La economía argentina llega al fin del mandato del presidente Alberto Fernández en un estado crítico, sobre todo, vista desde los resultados más sensibles, que son la pobreza de 45%, según el ODSA UCA, y la inflación, que se aceleró a un ritmo de más de 250% anualizado en el último semestre, pese a mantenerse un tipo de cambio oficial muy atrasado (similar al nivel de fines de 2001 en términos reales), y haberse congelado tarifas y distorsionado la mayoría de los precios de la economía para contener la inflación. La actividad, por su parte, está en caída desde mediados de 2022 y, en términos per cápita, a fines de 2023 habrá bajado más de 11% con respecto al nivel de 2011.
Estos resultados marcan el final de ciclo de un esquema de política económica que plantea que el Estado, mediante una presencia cada vez más grande en la economía, es el factor dinamizador. Entre 2004 y 2015, y nuevamente desde 2020, el gasto público consolidado trepó de un promedio de 22% del PBI a 40% y, para financiarlo, se elevó la carga tributaria con mayores alícuotas y nuevos impuestos, la mayoría de ellos sumamente distorsivos y que afectan negativamente la competitividad de la economía.
Pese a esto, desde 2010 el Gobierno nacional retomó el déficit fiscal, y buena parte del mismo se financió con emisión monetaria, algo que fue notorio en los últimos cuatro años, cuando se acumuló emisión por 20% del PBI. Parte de la misma fue absorbida por el BCRA mediante el incremento de los pasivos remunerados, proceso que con la aceleración de la inflación y la consecuente suba de tasas se espiralizó. El déficit cuasifiscal llegó, así, a casi 10% del PBI a fines de 2023, y sigue con tendencia al alza.
El desequilibrio monetario, que explica la inflación, derivó en crecientes distorsiones, que fueron las herramientas que el Gobierno utilizó para morigerar esta dinámica. Programas de precios máximos, controles, y “precios justos”, así como trabas para acceder a las divisas, impuestos crecientes para los consumos en el exterior y tipo de cambio oficial atrasado, entre otros que se fueron multiplicando, dejaron al BCRA en una situación crítica, que se resume, entre otras cosas, en reservas netas negativas por alrededor de 10.000 millones de dólares.
Al asumir, el nuevo Gobierno tiene enormes desafíos. Lo novedoso con respecto a otras crisis graves en la historia argentina reciente es que el presidente electo ganó con un discurso que apuntó directamente a cambiar los incentivos, a avanzar con una reforma del estado, con la apertura de la economía y una fuerte desregulación.
En este contexto, planteó la eliminación del déficit fiscal, atender con urgencia el déficit del Banco Central pero, conociendo la experiencia del Plan Bonex 89, habla de soluciones de mercado y de respeto a todos los compromisos. El gran interrogante es el poder político con que contará para implementar los cambios. Cuenta con el aval de una mayoría significativa de la población, pero no con los legisladores suficientes. Este es el primer y principal escollo que deberá sortear y que condicionará todo lo que siga después.
Aunque logre apoyo para el paquete de medidas inicial, la transición será sumamente desafiante, ya que, en el proceso de corrección de precios relativos y, especialmente en la corrección cambiaria, debe minimizar el impacto inflacionario, que de partida será muy elevado en los primeros meses.
En el corto plazo, esto va a depender de la confianza que vaya generando y de algo difícil de cuantificar: cuántos precios de la economía ya están alineados a los tipos de cambio financieros. Pero cualquier expectativa positiva que pueda generarse sólo se podrá sostener en el tiempo en función del ajuste fiscal que se pueda hacer, ya que ahí está la verdadera solución a la inflación.
