a la reforma fiscal, hay que verla como el conjunto de tres reformas: la anunciada por María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, la impulsada por Nicolás Dujovne y el pacto fiscal. Creo que las tres en conjunto están desconectadas de los temas de fondo y, por el contrario, apuntan a beneficiar a la provincia de Buenos Aires y a fortalecer al Gobierno de cara a las elecciones de 2019. Esto sucede por dos factores: en primer lugar, el pacto fiscal le restituye a Buenos Aires la coparticipación histórica en el impuesto a las ganancias. En segundo término, en la reforma anunciada por Vidal hay un intento de congraciarse con las grandes masas urbanas, ya que baja el impuesto a los ingresos brutos para el comercio y la industria mientras sube un 50% el impuesto inmobiliario rural. Ese tributo ya era confiscatorio luego de la reforma que hizo Daniel Scioli en 2012 y se va a terminar llevando, al menos, el 10% de la producción física bruta de la provincia. Lo que se ve en estas reformas es que la Nación apostó fuerte a la Provincia y ésta, a su vez, apuesta fuerte a los grandes centros urbanos, donde está la mayor cantidad de votos. Esa apuesta se financia con los ingresos de un sector con poco poder de lobby: el campo. La reforma de Dujovne, por su parte, tiene un impacto muy fuerte en la gente de a pie, porque elimina el tope de 82.000 pesos para los aportes personales, que ahora serán sobre el total del salario. Además, la gente también será afectada por los impuestos internos y el tributo sobre la renta financiera. En síntesis, la gente y el campo financian el aporte de fondos a la provincia de Buenos Aires.

El presidente debería explicar la grave situación en la que estamos y decir que si no se puede hacer nada para recortar el gasto público, se seguirá explotando de impuestos al sector privado, que es aquel que está en blanco, que estudia, trabaja e invierte. La historia demuestra que hay que bajar el déficit fiscal y pagar los costos de hacerlo porque, si no se hace, a la larga trae más problemas. El Gobierno parece ir por otro camino, es decir, dejar que crezca la economía para que caiga el gasto en términos del producto.

Un tema muy relacionado con el déficit fiscal es la lucha contra la inflación: si el Gobierno realmente quiere cumplir con las metas de inflación tiene que hacer un ajuste fiscal mucho más fuerte del anunciado. Me parece que las metas de inflación están fracasando de manera rotunda y que si esta política continúa, se van a pagar costos innecesarios porque esta tasa de interés va a afectar a la economía. Si bien no hay dudas de que la economía crece, los datos desestacionalizados ya están mostrando un enfriamiento.

Con las medidas anunciadas hasta ahora, lo más probable es que ocurra un veranito –o incluso un largo verano–. Pero si esto es todo lo que los gobiernos argentinos están dispuestos a hacer, en algún momento de los próximos 10 años vamos a estar discutiendo lo mismo que en 2015: cuánto hay que devaluar y cuánto hay que ajustar.

Argentina debería barajar y dar de nuevo: no va más este Estado de tamaño gigantesco, con déficit, y esta configuración laboral de la época de las cavernas.