Desde el sector aseguran que el actual gobierno promueve el segmento y que hay mucho margen para crecer. Destacan las iniciativas que se vienen llevando adelante y se entusiasman con el futuro.
Los especialistas de instituciones de microfinanzas reconocen que la Argentina está subdesarrollada con relación a los países de la región, pero coinciden en que se vienen generando las condiciones para dar un nuevo salto y muestran un gran entusiasmo de cara al futuro.
Si bien los sistemas boliviano y peruano son los más desarrollados, las condiciones para el fondeo que existen en el país obligan, en general, a aspirar a un modelo del tipo chileno, con alta participación del sistema financiero tradicional y, en particular, de la banca pública.
Una de las instituciones de mayor trayectoria en nuestro país es Pro Mujer, presente desde 2005 y con una fuerte raigambre en la región de Salta y Jujuy. Su gerente general, Denise Ferreyra, destacó que “se vislumbra un cambio de etapa en esta actividad, caracterizado por el impulso que se le da desde el gobierno nacional y los locales a través de programas de apoyo, formación, actividades y celebraciones. Todo eso despierta interés y hace que se acerquen señoras a preguntar lo que ofrecemos”.
Según la ejecutiva, “estuvimos bastante tiempo frenados por falta de fondeo, que es clave para los microcréditos. Muchas organizaciones como la nuestra comienzan con donaciones pero no se sostienen a lo largo del tiempo”.
“Actualmente estamos atendiendo a más de 10 mil emprendedoras, con una cartera activa de 80 millones de pesos. Esto no viene de donaciones sino de financiadores. El límite de la demanda no la conocemos. Hay mucho interés por el microcrédito y el emprendedurismo. Este año pensamos cerrar en 110 millones de pesos. Son créditos de un plazo promedio de 4 meses y bajo monto. El dinero rota tres veces en un año”.
María Silvia Abalo, directora ejecutiva de la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (RADIM), coincidió en que nos encontramos en una nueva etapa en el desarrollo de las microfinanzas en el país: “Hubo un período inicial previo al 2000, donde estaba el Banco de la Mujer y algunas iniciativas privadas, pero después, con la crisis, quedó claro que había muchas personas debajo de la línea de pobreza y aparecieron fondos de acá y de afuera. Pero no pasó como en Bolivia, donde hubo mucho capital semilla. Argentina nunca fue percibida como un país tan pobre como para recibir tanta ayuda. Nuestras instituciones nacieron para resolver la coyuntura pero sin grandes patrimonios. Con la excepción de la banca pública, las instituciones tienen muy poco capital. Luego, cuando vino el default, entre 2002 y 2016, dejaron de entrar fondos de afuera. Hay mucha banca ética en el mundo que no busca optimizar el rendimiento del patrimonio sino, sin perderlo y teniendo una renta conservadora, dedicar sus fondos a un fin que juzgan ético. Durante el default esta gente no nos pudo apoyar”.
“Además, la banca Argentina tenía la limitación de que no podía prestarle a instituciones que a su vez prestaran. Eso se fue levantando y hoy el BCRA nos tiene muy en cuenta y trata de que nos presten”, agregó.
La experta agregó que, de cara a esta nueva etapa, “estamos trabajando con el Banco Nación para que haya una línea de segundo piso para fondeo de las operaciones y hemos retomado contacto con los fondeadores éticos. Por otra parte, estamos trayendo acuerdos e instrumentos interesantes, como el SPI4, que es una auditoría social que va a permitir establecer cuán comprometida está una institución de microfinanzas con el objetivo social y cuán profesionalmente lo lleva adelante en términos de servir mejor a los clientes con productos y servicios”.
En concordancia con sus colegas, Patricia García De Luca, subgerente general de Canales del Banco Ciudad y presidente de Ciudad Microempresas, una iniciativa en común del banco con la Corporación Buenos Aires Sur, enfatizó que en la actualidad “se está trabajando con el horizonte de bajar las barreras de acceso al crédito y mejorar la bancarización. Se han creado mesas de trabajo entre todos los involucrados y el BCRA está favoreciendo mucho con la normativa”.
Distintas modalidades de microcréditos
En este nuevo contexto, las entidades que se dedican a la actividad vienen desplegando distintas modalidades para apoyar a los microemprendedores.
García De Luca explicó que “nosotros hacemos un modelo de negocios de microcréditos con personal especializado en evaluación crediticia en campo de microemprendedores que tienen o toda o parte de su economía en la informalidad. El análisis apunta al giro del negocio más que a la posición impositiva. La empresa hace la evaluación y el banco es quien otorga el crédito. El único que adopta el mismo modelo es el Banco Provincia. Este año adquirimos la empresa Cordial Microfinanzas, del Banco Supervielle. A diferencia nuestra, no era una empresa meramente comercializadora sino que era una empresa financiera con fondeo. Evaluaban, colocaban y cobraban. El problema de ese modelo es que les resulta difícil escalar porque no captan fondeo. El modelo nuestro permite escalar tanto como el banco decida. Hoy no tenemos cupo”.
García De Luca añadió que “nosotros tenemos un modelo que, además de brindar el microcrédito, apunta a la inclusión financiera. Nuestra modalidad es de asistencia financiera, bancarización y educación financiera. Es mucho más laboriosa que las IMF (instituciones microfinancieras) que se manejan con efectivo. La bancarización corre por cuenta del ejecutivo de crédito y la educación en bancarización pasa por el banco. El ejecutivo evalúa al cliente y determina si es sujeto de crédito o no y cuánto dinero se le puede dar y en qué plazo. Luego hacemos un link del cliente con la red de servicios no financieros que tienen disponible el banco, asociaciones intermedias y el Instituto Pyme. La gente no conoce esos servicios”.
Ferreyra indicó, por su parte, que “nuestro caballito de batalla es un producto básico de inicio que es la banca comunal. Trabajamos en el escalón más bajo de la pirámide, con personas que no tienen acceso a créditos bancarios y, muchas veces, tampoco a financieras porque no tienen avales. Es una metodología con garantía solidaria. Se respaldan mutuamente en caso de falta de pago”.
“Ofrecemos mecanismos para salir de la situación de pobreza. Trabajamos sobre el segmento excluido del mercado laboral y del sistema educativo, con dificultades para acceder a un puesto de trabajo fijo. Tenemos mecanismos de capacitación para el armado del negocio y, en general, no exigimos que empiecen con un proyecto armado. Empezamos con préstamos de 4 mil pesos, lo que implica un riesgo bajo para ellas y para nosotros. Es un programa de inversión progresiva. A medida que van armando el negocio van desarrollando las habilidades que necesitan. Es un endeudamiento controlado”, puntualizó la directiva.
Sobe el mercado en general, Abalo detalló que “tenemos alrededor de 100 millones de dólares colocados entre las 20 organizaciones que componen RADIM, para unos 80 mil beneficiarios. Nuestros miembros son desde grandes organizaciones, como Provincia Microempresas, hasta pequeñas, como Mujeres 2000, que son voluntarios universitarios. En el medio están Techo o Pro Mujer. Creemos que hay 3,5 millones de microempresarios. Hay mucho para crecer porque la mayoría se abastece con tarjetas de crédito y créditos al consumo. Cuando no estamos interviene el prestamista del pago diario, que les cobra todos los días, con intereses de hasta el 1500% anual”.
La especialista destacó que “la banca solidaria genera vínculos que pueden llegar a ser de por vida. Cuando miramos instituciones como las fintech nos corre frío por el cuerpo porque nunca les van a dar a las personas la dignidad de un contrato firmado mano a mano o la solidaridad de los otros, que están cuando a alguien le pasa algo, o la cobertura de salud o de muerte. Eso no existe”.
Un sector poco desarrollado en nuestro país
Los entrevistados coincidieron en que el sector de microfinanzas de nuestro país se encuentra subdesarrollado en relación a lo que sucede en otras economías de la región.
Abalo señaló que “a nivel regional nuestra posición es mínima. No somos ni un cuarto de una institución boliviana. Bolivia y Perú son la Meca, tienen instituciones consolidadas, con 400 mil clientes. Brasil no es tan bueno y Chile armó una red interesante y estandarizada. Vamos a presentar el 29 de agosto, en las jornadas que organizamos todos los años, ese modelo, que es similar al de Ecuador y México”.
De Luca coincidió en que el sector está totalmente subdesarrollado en la Argentina con relación a la región: “Hay dos modelos: el upscaling, que empieza con instituciones de microcréditos de tipo comunitarias, a nivel territorial, y con créditos grupales, que son los de Perú y Bolivia. Después está el modelo de downscaling, que es el chileno, en el que los bancos bajan, aprenden y se dedican a dar microcréditos. Nuestro caso sigue más este modelo, pero la diferencia con Chile en los niveles de bancarización de la población es altísima y lo mismo en el volumen de créditos sobre el PBI. Estamos subdesarrollados con relación a los dos modelos”.
Ferreyra explicó que esto se debe, entre otras cosas, a que “Argentina, a diferencia de los otros países, no tiene regulación. Eso impide el desarrollo de la oferta de servicios. Por ejemplo, no tenemos seguros para el pequeño productor rural. En Bolivia eso sí está muy desarrollado. Cualquier institución que hace microfinanzas tiene que rendir cuentas muy exhaustivas”.
De todos modos, las entrevistadas son optimistas frente a esta nueva etapa en la que ven que se encuentra la actividad.
Para Ferreyra, “el Gobierno fomenta mucho el emprendedurismo. Nosotros impulsamos las incubadoras para escalar de micro a pyme. Queremos contribuir al surgimiento de un empresariado nuevo. El microempresario es como un bonsái porque no tiene tierra ni raíces, pero es un empresario. El tema es cómo generar las condiciones para que prospere a pyme y luego a empresa. El Gobierno aporta un marco jurídico más favorable, sancionando la Ley de Capital Emprendedor que fomenta los fondos para el sector. El año pasado hubo una Ley Pyme con ventajas especiales. Hay un proyecto de ley que crea las sociedades de interés y beneficio colectivo, que tiene que ver con el compromiso con las organizaciones que, buscando una rentabilidad financiera, tienen un compromiso con el cuidado ambiental y el impacto social”.
Abalo coincidió en que “el sector va a crecer. Preferiría que sea un crecimiento equilibrado entre lo privado y lo público porque significaría que todas las instituciones tienen acceso al financiamiento. El sector público está viendo que la banca pública no sólo tiene que generar utilidades sino también tener un compromiso con la sociedad. Esa es la mirada de los directivos del Banco Ciudad y del Banco Provincia, que hace rato que están en esto y lo hacen muy profesionalmente”.
Con todo, según Ferreyra, el problema es que “se van generando leyes pero no se está dando todo en simultáneo sino gradualmente. Por ejemplo, el BCRA ha modificado los límites del microcrédito, que pasó de 13 salarios mínimos a 50. Es importante porque lo que ocurría es que el microemprendedor crecía a un cierto nivel y después la evaluación crediticia no le daba. Quedaba una brecha sin lugar donde financiarse. Pero el gran tema es que el costo de financiamiento es muy alto y nos obliga a nosotros a ofrecer costos muy elevados”.