Tal como esperábamos, estamos cerrando un año complicado porque los desequilibrios macroeconómicos que se acumularon en 2020 y 2021 terminaron explotando por dos vías.

La primera y la más sensible fue la aceleración de la inflación que, desde marzo, tomó una dinámica diferente a la ya compleja que tenía. La segunda es el límite al esquema del incremento del gasto público y del déficit fiscal combinado con el cepo en el contexto de endeudamiento del Gobierno.

La inviabilidad de este esquema que exige no emitir tanto por la inflación pero que, al mismo tiempo, tiene que ir al mercado de deuda explotó a mitad de año. Ligado a eso, está la necesidad de corregir el déficit fiscal ya no solo por el acuerdo con el FMI ni por los bonistas, sino porque no hay margen en la economía.

Lo que hay de fondo es la falta de acuerdo en el propio Gobierno sobre cómo encarar el programa económico. Hay una política de resolver las emergencias con parches y no encarar los problemas de fondo.

El Gobierno, en el marco de esta crisis, está intentando de alguna manera reducir el déficit fiscal. Empezó con un ajuste de tarifas pero lo está haciendo para cumplir y no para resolver los desequilibrios. Lo que hay de fondo es la falta de acuerdo en el propio Gobierno sobre cómo encarar el programa económico. Hay una política de resolver las emergencias con parches y no encarar los problemas de fondo.

Por eso vamos a terminar el año con una inflación que rozará el 100% contenida por un montón de programas de control de precios y, si bien la economía va a crecer, será por arrastre estadístico de lo que dejó el año pasado y con sectores que ya están agotando ese crecimiento.

La expectativa para el año que viene es complicada en materia de crecimiento e inflación. El Gobierno está tratando de que no se agudice el atraso cambiario en el oficial. Desde que asumió Alberto Fernández el tipo de cambio multilateral se redujo un 30% desde un nivel que era bastante cómodo. Estamos apenas un 5% por encima del 2001, es un tipo de cambio demasiado bajo que obviamente se atrasó en los últimos meses por la apreciación del dólar en el mundo.

La inflación que no se desacelera y atrasa sistemáticamente el tipo de cambio genera una presión complicada sobre las exportaciones, con la excepción del agro que se acomodó con el dólar soja. El resto está complicado y las exportaciones son nuestra principal fuente de divisas.

En paralelo existe una presión importadora muy grande contenida por las restricciones que el Gobierno ha ido implementando y que generan una distorsión que afecta la posibilidad de crecer. Hay riesgo de entrar en recesión. Esa es la variable del ajuste.

Ya no tienen margen para un plan económico porque necesitan credibilidad y horizonte. A lo que pueden aspirar es a evitar que esto se agrave con una nueva explosión del dólar financiero y una mayor presión devaluatoria sobre el oficial con disparada de inflación y corrida. Esto va a desembocar en una economía que no va a crecer o, a lo sumo, un crecerá 1%, dependiendo de la cosecha de soja y maíz.

Fiscalmente, si la inflación baja mucho complica el escenario porque van a estar pagando jubilaciones y salarios con inflación pasada, que representa el 60% del gasto. Lo mismo con las transferencias a provincias que van a intentar moderar. Hay dos demandas, la del gasto y la de la inflación que son muy difíciles sino imposibles de controlar juntas. Si la economía no crece y hay alta inflación es muy difícil que los salarios se puedan recuperar.

La deuda en pesos es un tema muy delicado aunque están ofreciendo una zanahoria interesante que asegura que no vas a perder porque ajustan por inflación o devaluación, lo que sea más alto. Es el gran talón de Aquiles y por eso no pueden tener mucho déficit fiscal.